Tarragona registra un aumento en delitos sexuales contra menores: datos de récord

Tienes doce años y vas al cine del pueblo sin tus padres por primera vez, tan tranquilo, con amigas y amigos. Allí te encuentras a Lluís, la persona que lo regenta. Intenta acercarse a ti, hacerse el buenazo. Poco a poco, quiere ganarse tu confianza, incluso te llama por teléfono.

Te regala entradas y carteles de películas, pero al mismo tiempo profiere bromas sexuales de mal gusto: «Eres más guapo...», «¿por qué no hacemos una videollamada?»... Hasta que abusa de ti, de tus amigas y de tus amigos.

Es un caso estremecedor y real, que el periodista Carles Tamayo ha retratado en su docuserie Cómo cazar a un monstruo, en el que refleja la impunidad del pederasta Lluís Gros, propietario del cine La Calàndria en El Masnou, y que acaba con su detención.

Este tipo de casos se repiten más de lo que parece. De hecho, Tarragona registró en 2023 el récord de investigaciones por delitos sexuales cometidos contra menores de dieciséis años. Fueron 59 abusos sexuales, 163 agresiones sexuales, 15 exhibiciones y provocaciones sexuales y 8 casos de utilización de menores con fines pornográficos.

En total, 245 infracciones, según los datos de actividad del Ministerio Fiscal, que incrementan las 238 de 2022 y que quedan lejos de las 55 de 2015 –el primer año con datos–.

Según fuentes del Departament de Drets Socials de la Generalitat, esa acentuación no se debe tanto a que haya muchísimos más casos –aunque también influye– sino que se justifica por una mayor notificación de los mismos. Es decir, que cada vez se denuncia más.

Helena Mulero, criminóloga colegiada en el Col·legi Oficial de Criminologia y directora de seguridad, afirma que «en los últimos años, los menores de edad, tienen más presencia en las estadísticas de criminalidad, pero no solo como infractores, sino también como víctimas, algo que no llama tanto la atención, pero es igual de relevante porque los colectivos con cifras más elevadas de comisión delictiva son, a la vez, colectivos con altas tasas de victimización».

¿Cómo suelen ser estos casos? Los tramos entre los 20-29 años y entre los 30-39 son en los que se concentra el mayor número de agresores, la mayoría hombres, pero sin que haya una diferencia excesivamente acusada con otras edades. En el caso de las víctimas, la mayoría mujeres, la más habitual es entre 5 y 12 años.

Por otro lado, en cerca de la mitad de las situaciones, el agresor pertenece al ámbito familiar, tal y como indican los datos que publica periódicamente la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Según Mulero, el anonimato del mundo digital también «está provocando un crecimiento en delitos de ciberacoso».

Y es que el hecho de que se reduzca la edad a la que los adolescentes tienen sus primeras experiencias sexuales también causa que este tipo de delitos se cometan antes.

Sin embargo, la evolución social también ha llevado a que se denuncie cada vez más: «Da menos vergüenza y menos miedo», admite Mulero. «Y factores como el Barnahus tienen un retorno muy positivo en cuanto al tratamiento y al trabajo sobre estas cuestiones, ya que, en la adolescencia, en ocasiones no se denuncia por miedo a sentirse excluido», añade.

Además, cabe tener en cuenta que los delitos de naturaleza sexual se admiten después de mucho tiempo, a veces años. En algunas situaciones, se debe al propio desconocimiento del o la menor sobre la sexualidad, que impide que pueda identificar la conducta que sufre como un hecho delictivo. En otras, la vergüenza, la culpa o el temor a no ser creídos.

El caso Barnahus

La unidad Barnahus (casa de los niños, en islandés) es un servicio interdepartamental de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual que funciona desde el 2020 en Tarragona como proyecto piloto y que atiende cerca de cinco casos a la semana.

Se caracteriza por reunir en un mismo espacio a un equipo pluridisciplinar de profesionales. De esta forma, las víctimas no deben moverse de un servicio a otro, de manera que se genera un espacio interdisciplinar con la intención de que las y los menores se sientan cómodas y cómodos.

Desde Drets Socials admiten que, desde que se puso en liza el equipamiento, las denuncias han aumentado porque la ciudadanía del territorio es más consciente. Mar Guirado, que es trabajadora social en el centro, mantiene que «están aumentando los sucesos en los que los agresores son menores y también inimputables».

Una vez que entra un caso, las técnicas realizan una primera valoración del tipo de intervención a realizar y del entorno de la víctima. Cuando se asegura que la o el menor se encuentra en un entorno seguro, se deriva el seguimiento hacia el equipo psicosocial, formado por profesionales de trabajo social, que atienden más a las familias, y de psicología, que tratan al menor de forma individualizada. También hay un acompañamiento en el proceso judicial.

A partir de aquí, el objetivo principal es que las víctimas se recuperen correctamente, minimizar la contaminación del testigo y garantizar las mejores condiciones por si el equipo de asesoramiento técnico penal recibe el encargo de llevar a cabo una entrevista forense para la prueba preconstituida o declaración judicial.