La empresa Arboreto SAT (Sociedad Agraria de Transformación), con sede en Riudoms, ha sido declarada en concurso voluntario de acreedores. Perteneciente al grupo Crisolar Nuts (donde Arboreto es, junto a Crisol de Frutos Secos SAT, una de las dos principales sociedades), cuenta con unos 3.200 socios productores en toda España, además de 38 empleados repartidos por sus centros de trabajo de Riudoms (Baix Camp), Bràfim (Alt Camp) Socovos (Albacete), Baza (Granada) y Utiel (València).
En conjunto, explota unas 32.000 hectáreas de frutos secos repartidas por toda España, con una producción aproximada de unas 2.500 toneladas de almendras y 700 toneladas de avellanas al año, y una facturación que en 2024 se situó en unos 21 millones de euros.
El concurso voluntario de acreedores -tras el auto acordado el pasado 8 de abril por el Juzgado Mercantil número 1 de Tarragona, en el que se nombra como administrador concursal al despacho de abogados y economistas LBL Restructuring SL, en Barcelona-, busca, según fuentes conocedoras del procedimiento, dar continuidad a la actividad a través de una propuesta de convenio con sus acreedores o de una venta de unidades productivas. Entre estas unidades susceptibles de venta se encuentran almacenes, líneas de producción o fincas.
Una coyuntura adversa en el mercado internacional de frutos secos, unida al vencimiento de una serie de créditos ICO vinculados a la Covid-19 (que han provocado un problema de Tesorería al no encontrar financiación bancaria para darles respuesta), son las causas principales que empujaron a esta empresa a presentar concurso voluntario de acreedores.
Preguntado al respecto por el Diari de Tarragona, Miquel Borràs, gerente de Arboreto, quiso dar un mensaje de confianza: «Estamos luchando para alcanzar un convenio de continuidad de la actividad, que permita minimizar los efectos sobre los socios, trabajadores y acreedores afectados».
Miquel Borràs, que destaca el carácter voluntario del concurso, cifra el número de socios afectados por la situación de insolvencia entre unos 820 y 830 del total de 3.200 socios, mayoritariamente localizados fuera de Catalunya. Respecto a los 38 empleados, asegura que la empresa está al corriente del pago de nóminas y obligaciones con la Seguridad Social.
El administrador concursal tiene ahora dos meses para emitir informe, al que seguirían 15 días para un informe de viabilidad.
