Foment del Treball ha instado al Govern de la Generalitat a oponerse a que el gravamen temporal impuesto a las compañías energéticas por el Gobierno central se convierta en definitivo, argumentando que esta medida representa un «ataque al corazón de la economía» catalana. La patronal catalana considera que la intención del ejecutivo de Pedro Sánchez de hacer permanente este impuesto, creado en 2022 como respuesta a la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, es una acción discriminatoria hacia un sector que ha visto bajar sus precios a niveles anteriores a la crisis.
Precisamente este lunes el Diari de Tarragona ha podido confirmar que Repsol traslada a Portugal un proyecto de electrolizador previsto para España y que mantiene en «stand-by» todas sus inversiones en el país, a causa del impuesto del gobierno a sus actividades. Así, la «falta de un marco regulador y fiscal estable», en palabras de Repsol, pone en peligro hasta 1.100 millones de euros previstos por la empresa en Tarragona.
En este sentido, Foment del Treball destaca que este impuesto no solo es una carga para las empresas que compiten en mercados internacionales, sino que también amenaza el futuro del polígono químico de Tarragona, aumentando la dependencia energética del país respecto al extranjero. Según la organización, el gravamen actual impacta «desproporcionadamente» en la industria y carece de carácter redistributivo, lo que afecta negativamente las decisiones de inversión y la estabilidad laboral en el sector.
La patronal recuerda que, para alcanzar los objetivos de transición energética comprometidos con la Unión Europea, España necesitará más de 300.000 millones de euros en inversión en los próximos cinco años, y advierte que el impuesto podría hacer que muchos de estos proyectos resulten inviables. Además, Foment del Treball critica el impacto de estas políticas fiscales en la seguridad jurídica y regulatoria del país, argumentando que generan un entorno de inestabilidad y desigualdad entre comunidades autónomas. La posibilidad de que alguna región –como podría ser el caso de Euskadi– compense este impuesto a las empresas locales podría crear un grave agravio comparativo y fomentar la competencia desleal.
Finalmente, la patronal subraya que este gravamen indirecto también afectará a los ciudadanos, ya que incrementará los precios de combustibles como el gasóleo y la gasolina.