Hasta 1.100 millones de euros en una inversión estratégica para el futuro del polo petroquímico de Tarragona penden de un hilo. Mañana martes expira el plazo de alegaciones para tratar de evitar que el impuesto extraordinario a la banca y las grandes energéticas se convierta en permanente y, en consecuencia, active la advertencia hecha hace un año por Repsol: sin un marco legal y fiscal estable, no habrá inversiones en España.
Los proyectos en cuestión son la Ecoplanta de El Morell y el mayor electrolizador de España, asociado a esta planta, que son el buque insignia de la descarbonización del polo petroquímico de Tarragona, además de cruciales para su futuro. Su destino, de consumarse la amenaza, podría ser Portugal.
Por lo pronto, fuentes de Repsol han adelantado hoy al Diari de Tarragona que «Repsol ha decidido invertir en un electrolizador en Sines (Portugal), mientras sus proyectos en España siguen en stand by, por la falta de un marco regulador y fiscal estable».
Lo que hace un año empezó como un párrafo muy medido en el comunicado de presentación de resultados de Repsol -que dejaba caer que el punto del acuerdo de coalición alcanzado por PSOE y Sumar donde se contempla convertir en permanente el impuesto extraordinario sobre la banca y las energéticas conduce a una inseguridad jurídica que podría comprometer sus futuras inversiones en España-, va camino de convertirse en una grave crisis.
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, añadía que «es un impuesto discriminatorio, ilegal e inconstitucional. Hay negocios, como el de la química, que están pagando este impuesto y eso hace que tengan dificultades a la hora de competir en el mercado internacional».
En sus declaraciones públicas tras la presentación de resultados, Josu Jon Imaz iba un paso más allá, al asegurar que «antes de tomar una decisión de inversión, miraremos el entorno regulatorio. Seré claro, cristalino: si no vemos estabilidad, tomaremos decisiones».
Esas decisiones pueden estar a punto de consumarse. Y, con ellas, podrían caer el mayor electrolizador de España (con hasta 150 MW) y la Ecoplanta de El Morell -ambos avalados por la Comisión Europea tras un durísimo proceso de selección competitiva en toda Europa-, que suman una inversión conjunta de 1.050 millones de euros.
Son, de hecho, los dos proyectos estrella que tiene hoy el polo petroquímico de Tarragona para transitar con éxito su descarbonización y circularidad, exhibidos como referente para atraer nuevas inversiones. Su posible cancelación o paso a situación de stand by permanente son un jarro de agua fría para muchas de las ambiciones de este territorio para conseguir una industria descarbonizada, circular y de alto valor añadido en el marco de un continente, el europeo, donde no todos los complejos petroquímicos van a sobrevivir a este proceso.
