Entre dos y tres desahucios al día. Eso vivió la demarcación de Tarragona durante el pasado año a pesar de la moratoria dictaminada por el Gobierno de España hasta el próximo 30 de junio. En total, fueron mil lanzamientos en todo el 2022, 53 menos que en 2021.
Los datos cayeron especialmente durante el año 2020 a causa de la suspensión de la actividad judicial. Entonces, se produjeron 723 desalojos, la mitad de los 1.440 de 2019. Desde el año 2013 hasta el 2018, las cifras ofrecidas por el Consejo General del Poder Judicial especifican que el total de lanzamientos fluctuó entre los 1.500 y los 2.000 –son entre 28 y 38 desahucios a la semana y unos cuatro o cinco al día–. Para la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Reus, Sandra Casanova, «existe la sensación de que la situación irá a peor porque no se cumple con la Ley 1/2022».
Dicha legislación corresponde al ámbito catalán y establece el derecho del inquilino a la renovación de un nuevo contrato de alquiler social al término del plazo fijado si se siguen cumpliendo los requisitos de exclusión residencial. «Hay muchos fondos que no los están renovando», revela Casanova. «La Generalitat debería ser más contundente y empezar a multar», añade.
El próximo 30 de junio se acaba la moratoria antidesahucios del ‘escudo social’
De los desalojos practicados en 2022 en la demarcación, 685 fueron como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), 237 como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria y 78 por otros motivos diversos. En el año 2021, también 685 fueron producto de la LAU, 297 fueron por ejecuciones hipotecarias y 71 por otros motivos. En los momentos en los que más desahucios se han ejecutado desde que se tienen datos, entre 2013 y 2015, los lanzamientos por impago de alquiler rondaban los mil, mientras que los que se producían por hipotecas estaban alrededor de los 900.
No obstante, hay que tener en cuenta que las ejecuciones hipotecarias que se practican no son todas las que se presentan. En 2022, se dictaminaron en la demarcación 830 lanzamientos, por los 1.034 de 2021, los 769 de 2020 y los 675 de 2019. Los impagos de hipoteca presentados experimentaron un descenso en 2017, cuando pasaron de 2.230 a 756. Desde entonces, el dato ha ido variando entre los 700 y los 1.000.
Tal como explica Casanova, hay muchos desahucios que se suspenden por un corto período de tiempo. Normalmente, las familias acuden a pedir ayuda. En los servicios sociales, se les demanda una documentación determinada para poder estudiar la situación. A partir de ahí, se tramita el certificado de vulnerabilidad, un documento que se entrega al juzgado una vez hay fecha de expulsión. Entonces, hay lanzamientos que se paran en el juzgado o en la misma puerta. «Hay jueces que, aun teniendo los documentos, ejecutan los casos igualmente», confirma Casanova.
En los primeros meses de 2023, la huelga de letrados ha alargado los procesos. Lo explica María Granja, abogada del despacho FG Advocades: «Cada procedimiento es un mundo, pero, por norma general, están siendo muy lentos; todos los operadores jurídicos ponen de su parte, pero nos faltan instrumentos».
Las asociaciones contra los lanzamientos insisten en proteger a pequeños propietarios
Moratorias, ¿la solución?
El ‘escudo social’ ha servido para que los niveles de desahucios no vuelvan a los de antes de la pandemia. Sin embargo, las diferentes moratorias no han acabado con los desalojos a familias en situación de vulnerabilidad. En palabras de Casanova, «la situación económica está cada vez peor, las familias son más pobres».
Actualmente, en España hay dos moratorias vigentes por lo que a desahucios respecta. En primer lugar, el Gobierno prorrogó hasta el 30 de junio de 2023 la suspensión de los lanzamientos por impago de alquiler de hogares vulnerables económica y socialmente, ya sean propiedad de pequeños o grandes tenedores, quienes reciben una compensación. Ahora bien, ¿qué significa ser vulnerable económica y socialmente?
El primer requisito es, según la administración, «haber pasado a estar en una situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos o una caída en la facturación de al menos el 40%». El segundo es que el conjunto de ingresos de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de la moratoria no supere unos umbrales determinados por el propio Gobierno. «Si se acredita que el arrendador es más vulnerable que el arrendatario, se anula la suspensión, aunque no es la norma», expresa Francisco Javier Boabén, abogado especialista en estos procedimientos.
También existe un procedimiento a través del cual se incluyen hogares que estén afectados por procesos de lanzamiento no derivados de un contrato de alquiler, en caso de que sean propiedad de un gran tenedor y existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o personas con menores de edad a cargo. Además, las familias deben estar en situación de vulnerabilidad. En estos supuestos y con algunas excepciones, un juez o jueza tiene el poder de suspender el lanzamiento. Según la ley catalana, los grandes tenedores, en algunos casos, tienen la obligación de ofrecer un alquiler social como alternativa, pero algunos prefieren hacer frente al pago de la multa. «Es una norma administrativa; algunos juzgados no se sienten vinculados y expulsan igualmente a la familia», confirman desde el Sindicat d’Habitatge de Tarragona. «Lo de pequeño tenedor al final es relativo, no es lo mismo alguien que tenga dos viviendas que alguien que tenga nueve», añaden.
El próximo 30 de junio se acaba la moratoria antidesahucios del ‘escudo social’
«Hay pequeños propietarios que dependen de cobrar el alquiler para poder pagar su casa, a ellos se les debe proteger», remarca Casanova. «Nos encontramos con casos de gente mayor que necesita recibir ese alquiler para poder vivir y no está pudiendo acelerar el proceso por la lentitud del sistema», confirma Granja.
Esta medida no contempla los desahucios por impago de hipoteca. No obstante, la otra moratoria que seguirá vigente hasta mayo de 2024 sí que regula las ejecuciones hipotecarias a familias vulnerables afectadas por la subida del euríbor. Los requisitos para acogerse a esta disposición son que los titulares de una hipoteca estén en posición de desempleo, residan con algún miembro con discapacidad, sean personas en situación de dependencia, mayores de 60 años o sean familias monoparentales con un solo hijo.
Alquileres sociales
«No hay parque de vivienda y, por lo tanto, todas las familias que se quedan sin techo se ven obligadas a vivir en una habitación de hotel o de una pensión cuando hay miles de pisos vacíos», indica Casanova. Una posible medida que se puede incluir en la futura Ley de Vivienda y que, de hecho, está vigente en la ciudad de Barcelona, es la obligatoriedad de destinar el 30% de las nuevas promociones a viviendas de protección oficial. No obstante, no es una norma que dé garantías y es posible que solo se pueda incluir a cambio de una compensación para los promotores, como un aumento de la edificabilidad. «No se quiere atacar a los fondos buitre porque controlan muchos ámbitos en este país», denuncia Casanova. La imposibilidad de encontrar alquiler social es lo que provoca que muchas familias opten por ocupar un piso. También es una causa que deriva en los problemas que hay para reubicar a las personas que ocupan.
«Con una buena regulación, todo sería mucho más equitativo», comenta Boabén. «Si hubiera un parque de vivienda estatal, las familias no se verían obligadas a ocupar», añade. Además, el abogado también argumenta que el Estado suspende los desahucios para que la población necesitada no se eche encima de los poderes públicos: «A través de los propietarios, la administración descarga su obligación de ofrecer una vivienda digna, ya que, para hacerlo, hay que tomar decisiones».
Para el Sindicat, «la vivienda se está mercantilizando, fruto de la lógica capitalista de expandir y expandir, esa es la raíz del problema y el Estado quiere prolongar la dinámica; no es cuestión de que haya más pisos, que también, sino de un cambio en la forma de afrontar el problema».
Lamentablemente, las medidas adoptadas por la administración no han reducido el número de desahucios que se ejecutan en la demarcación. Los sindicatos lo achacan a que no se respetan las leyes y a que no se puede ofrecer una alternativa a las familias. La cuestión ahora es qué ocurrirá una vez finalice la moratoria.