La cúpula directiva de Iqoxe declarará dentro de dos meses ante la magistrada que investiga las causas y los posibles culpables de la explosión mortal que el 14 de enero de 2020 acabó con la vida de tres personas. Según ha podido saber el Diari, la juez del Juzgado de Instrucción número 1, Sofía Beltrán Miralles, ha citado a mediados del próximo mes de marzo al director general, al director de planta y al que lo era de seguridad en 2020 para tomarles declaración.
Así lo notificó el pasado viernes la juez a las partes, en una diligencia de ordenación en la que acuerda suspender las declaraciones previstas para la semana pasada por la petición presentada por parte del director general de la compañía, José Luis Morlanes, así como por «necesidades de agenda de este juzgado». En este sentido, la magistrado señala que el máximo responsable de Iqoxe deberá prestar declaración «en calidad de investigado» el próximo 20 de marzo. Asimismo, cita para el día siguiente al director de planta, Juan Manuel Rodríguez Prats, mientras que el responsable de seguridad de hace tres años, Gerard Adrio, comparecerá el 22 de marzo. Estos últimos también acudirán al juzgado como investigados.
Inicialmente, los tres altos responsables de la firma se acogieron a su derecho constitucional de no prestar declaración. Pese a ello, y tras casi tres años de instrucción, Morlanes, Rodríguez Prats y Adrio solicitaron el pasado mes de noviembre comparecer, en una cita que debía llevarse a cabo justo después de Navidad pero que, ahora, todo parece indicar que se retrasará hasta las puertas de Semana Santa.
Una causa con 13.000 folios
En los escritos presentados por los investigados se indica que estos optaron inicialmente por no declarar «en tanto se desconocía la totalidad de lo hasta entonces actuado» en la causa, que consta de hasta 13.000 folios. Tras prorrogar varias veces la instrucción, ahora el plazo está caducado y ya no se ha decretado ninguna nueva ampliación de plazo, por lo que las declaraciones de la cúpula de Iqoxe son, en principio, la última diligencia que se practicará antes de que la juez decida si envía el caso o no a juicio y, en caso de que lo haga, a quien acusa de poder haber cometido presuntos delitos.
Las declaraciones debían llevarse a cabo la pasada semana, pero se suspendieron
Finalizada la instrucción de la pieza que estudia los presuntos vertidos al mar, en la que siguen encausados cinco responsables de la empresa pero en la que se han sobreseido las indagaciones sobre otros siete, ahora la magistrada Beltrán está pendiente del resultado de las últimas diligencias practicadas para cerrar su análisis tanto de la pieza principal como la que valora si el reactor tenía los permisos en regla o bien mantenía actividad de forma «clandestina», según sospecha la juez en uno de sus autos.
Asimismo, pasados tres años desde la trágica explosión, la pasada también trascendió que Catalunya en Comú ha decidido retirar su acusación popular, al entender que ya es «innecesaria» debido a la «prolífica investigación» y a la «pluralidad de acusaciones populares representadas»