El despliegue de los centros de atención a menores víctimas de violencias sexuales Barnahus en 13 ciudades catalanas multiplicó por 2,5 en 2024 la tasa de casos detectados por cada 10.000 niños y adolescentes respecto al año anterior. Así, partiendo de los 2,8 casos de 2018, cuando todavía no existía ninguna Barnahus, se pasó a 3,7 en 2020 con la primera Barnahus en Tarragona, a 6,6 en 2023, y en 2024 aumentaron hasta 16,5, ya con 13 centros en funcionamiento. Ese año se detectaron 2.897 casos, de los cuales el 78% eran niñas y el 53,1% ocurrieron dentro del ámbito familiar.
La primera Barnahus, en fase piloto, se abrió en Tarragona en 2020. Entre febrero y octubre de 2024 se abrieron 13 centros en 12 ciudades más: Barcelona (con dos servicios), Girona, Granollers, Mataró, Terrassa, Badalona, Vilanova i la Geltrú, Manresa, la Seu d’Urgell, Lleida, Tortosa y el último en el Prat de Llobregat. Por ello, el balance completo no podrá realizarse hasta el próximo año, cuando todos los centros lleven un año entero en funcionamiento. Estos espacios, con un aspecto acogedor similar al de un hogar, reúnen en un solo lugar la atención psicológica, la terapia con perros, la posible declaración judicial grabada del menor y otros servicios.
La ciudad con más casos detectados fue Barcelona, con 438, seguida de Girona, Terrassa, Tarragona y Lleida, con aproximadamente 300 casos cada una. La Seu d’Urgell atendió 64 casos.
Perfil de las víctimas
En cuanto al perfil de los menores atendidos, el 78% eran niñas. Las edades con más de 200 casos fueron los 5, 6, 8, 12, 13, 14 y 15 años. De hecho, entre los 12 y los 15 años se concentra el 34% de los casos, y entre los 5 y los 8, un 30%. Una parte importante de los agresores también son adolescentes, aunque no hay datos exactos.
El 53% de los agresores pertenecían al entorno familiar de la víctima, lo que dificulta la detección y la denuncia. No obstante, la Conselleria de Drets Socials considera que las Barnahus pueden facilitar este proceso. Alrededor del 45% de los casos atendidos (unos 1.300) ya estaban judicializados, mientras que aproximadamente 1.600 aún no lo estaban.
Las principales vías de acceso a las Barnahus fueron los servicios sanitarios, con 928 casos; la DGAIA, con 500; el ámbito educativo, con 411; los servicios y entidades sociales, con 308; la policía, con 249; los juzgados, con 162, y otras vías con 340.
Balance y retos
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, la secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud, Teresa Llorens, y la directora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia, Isabel Carrasco, han valorado muy positivamente el funcionamiento de estos nuevos centros y han asegurado que el hecho de que todos los servicios de la administración se coordinen en un único punto facilitará la atención a las víctimas y contribuirá a aumentar la detección de casos.
En la primera semana tras la llegada de un caso a una Barnahus, se reúnen todos los profesionales implicados para adaptar la atención, el tratamiento y el seguimiento según la situación personal de cada víctima. Por ejemplo, si el menor vive lejos del centro y ya recibe atención de un profesional cercano a su domicilio, se deriva el seguimiento psicológico a este profesional.
Muchos casos llegan sin una denuncia previa en los juzgados, y en estos espacios se empodera a las víctimas y sus familias para que den el paso, aunque no es un requisito imprescindible. Se reconoce que los abusos y agresiones dentro del ámbito familiar son los más difíciles de detectar, denunciar y tratar. No obstante, la DGAIA está obligada a comunicar el caso a la fiscalía si existen suficientes indicios de delito.
Martínez Bravo ha destacado que Cataluña es pionera en el sur de Europa con este modelo y que próximamente podría extenderse a otras regiones del Estado. En total, hay más de 100 profesionales contratados para atender a los menores, y todos los centros cuentan con el proyecto Huscan de terapia asistida con perros.
El próximo reto es realizar una evaluación externa del modelo entre 2025 y 2027 para decidir si es necesario introducir cambios, abrir nuevos centros o integrar los ya existentes en la estructura de la Generalitat, como el de Tarragona, o bien subcontratarlos a entidades sociales. Además, se trabaja en la construcción de espacios definitivos en seis territorios: Tortosa, Terrassa, Mataró, la Seu d’Urgell, Lleida y Manresa.
La consellera ha remarcado que facilitar la denuncia, incluso si no es a nivel policial o judicial, y el acompañamiento a las víctimas permite detectar más casos y evitar la impunidad. También se reduce la revictimización, ya que el menor no tiene que relatar la agresión sexual repetidamente ante diferentes personas.
