El campo español ha logrado, en dos semanas de protestas, numerosas promesas y concesiones del Gobierno que dependen de Bruselas, de donde pueden salir medidas azuzadas por la cercanía de las elecciones y la movilización masiva de los agricultores europeos.
Los payeses y los ganaderos se quejan del infierno burocrático que supone la Política Agraria Común (PAC), pero en la diana están sus exigencias ambientales y, en general, la orientación verde de la UE. España defenderá varias propuestas de simplificación de las normas sobre las condiciones agrarias y medioambientales de la PAC, tales como la derogación de la rotación de cultivos y la relativa a superficies no productivas en el regadío.
Por su parte, la CE permitirá en la campaña 2024 flexibilizar la norma que obliga a los agricultores a mantener parte de sus explotaciones en barbecho.
Esto significa que en vez de tener que dejar yermo el 4 % del terreno cultivable, podrán plantar cultivos fijadores de nitrógeno (lentejas, guisantes o alubias) o en un 7 %, cultivos intermedios -los que crecen entre dos principales y pueden servir como forraje o abono verde-.
Una de las concesiones más concretas al campo es hacer voluntario el cuaderno digital de explotación, que impuso la nueva PAC. Fue una idea del Gobierno español, pero la CE la ve con muy buenos ojos como herramienta para modernizar la gestión, obtener ventajas digitales y registrar la actividad agraria.
Pero son los precios justos y el reparto de márgenes en la cadena la principal reivindicación del campo; España propondrá a la CE actualizar la directiva sobre prácticas comerciales desleales, una norma menos desarrollada que la Ley de la Cadena española. Controlar las importaciones es una ambiciosa reivindicación del sector y España se ha comprometido a defender la reciprocidad en el uso de fitosanitarios en la producción de alimentos importados de terceros países; aparte de mejoras en la eficacia aduanera.