Este sábado se cumplen exactamente tres años del trágico 14 de enero de 2020 en el que fallecieron tres personas a raíz de la explosión de un reactor de la planta que la empresa Iqoxe tiene en el polígono sur, entre Tarragona y La Canonja.
Más de mil días después del peor accidente que hasta la fecha ha sufrido la química situada en el territorio tarraconense, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1, Sofía Beltrán Miralles, ultima la investigación de un caso que ha dividido en tres partes –la de la explosión, la de las licencias y la medioambiental– entre las cuales, de momento, hay cinco personas que tienen la condición de investigados, además de la propia compañía.
Finalizada la instrucción de la pieza que estudia los presuntos vertidos al mar, en la que siguen encausados cinco responsables de la empresa pero en la que se han sobreseído las indagaciones sobre otros siete, ahora la magistrada Beltrán está pendiente del resultado de las últimas diligencias practicadas para cerrar su análisis tanto de la pieza principal como la que valora si el reactor tenía los permisos en regla o bien mantenía actividad de forma «clandestina», según sospecha la juez en uno de sus autos.
Pese a que al inicio de la investigación los directivos de la cúpula de Iqoxe se acogieron ante la juez a su derecho constitucional a no declarar, ahora el Diari ha podido contrastar que, finalmente, tres de los principales responsables de la compañía, como son el director general –José Luis Morlanes–; el de planta –Juan Manuel Rodríguez Prats–; y el que era de seguridad en 2020– Gerard Adrio–, solicitaron el pasado mes de noviembre comparecer ante la magistrada, que los ha citado para este próximo viernes 20 de enero y el lunes día 23.
En los escritos presentados por los investigados se indica que estos optaron inicialmente por no declarar «en tanto se desconocía la totalidad de lo hasta entonces actuado» en la causa, que consta de hasta 13.000 folios.
Tras prorrogar varias veces la instrucción, ahora el plazo está caducado y ya no se ha decretado ninguna nueva ampliación de plazo, por lo que las declaraciones de la cúpula de Iqoxe son, en principio, la última diligencia que se practicará antes de que la juez decida si envía el caso o no a juicio y, en caso de que lo haga, a quien acusa de poder haber cometido presuntos delitos.
AEQT: auditorías en 2023
Paralelamente, ayer el presidente de la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Ignasi Cañagueral, destacó en declaraciones a este periódico que, tres años después, «el accidente nos ha servido para seguir avanzando en dos líneas que siempre han sido prioritarias: la seguridad y el diálogo y la transparencia».
Sobre el primer punto, el directivo de la patronal química avanza que este 2023 ya se llevarán a cabo «auditorías certificadas externamente», para que las firmas del sector tarraconenses logren «estándares de excelencia» y «consoliden» a Tarragona como «referente internacional de la seguridad de la industria química».
Cañagueral recalca «el esfuerzo» que la AEQT lleva a cabo «en el contacto continuo con el territorio», con «cientos de reuniones periódicas con administraciones, entidades vecinales, entidades sociales y ambientales, sindicatos, mundo económico y Paneles Públicos Asesores».
A la espera del estudio del aire
Paralelamente, ayer la concejal de Medi Ambient del Ayuntamiento de Tarragona, Eva Miguel, cargó contra la propia AEQT y la Generalitat de Catalunya. La concejal de la CUP denunció que el Govern no ha facilitado al Consistorio los expedientes sancionadores en materia de medio ambiente abiertos contra la industria petroquímica solicitados por la concejalía de la Plaça de la Font. Paralelamente, la corporación local asegura que requirió también esta información a la AEQT, que tampoco la ha aportado porque no dispone de ella.
Por ello, la edil del ejecutivo local afirma que el Ayuntamiento está solicitando ahora esta información «empresa por empresa». Por su parte, la diputada Laia Estrada reclama un informe sobre el seguimiento de las conclusiones de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica y lamenta que, en tres años, «no ha habido cambios significativos» en una legislación que «es muy laxa».
El Ayuntamiento sigue también a la espera de licitar el estudio sobre la calidad del aire. Ayer, la edil Miguel lamentó el retraso y anunció que la previsión es que el pliego de condiciones pueda pasar por el pleno municipal «antes de acabar este mandato», en junio de este año.