Tarragona ha registrado en el último año tres desahucios al día de media, una cifra inferior a los años previos a la pandemia pero que muestra cómo las familias siguen perdiendo su vivienda. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) empiezan a ser preocupantes, en la medida en que enseñan la emergencia habitacional derivada del coronavirus, a pesar de las medidas del Gobierno para combatirlo.
En el último trimestre, de abril a junio, hubo 282 desalojos en la provincia, un 64% por no pagar el alquiler. En los seis primeros meses del año ha habido 564, unos tres al día. Se trata de una cifra que duplica los 249 lanzamientos de 2020, si bien hay que tener en cuenta que esta última es una cantidad artificialmente baja, ya que se incluye ahí el periodo del gran confinamiento domiciliario, con el consecuente bajón en la actividad judicial.
Los balances de estos desahucios, desenlace final y extremo de la morosidad, muestran que hay una cierta contención en la que se están amortiguando los efectos, pero no sucede lo mismo con los impagos de la vivienda. Tarragona ha registrado en la primera mitad de 2021 un total de 575 ejecuciones hipotecarias. Es el doble que en 2019, cuando la cifra fue de 291, y constituye el mayor dato en ese mismo intervalo de tiempo en los últimos cinco años, desde 2016.
No todas esas ejecuciones de la hipoteca culminan con un desalojo, pero es un síntoma. En el último año se han acumulado 1.030, casi tres cada día. Pero aún es más llamativa la comparación entre desalojos y ejecuciones hipotecarias. Los primeros bajaron a la mitad durante un 2020 impactado por la pandemia y por las moratorias, al pasar de unos 1.400 a 723 en Tarragona. Es una prueba de que el llamado escudo social funcionó, al menos parcialmente.
No ocurre lo mismo con las ejecuciones hipotecarias, que no han dejado de subir espoleadas por los problemas económicos tensos y perpetuados que está dejando la Covid-19. En 2020 esos procesos se incrementaron, al pasar de 675 a 769, una cifra similar a la de los años anteriores, lo que quiere decir que las medidas de protección no evitaron que muchas familias dejaran de pagar y se ejecutara la hipoteca, por mucho que eso no terminara en un lanzamiento.
El alquiler, quebradero de cabeza
Otra muestra la arroja ese último trimestre disponible, de abril a junio, cuyos datos se acaban de conocer. Hay que volver a 2016, cuando aún coleaban los brutales efectos del estallido de la burbuja, para ver un segundo trimestre con cifras más elevadas. Esas 247 ejecuciones son el doble que las 115 del mismo trimestre de 2019, un año normal, ajeno a toda incidencia ligada a la Covid-19. En Tarragona también han crecido los desahucios hipotecarios, de 60 a 70 en el último trimestre.
Desde hace años el alquiler es el gran quebradero de cabeza frente a la hipoteca. En el primer semestre ha habido 388 desalojos por impago del arrendamiento. En los primeros tres meses aumentó un 30% la cifra respecto al mismo periodo del año anterior. Todo ello sucede mientras sigue en vigor hasta el 31 de octubre el decreto nacional de suspensión de desahucios, que los frenaba para proteger a los más vulnerables.
Ante esta situación, hay quien se pregunta cómo puede haber desalojos si existe una norma que los suspende. La razón es que la detención del proceso depende de que un juez considere que el afectado cumple ciertos criterios de vulnerabilidad.
Desde la PAH en Tarragona, hay una sensación «de que la moratoria parece que sí está funcionando», aunque hay que tener en cuenta un aspecto. «El problema es que a veces nos enteramos a posteriori de que ha habido un desahucio y nosotros no hemos podido hacer nada. Poca cosa podemos hacer si no se dirigen a nosotros», apunta Juanma Espinosa, portavoz de la PAH en Tarragona.
La plataforma teme que «pueda haber una avalancha» de desahucios una vez finalicen las moratorias: «Hemos visto a muchas personas que dejaban de pagar el alquiler o la hipoteca porque han tenido que cerrar el negocio, las ayudas no les han llegado o están en un ERTE. Hay personas que lo están pasando mal, aunque eso no se traduzca en un desahucio, porque no es de un día para otro». Eso sí, la entidad alerta de un frente abierto. «Tenemos un gran problema con la renovación del alquiler social. Como el Tribunal Constitucional suspendió una parte del Decreto-ley de la Generalitat de finales de 2019, hay grandes tenedores que se niegan a renovar el alquiler social, por ejemplo de familias en riesgo de exclusión. Eso hace que para finales de octubre estén previstos 50 desahucios solo en la ciudad de Tarragona», apunta Juanma Espinosa.
El Sindicat d’Habitatge de Reus, nacido en diciembre de 2020, contabiliza alrededor de 30 desahucios paralizados durante 2021 solo en la capital del Baix Camp. «Hemos podido detener desalojos a tiempo, porque eran casos muy concretos de vulnerabilidad y los hemos podido trabajar con servicios sociales. Muchos se han podido parar antes de tener que ponernos delante de la puerta», explica Oriol Sales, que cree que la moratoria no es suficiente: «Vemos cómo están llegando órdenes de desahucios y nos preocupa que vengan meses duros. Entre una prórroga y otra de la moratoria puede ser que algunos jueces hayan firmado desahucios. Al final, es la valoración del juez la que decide, por eso se siguen produciendo desalojos».
Lo peor, según Sales, son aquellos procesos de los que no son conscientes. «Nos preocupan mucho, porque nosotros tenemos controlados algunos desahucios pero muchos pasan desapercibidos. La gente se va, deja su casa sin saber que hay mecanismos para evitarlo».
La visión es distinta desde la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, que constata una mejora de la situación. «Nos estamos acercando a una cierta normalidad como la previa a la pandemia. Los índices de morosidad se dispararon pero ahora vivimos mejoras continuadas. No hemos llegado a la normalidad total», explica el gerente, Hèctor Ruana. La Cambra registra unos índices de morosidad que oscilan del 3 al 4% del total de contratos, «que podíamos calificar de razonablemente normales», según añade Ruana. La Cambra ejerció en su momento de ente mediador, procurando rebajas o condonaciones de las rentas entre arrendadores y arrendatarios. «Ahora estamos viendo que algún inquilino, a propuesta suya, plantea volver a la situación anterior, de inicio, porque puede volver a asumir las mismas condiciones que tenía».
