La esperada declaración de la cúpula de Iqoxe ante la jueza será la próxima semana. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, Sofía Beltrán Miralles, ha citado para el 20, 21 y 22 de marzo a los máximos responsables de la empresa, en cuyas instalaciones hubo una explosión mortal el 14 de enero de 2020 que acabó con la vida de dos trabajadores de la compañía, además de un vecino de Torreforta que se encontraba a casi tres kilómetros de distancia de la planta tras caerle una plancha metálica en su domicilio del barrio de Ponent.
Así, en una notificación firmada el pasado 20 de enero, la jueza prevé escuchar este próximo lunes al director general de la firma, José Luis Morlanes, en calidad de investigado. Asimismo, cita para el martes al director de planta, Juan Manuel Rodríguez Prats, mientras que el responsable de seguridad de hace tres años, Gerard Adrio, comparecerá el día siguiente. Estos últimos también acudirán al juzgado como investigados.
Inicialmente, los tres altos responsables de la firma se acogieron a su derecho constitucional de no prestar declaración. Pese a ello, y tras más de tres años de instrucción, Morlanes, Rodríguez Prats y Adrio solicitaron el pasado mes de noviembre comparecer, en una cita que debía llevarse a cabo justo después de Navidad y que, pese a la huelga de los letrados de la administración de Justícia, está previsto que se realice la próxima semana, según han confirmado este jueves al Diari fuentes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Tras prorrogar varias veces la investigación, ahora el plazo está caducado y ya no se ha decretado ninguna nueva ampliación, por lo que las declaraciones de la cúpula de Iqoxe son, en principio, la última diligencia que se practicará antes de que la juez decida si envía el caso o no a juicio y, en caso de que lo haga, a quien acusa de poder haber cometido presuntos delitos. Recientemente ya cerró la pieza de los presuntos vertidos al mar.
Suspendido el de TGN Radio
La declaración llega en el marco de la huelga de letrados, que ha anulado juicios y declaraciones. Sin ir más lejos, la pasada semana afectó al caso de la querella del exgerente de Tarragona Radio Josep Maria Bonet contra la concejal Paula Varas (ERC) y la vicesecretaria general del Ayuntamiento de Tarragona, Núria Pallarès, por suplantación y usurpación de identidad y usurpación de atribuciones en el pago del impuesto del IRPF correspondiente al ejercicio 2019 de la compañía municipal, al haber usado, presuntamente, su firma digital tras haber sido cesado. La comparecencia de Varas y Pallarès debía ser el pasado jueves, pero finalmente se ha aplazado hasta finales de año.
