El auge de los fijos discontinuos

20 septiembre 2022 20:02 | Actualizado a 21 septiembre 2022 07:00
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Tras la aprobación de la reforma laboral muchos contratos temporales por obra y servicio han sido sustituidos por otros fijos discontinuos. Era de esperar, toda vez que el principal objetivo de la reforma laboral es reducir la alta temporalidad de nuestro mercado de trabajo. En este sentido, en la provincia de Tarragona este tipo de contrato se ha disparado hasta sumar 35.685, lo que supone multiplicar por diez los que había antes de la reforma laboral. Los empleados que tienen este tipo de relación laboral son trabajadores indefinidos que, por la naturaleza de la actividad que realizan, desarrollan su trabajo (ya sea a jornada completa o parcial) de manera intermitente.

Puede ser el caso, por ejemplo, de los cuidadores de los comedores escolares; únicamente tienen trabajo mientras hay clases, pero su contrato no acaba al finalizar el curso ni firman uno nuevo al arrancar el siguiente. Es decir, su empleo es de carácter cíclico, pero al final de cada período el contrato no se extingue; sólo se interrumpe. Son, pues, trabajadores que, pese a no realizar su labor durante todo el año, sí forman parte de la plantilla fija de la empresa porque su contrato no tiene fecha de finalización y se les computa la antigüedad durante todo el período que dure su vinculación laboral y no únicamente durante el tiempo que ha desarrollado su actividad.

La inspección debe evitar fraudes en una fórmula que busca mejorar las condiciones de trabajo y combatir la precariedad

No obstante, sólo cobran su salario (que incluye la parte proporcional de pagas extras, vacaciones y festivos) y cotizan a la Seguridad Social durante el período de actividad. El análisis de las horas de trabajo determinará la incidencia productiva de esta transformación inédita de la contratación laboral. Pero este cambio ya ofrece mayor protección jurídica a los trabajadores y flexibilidad a las empresas que el modelo de temporalidad. Asimismo, se antoja necesaria la inspección para evitar fraudes en una fórmula que busca, en definitiva, mejorar las condiciones de trabajo y combatir la precariedad.

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