El miércoles se cumplirá un mes de protestas de los agricultores españoles, cuatro semanas con cortes de carreteras y tractoradas que empiezan a darles fruto, el mayor de ellos el proceso abierto para simplificar la Política Agraria Común (PAC), junto a un plan de 30 medidas del Gobierno.
Los agricultores se echaron a las calles el 6 de febrero, como hacían ya sus colegas de otros países europeos, para denunciar algunas cuestiones que les son comunes a todos ellos, como la burocracia y las exigencias ambientales de la PAC o la competencia de las importaciones de países de fuera de la Unión Europea (UE).
En algunos asuntos han obtenido mayor respuesta de las autoridadades, entre los que destacan la propuesta de exención de los controles de condicionalidad de la PAC para las explotaciones de menor tamaño, la voluntariedad del cuaderno digital y la modificación de las normas de buenas prácticas agrarias relativas a la rotación de cultivos y el barbecho, dentro de un paquete de medidas propuesto por la Comisión Europea (CE).
Los ministros de Agricultura de la UE han reclamado a la CE que complete «rápidamente» estas iniciativas, algunas de las cuales deberán ser objeto de una reforma legislativa acelerada, pero han señalado que «no son suficientes» y le han pedido al organismo que las complete con un paquete de medidas «más ambiciosas».
Los representantes de los Veintisiete también se mostraron optimistas sobre la posibilidad de poder establecer a futuro «cláusulas espejo» para que los productos importados de países terceros cumplan las mismas exigencias que los comunitarios. «Tenemo sque aprender las lecciones de lo que está ocurriendo», expresaba Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Planas ha mantenido ya tres reuniones con las organizaciones agrarias mayoritarias, Asaja, COAG y UPA, para explicarles estas propuestas junto a otras (hasta 30) que abarcan también las preocupaciones a nivel nacional del sector.
Se incluye aquí el compromiso del Gobierno de crear una agencia estatal para incrementar la capacidad de inspección y control de lay de la cadena alimentaria, para evitar las ventas a pérdidas.
Asaja, COAG y UPA han valorado estos avances pero han advertido de que habrá más movilizaciones si no hay soluciones concretas, y en eso están trabajando junto al Gobierno, en varios grupos técnicos, antes de volver a reunirse, previsiblemente a mitad de la próxima semana.