Una familia media de Tarragona, con su sueldo anual, solo podría comprar un piso de 18 metros cuadrados, equivalente al tamaño de un trastero. Este dato refleja una creciente descompensación entre los salarios y los precios de la vivienda, que alcanza niveles históricos en 2024, con precios de 13,5 euros por metro cuadrado en Tarragona. Aunque la situación no es tan extrema como en otras ciudades como Donosti, donde con un salario anual se podría adquirir solo 8 metros cuadrados, sigue siendo preocupante. Esta tendencia se agrava especialmente en grandes ciudades como Barcelona y Madrid, donde los precios son aún más altos, con una media de 23,4 y 20,7 euros por m², respectivamente. Para llegar a estas conclusiones, se han cruzado las cifras de ingresos medios por hogar del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los precios del metro cuadrado en el mes de febrero que señalan sus propios datos.
Es un dato más que muestra que la crisis de la vivienda que atraviesa nuestro país es profunda. La especulación inmobiliaria, junto con los bajos salarios y la escasa oferta de viviendas de bajo coste, ha creado un mercado inaccesible para muchas personas. Es urgente implementar políticas públicas que regulen los precios, incentiven la construcción de viviendas asequibles y protejan el acceso a la vivienda como un derecho básico. Sin estas medidas, la brecha entre lo que una familia puede permitirse y lo que realmente cuesta una vivienda seguirá creciendo, perpetuando las desigualdades sociales.
El acceso a la vivienda es uno de los mayores desafíos sociales y económicos que tenemos sobre la mesa. Las subidas desmedidas de los precios del alquiler han llevado a muchas personas a vivir en condiciones precarias, en viviendas pequeñas o en barrios alejados, sin acceso a los servicios esenciales. Además, la escasa oferta de viviendas sociales y los largos periodos de espera para obtenerlas agravan aún más la exclusión social de aquellos que no pueden acceder al mercado libre. En este contexto, la intervención pública se vuelve fundamental. Solo con un marco normativo claro que regule tanto los precios, que fomente la construcción de viviendas sostenibles y asequibles, y que apoye a las familias en situación vulnerable, se podrá garantizar el derecho a una vivienda digna y acabar con esta crisis estructural que amenaza el bienestar de miles de ciudadanos.
