Los Mossos d’Esquadra han impedido en el último año en la provincia hasta cuatro matrimonios forzados, todos ellos en el Camp de Tarragona. Se trata de chicas que iban a casarse contra su voluntad. Dos eran niñas, menores que no habían cumplido los 18. Es una forma más de violencia machista, que permanece la mayoría de veces invisible y que cuesta que aflore.
La intervención de los entornos siempre es crucial para evitar que el delito se consume. Son claves las alertas de los servicios sociales y educativos para detectar alteraciones en el comportamiento, ya que no es común que sean las propias víctimas las que denuncien.
Las cifras indican un goteo continuo. Desde 2010 ha habido en la provincia 16 casos. Pueden parecer un flujo esporádico pero se intuye que responden a una realidad sumergida mucho más abultada, difícil de investigar por «la complejidad» derivada de que «se perpetra la mayoría de veces en el ámbito doméstico o familiar», como sostiene la investigador y profesora de Derecho Penal Núria Torres, de la URV.
En 2019 hubo tres casos en la provincia, pero en los dos años siguientes, 2020 y 2021, no se registró ninguno. A partir de ahí, se ha notificado un aumento: tres matrimonios en 2022 y uno más en lo que llevamos de 2023, según el balance del Departament d’Interior, con los datos policiales de los Mossos d’Esquadra. El 56% eran de menores. Se calcula que se detecta solo el 20%.
«Es otra forma de violencia machista, una denigración de mujeres, a veces muy vulnerables», indica Gemma Sànchez, sargento de los Mossos d’Esquadra en el Camp de Tarragona
La sargento Gemma Sànchez, subjefa de la unidad regional de proximidad de atención al ciudadano, en la región del Camp de Tarragona de Mossos, alude a la necesidad de abordar este delito desde la prevención y hacerlo con una visión integral: «Hay que hacer un trabajo en red. Somos un país acogedor de muchas realidades, personas emigradas que vienen con sus prácticas, con sus costumbres y con sus mochilas muy arraigadas».
Un viaje al extranjero
La dificultad de la investigación policial para detectar víctimas, primero potenciales y luego reales, estriba en que «nos encontramos en un entorno que es el núcleo familiar, que es cerrado, y además muchas veces no tienen una red social generada», dice Sànchez.
«Se trata de una realidad sumamente invisible, apenas detectable», indica Redouane Ennajy, presidente de la asociación Avenzoar de amistad hispano-marroquí
El punto álgido, a menudo un acto delator, es un viaje al extranjero. «A veces es el detonante, cuando la víctima entra en escena, pero la preparación ha podido durar muchos meses», apunta la sargento de Mossos. Por eso los cuerpos policiales actúan a nivel preventivo «en coordinación con el resto de profesionales como servicios sociales, inmigración, salud, educación y también la judicatura. Tenemos que estar muy bien coordinados con ellos para no ser invasivos con la cultura y minimizar las consecuencias graves».
Violencia sexual o psicológica
La afrenta a la joven a la que su entorno, muchas veces sus propios padres o algunos familiares, le obliga a contraer matrimonio contra su voluntad puede llegar a ser muy severa. «Cuando afecta a niñas aún es más complicado, porque los casos son más vulnerables. A veces llevan adheridos violencia física, sexual o psicológica. Es una vulneración muy importante de los derechos fundamentales. Es una denigración que afecta a todo su proyecto de vida», apunta Gemma Sànchez.
Algunos países subsaharianos o de Oriente Medio están en el foco de este delito
Desde la URV, Núria Torres, experta en la temática, ha realizado diversos trabajos al respecto, tanto desde el punto de vista jurídico como con un acercamiento pragmático. Una de sus conclusiones, en su artículo El matrimonio forzado en España. Una aproximación empírica, va en la línea de enseñar una fotografía que va más allá de lo policial: «Habitualmente se emplean mecanismos de forzamiento de la voluntad de las víctimas para contraer de baja intensidad, sutiles o envolventes, relacionados con la pertenencia de las víctimas a determinadas comunidades, puesto que consisten mayoritariamente en el recurso a la presión familiar o al apego a la tradición».
Indicadores de alerta
Los Mossos trabajan con la detección de diversos indicadores de riesgo que pueden ser las primeras señales de sospecha. «Algunos van muy ligados a los países de origen. La muerte de un progenitor también puede provocar el inicio de todo el proceso. A veces hay una cuestión económica detrás», apunta Sànchez.
En ese cóctel de alertas iniciales, puede haber «personas que viven muy aisladas, un rechazo a la vida occidentalizada, un control económico sobre la mujer», indica la responsable de Mossos.
Sobre el terreno, algunos ejemplos: una asociación de vecinos que alerta de que una chica ha dejado de ir a trabajar sin motivo aparente o que desde hace un tiempo aparece en todo momento acompañada de un hermano o de algún otro familiar. «En menores, dejan de ir al colegio. Ese es un indicador muy claro. En mayores se ve claro en la restricción de las salidas. A veces les retiran la documentación los propios familiares. Hay una situación de dejadez, de aislamiento, de descontroles alimentarios».
Desde 2010 los Mossos han detectado en la provincia 16 casos, el 56% con víctimas menores de edad. Cuatro han sido en el último año
El reto de la policía es intervenir antes de que se consume el viaje, aunque algunos de estos matrimonio se realizan incluso en Catalunya. Hay diversos países especialmente vigilados, como los subsaharianos, América Latina o también Oriente Medio. «Es algo bastante extendido, podemos hablar de Afganistán, Pakistán, Siria, Marruecos, Argelia, Gambia, Congo o Níger», indica Sànchez.
Redouane Ennajy, traductor e intérprete afincado en Tarragona y presidente de la asociación Avenzoar de amistad hispano-marroquí, cree que «se trata de una realidad sumamente invisible, apenas detectable» y señala algunas nacionalidades en las que es más común: «Sobre todo, en países como Pakistán o Irán. En la comunidad más prevalente en España, la marroquí, el porcentaje es muy escaso y es algo prácticamente en vías de desaparición».
Modernidad o acatamiento
Detrás de este delito hay un fuerte componente cultural, como indica Núria Torres en su investigación. Como contexto, aparecen los flujos migratorios, que han hecho que «el matrimonio forzado haya pasado de ser percibido como una práctica exclusiva de lugares lejanos o de tiempos remotos a incorporarse al debate político sobre lo que resulta tolerable en la actual sociedad globalizada».
El matrimonio forzado conlleva una pena de cárcel de seis meses a tres años y seis meses, según la gravedad de las coacciones
Más allá de lo delictivo, no hay que obviar el peso del sustrato cultural y todas sus fricciones. «Quienes han experimentado un proceso migratorio se hallan con frecuencia en la encrucijada entre la modernidad que impone el contexto occidental en el que residen y los valores tradicionales que, como el honor, el respeto y el acatamiento de las decisiones familiares, algunos miembros de la comunidad se afanan en mantener de forma incluso más férrea que en los territorios de origen», diagnostica Núria Torres.
Una dicotomía emocional
Se trata, pues, de todo un conflicto con profunda huella, que sume a la víctima en un proceso muy doloroso. «A veces hay sentimientos discordantes, en el sentido de que la relación con los padres es buena pero no quieren hacer eso a lo que la obligan. Es una dicotomía emocional que hace a la víctima aún más vulnerable. A veces ellas no saben que eso es un delito. Y piensan: ‘Si yo explico todo esto, ¿dónde voy?». Entonces tienen que saber que hay recursos sociales y sanitarios para ayudar», indica la responsable de Mossos.
«A veces los mecanismos para mover la voluntad son más sutiles, como la presión familiar», describe Núria Torres, profesora de Derecho en la URV
A partir de ahí se desencadena la actuación policial, que persigue proteger a la víctima y abortar una conducta delictiva que puede ser «más o menos grave en función de la coacción, desde casos de maltrato, a situaciones de abuso, de superioridad, con víctimas muy sometidas. Nos hemos encontrado de todo», confiesa Sànchez.
En la invisibilidad de una buena parte de estos delitos influyen algunas prácticas que pasan más desapercibidas, como indica Núria Torres en sus trabajos, donde da cuenta de unas herramientas sutiles (presión familiar, apego, cultura) «para mover la voluntad de las víctimas» que son más comunes que otros modos más drásticos como «el engaño o la violencia». Según ella, los hechos que salen a la luz desde el punto de vista de Mossos son aquellos que tienen que ver con «el empleo de medios más incisivos, como la intimidación, la violencia y el engaño, que son los únicos que contempla el delito introducido en el Código Penal». En algunas ocasiones, las autoridades policiales han conseguido detener el matrimonio forzado en el último momento.
Un caso reciente en Barcelona
En Catalunya los Mossos han detectado en el primer trimestre de 2023 un total de tres matrimonios forzados, uno de ellos en Tarragona. En 2022, la cifra global ascendió a 15 enlaces. Todas las fuerzas policiales persiguen estos delitos. Uno de los más recientes en Catalunya tuvo lugar en junio, en Barcelona. La Policía Nacional detuvo a un hombre que pretendía casar a su hija con un familiar. La víctima y su actual pareja, libremente elegida por ella, se habían refugiado en una asociación cultural; por temor a las represalias de su padre, contrario a la relación. El detenido ya había casado con un primo a otra hija. Se le imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, favorecimiento a la inmigración irregular y falsedad documental.
