Primero de Mayo

Transcurridos cuatro meses desde la entrada en vigor de la modificación de la reforma laboral de 2012, un nuevo Primero de Mayo se conmemora hoy. En el Día Internacional de los Trabajadores, la lista de retos y reivindicaciones en materia laboral es larga. Esta es la visión que tienen sobre algunos de estos retos cuatro organizaciones sindicales con presencia en la demarcación de Tarragona.

El pasado mes de febrero, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) alcanzó la barrera de los 1.000 euros al mes en catorce pagas, tras un incremento de 35 euros al mes.

La subida, con cierto simbolismo político, queda pronto diluida por el impacto que ha tenido la escalada inflacionista en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Los salarios emergen como uno de los principales puntos de conflictividad, si no el primero ya, en el ámbito laboral.

Lo explica Mercè Puig, secretaria general de CCOO en el Camp de Tarragona: «Los salarios han de subir. No puede ser que no haya un pacto de rentas, y si la gente deja de comprar y hacer su día a día, entraremos en una situación de vértigo». A la vez, «hemos de frenar los precios porque, si no los contenemos, entraremos en una espiral inasumible».

«Muchas grandes empresas -sostiene Mercè Puig- no están en pérdidas, sino que han dejado de ganar dinero, que no es lo mismo. Los salarios deben subir. Si no, la clase trabajadora siempre acaba pagando todas las crisis».

Joan Llort, secretario general de UGT en el Camp de Tarragona, coincide en destacar «la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras en general. De la subida de precios, nos preocupa que después no bajen, lo que puede implicar un frenazo a nivel general».

«Estamos empezando a ver -añade Joan Llort- convenios de empresa firmados, en los que se tenían que incrementar los salarios a precio de IPC, y que ahora las empresas no quieren aplicar. Entendemos que las empresas han de cumplir con lo firmado.

Cuando nos encontramos, además, con que repercuten el incremento de costes en el precio final del producto que fabrican, es más claro que la empresa ha de cumplir [con los incrementos salariales pactados], y empezamos a visualizar los conflictos».

Miguel Moya, secretario general de CGT Baix Camp, va más allá y asegura que «los salarios ya son un elemento de conflictividad, porque hay patronales que han dado órdenes explícitas a las empresas de que no firmen subidas salariales, aunque estén acordadas en los propios convenios colectivos. Las propias patronales no están dispuestas a asumir lo pactado, y debería haber muchos más conflictos laborales abiertos de los que hay, pero si no es así es porque se han instalado el miedo y la desconfianza en las organizaciones sindicales por parte de los trabajadores».

Antoni Veciana, secretario en el Camp de Tarragona de La Intersindical-CSC, destaca que «en todos los convenios que estamos negociando, el punto básico ahora son las tablas salariales, y es evidente que, si miras la evolución del IPC, la última subida del Salario Mínimo Interprofesional ni se ha notado. Debería ser de 1.300 euros al mes. El sistema está llegando a una quiebra por la parte baja y media de la sociedad».

La última entrega de la Encuesta de Población Activa (EPA), difundida esta semana y relativa al primer trimestre del presente 2022, sitúa en un 12,82% la tasa de desempleo en la demarcación de Tarragona (con un 12,18% entre los hombres y un 13,54% entre las mujeres).

Se trata de un porcentaje ligeramente por encima del registrado durante el último trimestre de 2021 (cuando la tasa de desempleo se situó en el 12,62%), pero significativamente mejor que durante el mismo periodo del año anterior, cuando esa tasa alcanzaba el 15,51% de la población activa.

La mejora interanual en el empleo, achacable a la recuperación económica tras el fin de muchos de los ERTE en vigor en 2020 y 2021, añade otra variable: la mejora en los contratos indefinidos, donde el 36,56% de las contrataciones en la demarcación de Tarragona el pasado mes de marzo fueron indefinidas, frente al 13,8% en el mismo mes del año anterior.

¿Hasta qué punto la entrada en vigor, desde el pasado mes de enero, de la modificación de la reforma laboral de 2012, que fija el contrato indefinido como el modelo estándar de empleo, ha incidido en ello? Mercè Puig, de CCOO, destaca que «el acuerdo para la reforma laboral es muy importante y lo seguirá siendo, porque la precariedad es muy elevada y ahora estamos notando que los contratos fijos y fijos-discontinuos han aumentado, lo cual es una mejora en una demarcación como la nuestra, que vive mucho del turismo».

Del mismo parecer se muestra Joan Llort, de UGT, que destaca que, «con la modificación de la reforma laboral, estamos viendo algunas mejoras en contratación: tener un contrato fijo o fijo-discontinuo, para una persona joven significa por ejemplo poder ir a una inmobiliaria para contratar un alquiler. Pienso que los jóvenes podrán tener una salida para ser más independientes. Hoy, un tercio de la contratación ya es fija, y eso es algo importante».

Más crítico se muestra Miguel Moya, de CGT, que califica la modificación de la reforma laboral como «un gran fiasco, porque no soluciona casi nada». En su opinión, «el punto más importante hoy es la precarización y la pérdida de derechos laborales: todos pensábamos que era muy difícil, casi imposible, perder derechos laborales que se habían conseguido, y ahora estamos sorprendidos de con qué facilidad se han perdido».

«Las cifras -prosigue- nos muestran en estos últimos meses incrementos en los contratos indefinidos del 20% y el 30% respecto al año pasado, es cierto, pero la precarización está tan consolidada que el hecho de que un contrato sea fijo no soluciona la situación de los trabajadores, que es agonizante. Necesitan estabilidad y un sueldo digno».

Antoni Veciana, de La Intersindical-CSC, coincide con esta visión crítica: «En su momento, nosotros valoramos negativamente la modificación de la reforma laboral, que pensamos que, básicamente, fue maquillaje».

En su opinión, y contrariamente a otros análisis, no soluciona los problemas laborales de los jóvenes: «Los contratos que puedan tener -sostiene- serán estacionales y muy precarios, y nos encontramos con que los jóvenes tienen, en la mayoría de los casos, contrataciones de segunda, lo que nos conduce a problemas reales de salud mental diagnosticada, que no es extraño que sucedan. La primera causa de mortalidad hoy de los jóvenes no son las drogas ni los accidentes de tráfico, sino el suicidio, y como sindicato entendemos que esto es un drama».

«La precarización de las condiciones laborales y la eliminación de las pensiones -añade Miguel Moya, de CGT- van relacionadas. Los jóvenes son las principales víctimas de la precarización del mercado laboral».

Con una tasa de desempleo del 25,33% entre los catalanes menores de 25 años durante el primer trimestre de este 2022 (frente al 8,79% en la franja de edad entre los 25 y los 54 años, y el 9,41% por encima de los 55 años), «el desempleo juvenil continúa preocupando muchísimo», destaca Mercè Puig, de CCOO, que añade que «una cosa preocupante del territorio es que no se ven proyectos de reindustrialización ni cambio en el modelo turístico, y eso es algo que preocupa por la proyección de futuro que tendremos en nuestro territorio».

Esta falta de condiciones para generar oportunidades es lo que conduce, según Joan Llort, de UGT, a que «no saquemos rendimiento al esfuerzo que hacemos para formar a nuestros jóvenes: al país le cuesta mucho formarlos, y después se van», explica en relación a los jóvenes que cursan estudios superiores.

«Después -prosigue- nos encontramos, como sucedió el año pasado, con muchas plazas de Formación Profesional por cubrir, porque no había profesores, y en el caso de la FP Dual, sin suficientes empresas para poner a esta gente en prácticas».

También en el caso del «desempleo de larga duración -añade Mercè Puig, de CCOO-, que es un problema, la respuesta pasa por un tema de formación». En este punto, «es muy importante que el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) deje de hacer los cursos de formación de toda la vida y se oriente a cursos para cambiar hacia otros sectores de futuro, como las renovables o el vehículo eléctrico».

«No podemos ser competitivos -coincide Joan Llort, de UGT- si no tenemos a la gente preparada, y los cursos del SOC no parece que vayan demasiado alineados en esto, tampoco».

«A la gente joven se le está ofreciendo trabajo basura -añade Miguel Moya, de CGT-, por el hecho de menospreciar sistemáticamente a estas generaciones que vienen, sin impulsar planes de formación adecuados a las necesidades laborales. Nunca ha habido un partido -prosigue- que haya apostado por la FP».

Por otro lado, «tenemos un gran problema con esa bolsa de desempleo que ya no es a partir de los 50 años, sino mucho antes, donde parece que a partir de los 40 años una persona ya esté caduca», añade Miguel Moya. También aquí, «el problema es que el SOC y el SEPE no funcionan, y son meras oficinas gestoras para tramitar una ayuda, cuando se crearon para realizar formaciones continuas y volver a introducir a las personas en el mercado laboral. Eso no ha ocurrido, y sigue sin funcionar».

El pasado 7 de marzo venció el plazo para que las organizaciones con entre 50 y 100 trabajadores elaborasen y registrasen sus planes de igualdad y auditorías retributivas, con el fin de empezar a dar pasos decididos (si todavía no lo habían hecho) en la supresión de las brechas por razones de sexo en el ámbito de la empresa. Pasado el plazo, el camino que queda por delante es largo.

«En conciliación -analiza Mercè Puig, de CCOO-, hemos avanzado mucho gracias a la negociación colectiva, y son unas mejoras que han de verse reflejadas, pero sobre todo hemos de cambiar el hecho de que la mujer es la que se encarga de los cuidados. Es un cambio que se está haciendo, pero cuesta y lo estamos haciendo lentamente».

«La reforma laboral -añade- también ha ayudado en la igualdad, pero todavía existe la brecha salarial y la cuestión de si a las mujeres nos dejan ascender profesionalmente, donde entramos nuevamente en la conciliación».

«Si pasas tantas horas en el trabajo -añade Antoni Veciana, de La Intersindical-CSC-, la conciliación es muy difícil. Y, por el sistema patriarcal instaurado, quien acaba llevándose todo el trabajo [de los cuidados] son las mujeres».

«Los planes de igualdad -prosigue Antoni Veciana- se están elaborando, pero si quedan en una carpeta, en un ordenador que nadie mira nunca más, no tienen sentido».

«En las pequeñas empresas -añade Joan Llort, de UGT- es una cuestión complicada. Los horarios son muy extensos y, respecto a los planes de igualdad, más del 50% de las empresas todavía no los tienen hechos».

Miguel Moya, de CGT, va un poco más atrás, y de nuevo se muestra crítico: «En materia de conciliación hubo ya cambios en 2019, con unas medidas que de manera sistemática las empresas están incumpliendo. Y, con los sueldos tan ínfimos que hay, quién se va a poner con una demanda judicial que te va a costar 700 o 1.000 euros por un tema de derechos, con el que no tendrás indemnización».

Dicho lo cual, «con los planes de igualdad, las principales incumplidoras de la Ley de Igualdad son las administraciones públicas, con lo cual, una vez más, soy escéptico. Sin un adecuado desarrollo de la ley ni un cambio cultural, es imposible llevarlo a cabo».