Pese a la suspensión de los desahucios a raíz de la crisis de la Covid-19, que hay que recordar que solo afecta a personas vulnerables y en viviendas de grandes tenedores, en la provincia de Tarragona se producen una media de tres lanzamientos al día. Un ritmo registrado durante todo el 2021 y que se ha repetido en este primer trimestre de 2022 (257 desalojos). Para hacerse la idea del escenario actual, cabe destacar que en los años previos a la pandemia había entre cuatro y cinco desahucios al día, un ritmo que cayó en picado durante el 2020, principalmente a causa de la suspensión de la actividad judicial durante unos meses. Cuando esta se reprendió, las medidas del Escudo Social aprobado por el Gobierno de España, que ha evitado que muchos desalojos se hayan llevado a cabo, hicieron que las cifras no aumentaran hasta los niveles previos a la emergencia sanitaria. Así, el año pasado se llegó a los 1.053, y a una cifra parecida se llegará este año si se mantiene cada trimestre la tendencia actual.
Por otro lado, las ejecuciones hipotecarias han caído un 40% respecto al primer trimestre de 2021, siendo la cifra más baja desde el confinamiento por la pandemia. Ha habido 197. Aunque los datos de embargos de vivienda no contemplan los impagos de los contratos de alquiler, no deja de ser un indicador de la morosidad. Además, aunque no todas las ejecuciones acaban en desalojo, es un síntoma. A pesar de la caída de este tipo de procedimientos en este inicio de 2022, durante el año pasado se registraron un total de 1034, la cifra más alta de los últimos cinco años.
Con todo, el Consejo de Ministros aprobó el sábado ampliar la moratoria de la suspensión de desahucios hasta el 31 de diciembre. Sobre esto, Paco Morote, portavoz nacional de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), comenta que «la moratoria está evitando algunos desalojos, pero no todos». En este sentido, pone el ejemplo de que «en 2012, que fue un año salvaje, se produjeron 67.000 desahucios en España, mientras que en 2021, el año con la protección más ambiciosa en este sentido, hubo 41.000». Y prosigue: «Esto significa que sin esa protección hubiéramos superado ampliamente esas cifras».
Morote explica que desde la PAH están reclamando que la futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda incluya medidas importantes para poder paralizar desahucios. «También pedimos que esta ley permita que la ley catalana de la vivienda, que es la más protectora del conjunto de España, pueda tener validez», concluye el portavoz de la PAH.
Paralelamente, Joan Manel Burillo, miembro del Sindicat de l’Habitatge de Tarragona, explica que «gracias a la suspensión de los desahucios hemos conseguido parar todos aquellos de personas que se han puesto en contacto con nosotros». No obstante, lamenta que pese al escudo social, «la denuncia llega igualmente y, si no presentas una serie de documentos que justifiquen que eres una persona o una familia en situación de vulnerabilidad, el desahucio sigue adelante y se acaba produciendo».
Burillo asegura que su función como sindicato se basa en acompañar y asesorar a estas personas durante el proceso y lamenta que la gente que no acude a ellos muchas veces no sabe que tiene la posibilidad de parar el desalojo porque «los abogados de oficio no presentan esta documentación». Por todo ello, el miembro de la entidad critica que «la moratoria no deja de ser un parche porque tiene una fecha límite y llegará un día en que será más difícil parar los lanzamientos de gente vulnerable».
El Sindicat de l’Habitatge de Tarragona ha cumplido este mes de junio su primer año de existencia, durante el cual han conseguido frenar un centenar de desahucios, la mayoría en Tarragona ciudad, pero también algunos en Salou y en Altafulla. De estos, alrededor de 60 durante este 2022. Así, Burillo defiende que «desde el sindicato reivindicamos que hay un culpable de todo esto, que es el sistema capitalista, y que por muchas moratorias que se aprueben siempre habrá el mismo problema. Desde 2008 se han producido 700.000 desahucios en toda España, y hay 700.000 pisos vacíos, es decir, la solución al problema existe, pero no se quiere aplicar».
Morosidad por la inflación
En relación a los impagos de contratos de alquiler, el gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, Héctor Ruana, asegura que «estamos viendo que la situación económica se está complicando y estamos notando un repunte de la morosidad relacionada con la inflación y el aumento de precios de muchos productos de primera necesidad». En este sentido, apunta que se trata de un escenario que todavía no se refleja en los datos disponibles de desahucios, pues estos son la culminación de un proceso que puede durar hasta un año. Por ello, cree que los realizados durante el 2021 e incluso los del primer trimestre de 2022 pueden estar relacionadas con la crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19.
Además, Ruana comenta que «a la hora de gestionar compraventas estamos viendo que los bancos están endureciendo los criterios a la hora de otorgar financiación, es decir, que está viendo que las perspectivas económicas se complicarán y no se quieren encontrar con impagos, se están curando en salud».
Con todo, el gerente de la Cambra, que explica que su función consiste en buscar soluciones pactadas entre las partes antes de que sea inevitable una resolución judicial en una situación de impago, lamenta que «a menudo son los propietarios particulares los que asumen el coste de tener una persona vulnerable en su casa». En este sentido, califica este hecho de «disfunción importante» de las políticas de vivienda, pues «desde la Cambra reclamamos que este pago de las cuotas de alquiler cuando el inquilino no puede hacer frente a ellas se paguen con dinero público», concluye Ruana.
Pese al escudo social, muchos desahucios de personas vulnerables se acaban materializando porque no saben que se puede evitar, denuncia el Sindicat de l’Habitatge.
