Una adolescente del Baix Camp pudo escaparse de casa antes de que su madre la obligara a viajar a Túnez para contraer matrimonio con un chico adinerado de ese país. Dos hermanas que aún no habían cumplido la mayoría de edad residentes en la Ribera d’Ebre se iban a casar obligadas por sus padres. Son solo dos de los 12 casos de matrimonios forzados identificados y registrados por los Mosssos d’Esquadra en Tarragona durante los últimos años, en concreto desde 2010. De ellos, 11 tuvieron lugar en el Camp de Tarragona y uno en las Terres de l’Ebre. En casi el 60% de los casos (siete de los 12) las víctimas eran menores de edad.
La intervención de los entornos siempre es crucial para evitar que el delito se consume. Son claves las alertas de los servicios sociales y educativos para detectar alteraciones en el comportamiento, ya que no es común que sean las propias víctimas las que denuncien. Las cifras pueden parecer un goteo esporádico (2010 y 2019, con tres casos en cada año, marcaron récord) pero se intuye que responden a una realidad sumergida mucho más abultada, difícil de investigar por «la complejidad» derivada de que «se perpetra la mayoría de veces en el ámbito doméstico o familiar», como sostiene la investigador y profesora de Derecho Penal Núria Torres, de la URV.
«En Tarragona, que se conozcan, hay pocos casos, pero sabemos que hay una realidad mucho más invisible que no se denuncia, con unas cifras ocultas que son muy elevadas», define la cabo de los Mossos Andrea Garcia. Ella, responsable de la Unidad Central de Atención a la Víctima, recalca que se trata «de una forma más de violencia machista, con un origen sustentado en la religión y la cultura que perpetúa la sumisión de la mujer al hombre». Por eso, los Mossos calculan que, como en toda casuística de violencia machista, la realidad denunciada es solo el 20% de la existente. «No tenemos encuestas de victimización pero por lo que conocemos a través de los casos que nos llegan de entidades o de servicios sociales, hay un volumen de chicas que no lo denuncian por miedo o por desconfianza», explica Garcia.
Las hermanas paquistaníes afincadas en Terrassa que han sido asesinadas al viajar a su país han vuelto a poner de relieve esta realidad. Desde 2009, los Mossos han detectado 194 casos en Catalunya. En 2021 fueron ocho. Se atendió a 10 mujeres y menores de edad, con unas franjas que oscilaban entre 14 y 20 años.
Núria Torres, experta en la temática, ha realizado diversos trabajos al respecto, tanto desde el punto de vista jurídico como a través de un acercamiento empírico. Una de sus conclusiones, en su artículo ‘El matrimonio forzado en España. Una aproximación empírica’ va en la línea de enseñar una fotografía que va más allá de lo policial: «Habitualmente se emplean mecanismos de forzamiento de la voluntad de las víctimas para contraer de baja intensidad, sutiles o envolventes, relacionados con la pertenencia de las víctimas a determinadas comunidades, puesto que consisten mayoritariamente en el recurso a la presión familiar o al apego a la tradición».
Esas herramientas sutiles (presión familiar, apego, cultura) «para mover la voluntad de las víctimas» son más habituales que otros modos más drásticos como «el engaño o la violencia». Los hechos que salen a la luz desde el punto de vista de Mossos son aquellos que, en realidad, están «relegados a un claro segundo término» y que tienen que ver con «el empleo de medios más incisivos, como la intimidación, a violencia y el engaño, que son los únicos que contempla el delito introducido en el Código Penal».
El caso de Terrassa es especialmente flagrante, por extremo, pero no ocurre así otras veces. «Siempre hay una forma de violencia –sigue Garcia– que puede ser en forma de insultos, amenazas, chantaje emocional. Es más una violencia psicológica que pasa más desapercibida. Si hay agresiones para tapar la rebeldía de la mujer ante el hecho, es mucho más evidente y el caso es más fácilmente identificable».
De los 10 años a los 23
Los medios más contundentes, según Torres, se aplican «más a víctimas más mayores y de nacionalidad española o que se encuentran en situación de residencia legal». Según su aproximación, por comunidades, las magrebíes y las que proceden del África subsahariana tienden a casarse más en su país de origen, no así las de Asia Central, que se desposan por igual en España que en su nación de origen, o las de etnia gitana, que mayoritariamente contraen en España. Por nacionalidades, al margen de la española, las marroquíes y guineanas tienden a casarse en el país de procedencia y las gambianas en España, aunque el escaso número de víctimas no permite establecer demasiados patrones.
La cabo de los Mossos acota las edades. «La chica más joven puede tener entre 10 y 12 años, el resto entre 14 y 16 y después hay un grupo de una mayoría de edad, de entre 21 a 23», aclara Garcia.
En ocasiones, se llega demasiado tarde. «Los hechos llegan más a conocimiento cuando son matrimonios ya contraídos que cuando las víctimas se hallan en riesgo de contraer», relata Núria Torres en su análisis.
Por su parte, los Mossos se enfrentan a investigaciones delicadas y difíciles. «Lo más complicado es determinar si la sospecha es real o no», reconoce Andrea Garcia. No siempre las pistas son tan inequívocas: «Puede haber la planificación de un viaje y que en él se aproveche para casar pero no siempre es tan claro ni hay evidencias de que el viaje sea para eso. A veces es para hacer una fiesta».
Como contexto, aparecen los flujos migratorios, que han hecho que «el matrimonio forzado haya pasado de ser percibido como una práctica exclusiva de lugares lejanos o de tiempos remotos a incorporarse al debate político sobre lo que resulta tolerable en la actual sociedad globalizada». Más allá de lo delictivo, no hay que obviar el peso del impacto cultural y todas sus fricciones. «Quienes han experimentado un proceso migratorio se hallan con frecuencia en la encrucijada entre la modernidad que impone el contexto occidental en el que residen y los valores tradicionales que, como el honor, el respeto y el acatamiento de las decisiones familiares, algunos miembros de la comunidad se afanan en mantener de forma incluso más férrea que en los territorios de origen», diagnostica Núria Torres.
Desde los Mossos d’Esquadra, Andrea Garcia también tiene constancia de esos conflictos más o menos latentes. «La mayoría son chicas nacidas en Catalunya y escolarizadas. A veces la presión viene de la familia que está en el lugar de origen y que incluso puede hacer los preparativos», apunta la responsable policial.