La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Catalunya, AICEC-ADICAE, ha denunciado este sábado el fuerte incremento de lanzamientos y desahucios de viviendas registrado en los juzgados de primera instancia de Catalunya y ha reclamado “una moratoria legal efectiva” para frenarlos.
Según esta asociación, los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias aumentaron un 65,20% en 2021, mientras que los desahucios a partir de la ley de arrendamientos urbanos lo hicieron un 59,8% respecto a 2020.
En un comunicado, ha planteado la necesidad de “una auténtica y efectiva moratoria legal” y la elevación de rango del llamado código de buenas prácticas, así como más medidas de “control y supervisión” de la actuación de la banca para hacer frente a esta alta conflictividad vinculada con el derecho a la vivienda.
AICEC-ADICAE ha instado a aprobar una moratoria de al menos tres años, así como medidas para proteger a los consumidores que tienen especiales problemas para pagar la hipoteca en el actual contexto de alta inflación y subida de tipo de interés.
La organización ve “manipulado” y “interesado” el actual debate sobre las medidas que mezcla la banca para intentar proteger a los consumidores más vulnerables.
Por provincias, Barcelona registró el 2021 un total de 3.585 lanzamientos frente a los 2.969 de 2020; en Tarragona se produjeron 1.034 (769 el 2020); en Girona, 914 (625 el 2020); y en Lleida, 315 (253 el 2020).
La asociación de usuarios de banca asegura que, en la práctica, “la banca solo aspira a evitar la adopción de medidas reguladoras que den una respuesta eficaz a los problemas a los cuales se enfrentan unas 350.000 familias”.
“Dejar las medidas de respuesta a los riesgos hipotecarios en manos exclusivamente de la banca no es una opción”, ha aseverado el presidente de la asociación, Manuel Pardos.
Por AICEC-ADICAE, la situación se agravia en Catalunya cuando, después de pasar por una ejecución hipotecaria o una dación en pago, “las familias vulnerables que consiguen un contrato de alquiler ven como se les acaba y la entidad financiera o los fundes buitres de turno no quieren renovar su contrato”.