Pese a que la magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, Sofía Beltrán, ha abierto una investigación judicial para determinar si Iqoxe realizó presuntos vertidos ilegales al mar, este miércoles el Govern ha negado estos hechos y defiende que las inspecciones ambientales realizadas entre 2014 y 2019 en la empresa del polígono sur «no indicaban ningún riesgo de la explosión» que hubo el 14 de enero de 2020 y que acabó con la vida de tres personas.
Así lo ha asegurado en comisión parlamentaria la secretaria de Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, Anna Barnadas, quién enfatiza que «el informe del ACA desmiente» los indicios apuntados por la jueza, que analiza si «el tipo de productos que se realizaban impedía la depuración de la totalidad de los residuos a través de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)». Sobre ello, Lucas Ferro (ECP) muestra su oposición a las palabras de Barnadas, preguntándose «¿por qué la jueza investiga estos presuntos vertidos si esto formaba parte de las inspecciones de su departamento? ¿Ha fallado el Govern?».
Durante su comparecencia en el Parc de la Ciutadella, la alto cargo de la administración autonómica ha detallado que, en 2019 –pocos meses antes del siniestro–, el Govern realizó un informe de «no adecuación ambiental» a Iqoxe. De hecho, Barnadas especifica que, desde 2014, la compañía recibió hasta cuatro documentos desfavorables por parte de los técnicos de Medi Ambient, si bien relativiza esta circunstancia. «Los motivos de la no conformidad eran de rango menor y no hacían prever nada de lo que pasó posteriormente. Si hubiéramos apreciado que existía riesgo de explosión esto no se habría quedado en un informe, sino que se habría abierto un expediente sancionador», afirma Barnadas, quien recalca que los déficits que se encontraron «fueron revisados», por lo que «no hubo motivos para suspender la autoritzación ambiental». Junts y ERC, que gobiernan la Generalitat, mantienen un perfil bajo y apuestan por implementar «medidas para mejorar la información y la transparencia» y «garantizar que se hagan las inspecciones programadas», según indica Carles Castillo (ERC).
Malestar en CUP, ECP y PSC
La valoración de la representante del Govern no ha gustado nada a la CUP y En Comú Podem, que acusan a Barnadas de «tener el mismo discurso que la empresa y el sector», recordando que «la ciudadanía de Tarragona tiene la percepción de inseguridad con la química» tras el accidente mortal de hace 27 meses, según afirma la cupaire Laia Estrada. En este sentido, la representante del Govern niega la mayor y asegura que «los datos nos dicen que esta percepción no se corresponde con el riesgo y el peligro real».
Por si no fuera poco, la alto cargo autonómica también se desmarca de la apuesta del Ayuntamiento de Tarragona por llevar a cabo un estudio propio e independiente de la calidad del aire. «Ahora tenemos hasta diez estaciones que analizan la calidad atmosférica de manera continua. La red de vigilancia es muy potente», afirma en referencia al control actual que se lleva a cabo por parte de la Generalitat. Tras estas palabras, Estrada lamentó que «se banaliza el riesgo petroquímico y se evidencia la connivencia política y la opacidad que hay».
El PSC tampoco sale satisfecho de la comisión. «No se han contestado cuestiones como las medidas implementadas desde el accidente ni los recursos económicos que se han destinado», lamenta Silvia Paneque (PSC), mientras que Marina Bravo (Cs) exige «la implementación del Plaseqta» para «garantizar la seguridad». Dos años después de la tragedia la realidad es que hay más preguntas que nunca... y la percepción de no tener ninguna certeza.
