Al día siguiente del fallecimiento de Rosa Pitarch durante el incendio de su casa en 2016, los medios de comunicación que seguíamos el suceso recibimos una llamada de una compañía eléctrica comunicándonos que habían cortado la luz a esa vivienda por la acumulación de recibos sin pagar y la ausencia de respuesta por parte del titular, sin que hubiesen sido avisados por los servicios sociales de que allí vivía una persona en situación de vulnerabilidad. La empresa había percibido rápidamente el impacto que iba a tener la muerte de la anciana por el fuego provocado por la vela con que se alumbraba ante la falta de suministro eléctrico. Comprobaron que había sido clienta suya y asumieron que habían ordenado la desconexión.
La realidad era que no habían sido ellos los que la habían dejado sin luz, porque posteriormente Rosa contrató el suministro con Gas Natural –la actual Naturgy– y fue esta empresa quien efectuó el corte definitivo. Ni que decir tiene que cuando Gas Natural asumió la actuación, volvieron a llamar explicando que se había producido una confusión y que no tenían nada que ver con la trágica incidencia.
Es un ejemplo de las urgencias de todo el mundo por justificarse y derivar responsabilidades ante el clamor y la indignación al conocerse que la víctima, de 81 años, vivía en la pobreza y, a las puertas del invierno, llevaba semanas sin corriente por una deuda de 246 euros. Fue una carrera por quitarse la muerta de encima, con perdón.
Fin del recorrido judicial
El último capítulo se ha producido esta semana, cuando el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rechazado el último recurso de la Generalitat y ha dejado definitivamente sin efecto la multa de 500.000 euros que el Departament d’Empresa había impuesto a Gas Natural.
La citada sanción es un buen ejemplo de lo dicho anteriormente, porque desde el primer momento era evidente que no se sostenía legalmente, ya que la Generalitat pretendía multar a una empresa por incumplir la Ley de Pobreza Energética, cuando aún no había promulgado el reglamento para aplicarla. La ley obligaba a pedir un informe a servicios sociales antes de cortar la electricidad a una vivienda, pero no existía la regulación sobre cómo efectuar el procedimiento.
En estas circunstancias, el Govern optó por decretar un castigo en que la gestualidad hacia la opinión pública primaba sobre la lógica jurídica.
Las compañías eléctricas alegaban esas carencias para justificar su no aplicación sistemática, aunque empresas y administraciones públicas tenían activados mecanismos de coordinación. Si bien en otras ocasiones Gas Natural había pedido informes a los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus, en el caso de Rosa no lo hizo, y tampoco recibió ninguna información que alertase de su precaria situación. Así las cosas, Gas Natural repartió culpas hacia todos los gobiernos, central, autonómico y municipal.
La reacción del Ayuntamiento siguió la misma pauta: señalar a Gas Natural como único responsable del corte. Pero, según los familiares de la víctima, los servicios sociales municipales sabían que Rosa no podía pagar el agua y una asistente social se había entrevistado con ella en su casa cuando ya no tenía luz.
En este punto, el Consistorio reusense cruzó una delicada línea cuando utilizó datos personales, como revelar que se trataba de una familia desestructurada, para explicar el caso. Una información que inducía a trasladar parte de la responsabilidad hacia los propios afectados.
Seis años después de la tragedia, y llegados al final de su recorrido judicial, las responsabilidades siguen estando donde parecían desde un principio. Y para situarlas correctamente, hay que recordar la situación de emergencia social y recortes provocados por la gran recesión que aún se sufrían en aquel otoño de 2016.
La compañía eléctrica actuó con desentendimiento hacia la situación de la usuaria, en un escenario de gestión muy compleja por la avalancha de impagos y fraudes y la inconcreción normativa. El Parlament y el Govern mostraron los síntomas de la poca diligencia legislativa que les han caracterizado en los últimos años. Y los servicios sociales del Ayuntamiento, muy desbordados, no prestaron atención suficiente a una anciana vulnerable.
Todos pudieron asumir una parte de responsabilidad en la cadena de fallos del sistema, pero todos optaron por escudarse en los ajenos.
