Para meter mano en la crisis habitacional que se vive actualmente, las instituciones están intentando aunar vías para sumar oferta, ante una demanda que no para de crecer. Las viviendas de los grandes tenedores, en especial las vacías, podrían ser una baza para incrementar el parque habitacional, sobre todo teniendo en cuenta el de protección oficial.
El problema es que, a pesar de que sean inmuebles ya construidos y que la Generalitat ya haya activado procesos de compra de pisos de grandes compañías para destinarlos a políticas sociales, muchos de ellos son inhabitables, o bien porque están pendientes de rehabilitar o bien porque están ocupados.
Tan solo se podría entrar a vivir a 2.005 de los 5.429 inmuebles vacíos que los grandes tenedores tienen en la provincia, lo que significa que únicamente un 36,9% del parque potencial podría ser habitado si se movilizase. Los grandes propietarios son los poseedores de diez viviendas o más (cinco en áreas tensionadas) o de una superficie construible de más de 1.500 metros cuadrados residenciales.
El resto de pisos pueden estar en diferentes situaciones. De 1.824 (33,6%) no se tiene ningún tipo de información, mientras que hay 885 (16,3%) que están vacíos pendientes de rehabilitar. De los que están ocupados, que son 715 (13,2%), 544 lo están sin consentimiento y 171 sí que lo tienen. Los datos provienen de una petición de acceso a la información pública efectuada por el Diari.
¿De dónde vienen estos pisos?
Los inmuebles pasaron a manos de los grandes tenedores «después de que, durante la época del boom inmobiliario, se construyera en zonas en las que no había demanda ni necesidad», argumenta Manuel Sosa, abogado, experto inmobiliario y exadministrador de fincas tarraconense.
Esta sería una primera vía que incluye viviendas de más alto standing, sobre todo, próximas a las Terres de l’Ebre: «En L’Ametlla de Mar hay muchas casas de lujo que se construyeron –algunas ni se acabaron–, pero en las que no vive nadie porque no hay tanta demanda», comenta.
«Hubo compradores hipotecados que dejaron de pagar la cuota y que o se quedaron ocupando o fueron desalojados», Manuel Sosa, experto inmobiliario
Sosa añade que «también se dio el caso de compradores hipotecados que dejaron de pagar la cuota y que o bien se quedaron ocupando o fueron desalojados». Estos son los pisos en los que más se centran las políticas que quieren poner estos inmuebles en el mercado: son viviendas pequeñas, ubicadas en barrios más humildes y que han pasado a grandes propietarios por impagos.
El propio Sosa es presidente de una comunidad en un barrio de Ponent, y admite que «hay muchos pisos de fondos de inversión, que se los quedaron de los bancos, y están ocupados por expropietarios que no pudieron pagar la hipoteca, mientras que otros están vacíos con puertas de hierro antiocupas, y a la espera de ser vendidos o rehabilitados».
Rehabilitaciones del tercer sector
Esas rehabilitaciones, en muchas ocasiones, las llevan a cabo entidades del tercer sector. Es el caso, por ejemplo, de la Fundació Hàbitat3, que, en colaboración con las administraciones públicas, se encarga de captar pisos vacíos con ayuda de las instituciones –a través de compras o alquileres– y de gestionarlos para rehabilitarlos en caso de que sea necesario y para que entren a vivir personas en situación de vulnerabilidad, propuestas por mesas de emergencia o atendidas por los servicios sociales municipales.
El propio Ayuntamiento de Tarragona llevó a cabo un convenio con esta fundación a través del cual la entidad cedía 17 viviendas vacías y rehabilitadas en la ciudad al Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes (SMHAUSA) para que la empresa municipal las destinara a personas en situación de vulnerabilidad a través del Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST). Se trataba de dos pisos en Campclar, uno en Bonavista, cuatro en Sant Salvador y diez en Sant Pere i Sant Pau.
En la misma línea trabaja la Fundació Resilis, que en la provincia colabora con ayuntamientos como el de Reus o el de Amposta. Sus principales funciones son la captación y adquisición de viviendas para destinarlas a familias en riesgo de exclusión residencial. Algunas de estas compras se llevan a cabo a través del tanteo y retracto, que es un derecho preferente para adquirir un piso.
Compras por tanteo y retracto
Esa técnica la utilizan mucho las instituciones para tener prioridad en caso de que los grandes tenedores acepten vender. En los últimos meses, la Generalitat de Catalunya ha llevado a cabo varias transacciones con este derecho.
Destacan la adquisición de 395 viviendas al BBVA –36 de ellas en la provincia– por 17,7 millones de euros, de 451 a InmoCaixa –180 en Tarragona– por 30,4 millones, y, más recientemente, de 743 al fondo Divarian –61 de las cuales en la provincia– por 72 millones. Son 1.589 pisos –277 en Tarragona– por 120 millones, a razón de 75.500 euros por cada uno de ellos.
Estas viviendas –no todas vacías– se han adquirido por el derecho de tanteo y retracto, una táctica que el Govern seguirá utilizando durante los próximos años ya que, según el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, aprobado en octubre del pasado año, Catalunya sumará 40.000 viviendas de bancos y grandes tenedores hasta 2045 provenientes de compras o de cesiones. El Ejecutivo quiere ir aumentando las adquisiciones en la próxima década para cumplir con los objetivos que permitan cubrir la demanda.