El Gobierno ha impuesto 17 sanciones a 12 grandes tenedores por no ofrecer alquiler social a personas y familias en riesgo de exclusión residencial en las comarcas de la vegueria de Tarragona. Lo ha hecho por medio de la Agència Catalana del Consum por un importe global de 425.000 euros.
La ciudad de Tarragona encabeza la lista de municipios con mayor número de expedientes abiertos con 34, a esta le siguen Cambrils con 21 y Reus con 15. En total son 101 las investigaciones que se han abierto por posibles incumplimientos con la normativa.
De estos, solo se han resuelto de momento 17 con sanción económica. Ha habido cuatro multas en Reus y Tarragona, 3 en Cambrils y 2 en Constantí. La penalización ha llegado también a viviendas de L’Aleixar, Mont-roig, Salou y Vila-seca.
Estos datos se extraen del balance del primer año del programa de refuerzo del Govern para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. El programa se impulsó en enero de 2023 en los servicios de la Agència Catalana del Consum, quien se ha hecho cargo del régimen sancionador.
10 propietarios en el Penedès
En el balance también se han sancionado con 350.00 € a 10 grandes propietarios del Penedès. Dentro de la provincia de Tarragona, El Vendrell encabeza la lista con 3 sanciones resueltas.
La capital del Baix Penedès cuenta además con 16 expedientes abiertos. En esta lista también se encuentra Cunit con 11 expedientes abiertos y Calafell y la Bisbal del Penedés con 2. Además, Cunit también suma una sanción resuelta.
En datos globales, la Agència ha abierto hasta el momento un total de 1.242 expedientes a empresas inmobiliarias que son grandes tenedoras de vivienda, para incumplir la obligación legal de ofrecer un realojamiento en régimen de alquiler social.
En el procedimiento de inspección, Consum ha detectado infracciones por no acreditar documentalmente la oferta de alquiler social a personas o familias en situación de vulnerabilidad, antes de iniciar el procedimiento de desahucio.
Así mismo, la Agència ha detectado que 2 grandes tenedores acumulan casi el 52% del total de expedientes incoados por posibles infracciones en la normativa.
De los expedientes sancionadores abiertos, 246 ya se han resuelto con sanción para realizar prácticas que excluyen o limitan los derechos de las personas consumidoras, infracción grave de acuerdo con la Llei del Codi de consum de Catalunya, con multas de hasta 30.000 euros por expediente.
En global, la Agència ha sancionado 79 grandes tenedores, de los cuales 27 acumulan más de un expediente sancionador, y 2 de estas empresas acumulan el 44% del total de expedientes resueltos con sanción.
Las empresas con mayor número de expedientes son Divarian Propiedad, con 423, y Promontoria Coliseum Real Estate, con 221. El resto son el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con 87, Coral Hombres, con 74, y Gramina Hombres, SL, con 44.