La cúpula de Iqoxe se enroca. Como era de esperar, el exconsejero delegado de la compañía, José Luis Morlanes, empezó ayer sin autocrítica la rueda de comparecencias de los máximos responsables de la empresa química ante la jueza que investiga la explosión mortal que, el 14 de enero de 2020, provocó el fallecimiento de dos trabajadores de la planta del polígono sur, así como de un vecino que se encontraba en su domicilio del barrio de Torreforta –a más de 2,5 kilómetros de distancia del reactor–, tras el impacto de una plancha metálica que salió disparada de las instalaciones a raíz del trágico estallido.
De hecho, fuentes presenciales de la declaración de ayer, que se alargó por espacio de cinco horas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, aseguran al Diari que Morlanes realizó una intensa defensa de los protocolos de actuación llevados a cabo por la empresa tras el accidente, hasta el punto de enfatizar ante la jueza Sofía Beltrán Miralles que la gestión de la empresa «evitó» que la explosión «se propagase y contaminara al medioambiente» y provocara «daños mayores», tanto a la población como a las instalaciones.
Las fuentes consultadas por este periódico indican que la magistrada interrogó durante más de tres horas al exalto cargo de Iqoxe, cuestionando al exconsejero delegado tanto en materia laboral como en el sistema de producción del producto MPEG 500, que es el que explotó provocando la tragedia. Sobre lo primero, Morlanes negó que se incrementara la producción y, de hecho, las fuentes resaltan que aseguró a la jueza que la producción de diciembre de 2019 y de enero de 2020 se redujo «entre un 42% y un 34%» respecto al año anterior, lo que se traduciría en 14.000 toneladas menos que en 2013, que es el último año en el que las instalaciones eran de la antigua Iqua.
400 acciones solo 139 días antes
En su declaración, en la que únicamente contestó las preguntas de la jueza, la Fiscalía y de su abogado –Emilio Zegrí–, Morlanes enfatizó a la magistrada que era «desconocido en el mundo» que el MPEG 500 pudiera deflagrar a 350 grados porque no estaba en el listado de sustancias peligrosas, y que la empresa estaría preparada para el peor escenario «contemplado», que era una explosión de óxido de etileno. Esta tesis es la que ya avanzaron hace meses los técnicos del Institut Químic de Sarrià (IQS), a raíz de un informe solicitado por la propia Iqoxe. También detalló que la empresa habría realizado una parada de mantenimiento «con más de 400 actuaciones» solo 139 días antes de la explosión, a la vez que «cumplía» con la dotación de personal necesario según el convenio vigente.
Por su parte, el abogado de Morlanes, Emilio Zegrí, indicó a la salida de la declaración en declaraciones a la Agència Catalana de Notícies (ACN) que «durante los seis años que lleva Iqoxe como propietaria del complejo de La Canonja prevaleció la inversión en mantenimiento y seguridad por encima de los beneficios. Se invirtió más dinero en seguridad, informática y nuevas instalaciones. Solo se repartieron beneficios en uno de los seis ejercicios», afirmó el letrado sobre las explicaciones dadas por Morlanes durante su declaración. Además, el letrado también remarcó «el esfuerzo empresarial» por indemnizar a las familias de las víctimas y a los damnificados. En este sentido, recordó que el 95% de las indemnizaciones están efectuadas. El abogado también se mostró «esperanzado» sobre el resultado de la causa e indicó que la instrucción se cerrará «en breve». El exconsejero delegado de la compañía es el primero de la cúpula directiva de Iqoxe que ha comparecido ante la magistrada de instrucción. Este martes y miércoles lo harán el responsable de seguridad y el director de la planta. Según Zegrí, los directivos han optado por declarar ahora porque la investigación se encuentra al final, lo que les facilita su defensa.
«Sin respuestas»
Tras la declaración de Morlanes, la acusación particular del Ayuntamiento de Tarragona se mostró contundente al exigir que «que se aclaren los hechos con la máxima celeridad y que la justicia actúe con diligencia para determinar si existe responsabilidad de la empresa», según indicó el portavoz del ejecutivo de la Plaça de la Font, Manel Castaño (ERC), quien lamenta que «estas declaraciones llegan tres años después del fatídico accidente de Iqoxe que dejó tres muertes y muchos interrogantes sin respuesta».
Desde la acusación popular de la CUP, la diputada Laia Estrada remarcó que el exconsejero delegado «ha contestado de manera previsible, pero no ha sabido dar una respuesta contundente a las cuestiones planteadas». En este sentido, considera que «se sigue viendo una situación que revela una falta de mecanismos de seguridad adecuada en la sala de control, además de falta de mecanismos suficientes de reacción».
Durante la comparecencia ante la jueza, una representación de la Federación de Vecinos estuvo presente ante el juzgado. «Queremos que salga la verdad, han pasado tres años y seguimos viviendo con miedo», indicó el presidente de la FAVT, Alfonso López. En Comú Podem también estuvo en la concentración. «La sensación existente es que no hay consecuencias para la empresa. Queremos que todo se aclare con las sanciones que correspondan», afirmó el alcaldable el 28M, Jordi Collado. Hoy, segundo round de la explosión que lo cambió todo.
