Este fin de semana se cumplen cinco años de la muerte de Rosa, la mujer de 81 que falleció la madrugada del 14 de noviembre de 2016 en un incendio en su casa, en la calle Santa Anna, originado por la vela con que se alumbraba después de que Gas Natural le cortase el suministro eléctrico. Cuando le desconectaron la corriente, debía cerca de 246 euros. La efeméride coincide ahora con una subida histórica del recibo de la luz que amenaza con desembocar en un aumento de la pobreza energética este invierno. El caso de Rosa sigue, un lustro después, sin un desenlace en firme.
La Generalitat abrió expediente e impuso a la compañía energética una multa de 500.000 euros por ejecutar el corte sin haber solicitado antes a servicios sociales un informe de vulnerabilidad sobre la anciana, por tratarse de una persona mayor y porque el contexto del fallecimiento de Rosa generó «una alteración social grave, alarma y desconfianza».
Gas Natural recurrió ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que en diciembre del pasado 2020 dio la razón a la suministradora y anuló el castigo. El Departament d’Empresa aseguró entonces haber presentado recurso de casación, y fuentes de Gas Natural consultadas indican que «no hay novedades». Fuentes de la Generalitat no han precisado en qué punto se halla hoy el proceso.
«No tenía que solicitar informes»
La suspensión de la multa a Gas Natural, que no fue firme, la basó el TSJC en la «falta de desarrollo reglamentario» del artículo 6 de la Ley de la Pobreza Energética, que pretendía obligar a las compañías a cruzar siempre sus datos con los servicios sociales antes de consumar un corte para asegurarse de que el cliente en cuestión no se correspondiese con un perfil considerado vulnerable.
El Tribunal admitió también, según recoge la sentencia de diciembre de 2020 que ha podido consultar el Diari, varios pronunciamientos aportados por Gas Natural que «revelan un alto grado de incertidumbre sobre la viabilidad de la Ley si no se ve acompañada de complementos normativos susceptibles de hacerla plenamente operativa». Y argumentó que, cuando la casa de Rosa ardió, el protocolo de comunicación a servicios sociales «no había sido oficialmente publicado».
La resolución apunta igualmente que la empresa «no tenía la obligación legal de solicitar los informes a servicios sociales del Ayuntamiento de Reus» y que, aunque otras veces sí lo hubiese hecho, no haberlos pedido en este caso concreto «podría llevarnos, en todo caso, a un reproche extrajurídico, pero no a censurar con el peso de la ley la omisión de una conducta que la misma Ley de la Pobreza energética pretendía que se llevase a cabo siguiendo un procedimiento ‘non nato’ en el momento de los hechos».
Si la muerte de la anciana, en 2016, ya había dado pie a una importante ola de rechazo social a este tipo de prácticas por parte de las empresas energéticas, la anulación de la multa reavivó el clamor popular y volvió a desatar la indignación. Al conocerse el fallo, el Mercadal acogió protestas que se replicaron en diversos puntos de Catalunya y España.
