Iqoxe realizó vertidos de aguas contaminantes directamente al mar ideando un sistema para diluir las aguas residuales y alterar las analíticas. Así lo concluye el Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona en la interlocutoria que cierra la investigación de la pieza separada por un supuesto delito contra el medio ambiente por los vertidos hechos desde la depuradora de la empresa. Relata que la planta, construida el 1995, no tenía «capacidad suficiente para depurar los residuos» y sostiene que los directivos de la empresa manipularon las aguas y uno de los tanques para superar las inspecciones de la Agència Catalana del Agua (ACA).
El instructor ha iniciado el procedimiento abreviado previo a la apertura de juicio oral contra la sociedad y seis de sus responsables.
La estrategia de ocultamiento de los vertidos al mar que el juez atribuye a los directivos de Iqoxe se habría desarrollado «en un contexto de aumento de producción y progresiva utilización de materiales difícilmente degradables», como los de la familia de los Metoxipolietilenglicol (MPEG), así como para «enmascarar los derrames con el uso de productos desespumantes y para ocultar los datos reales de contaminación a los organismos de control».
El periodo investigado comprende entre los años 2017 y el momento de la explosión a la planta situada en el término de La Canonja, el 14 de enero de 2020. Ante «el elevado coste» que podrían suponer las inversiones necesarias para solucionar el problema de una depuradora poco preparada para recibir el volumen y tipo de aguas residuales producidos en la sección de derivados a consecuencia de la ampliación de los últimos años, apunta el juez, los responsables de Iqoxe optaron para verterlas. Mediante un ‘bypass’ se desvió la carga residual que llegaba a la planta hacia el canal que desemboca al Port de Tarragona, en una zona próxima en la playa de La Pineda.
Según precisa la interlocutoria, se tiró « directamente agua sin depurar en el canal de refrigeración», mayoritariamente por las noches y los fines de semana para evitar ser detectados. Además, desde el año 2015, los responsables de la estación añadieron agua limpia a la salida de la depuradora proveniente del tanque contraincendios para diluirla.
Para diluir las aguas residuales también se utilizó Aquamax, un producto que «produce un peligro crónico para el medio ambiente acuático» así como también «mortal para las personas en caso de ingestión y penetración a las vías respiratorias», según apunta el juez.
Cuando se derramaba al mar agua no tratada y salía espuma, se aplicaba este producto para disolverla. La operación se efectuaba mediante un tanque con aspersores o de forma manual vaciando directamente garrafas por parte de los operarios. Con la puesta en marcha de la planta U-3100, en 2017 la empresa incrementó más de un 300% la compra de este anulador de espuma.
Según se argumenta en la interlocutoria, las cantidades de contaminantes derramadas directamente habrían superado los límites anuales que permite el ACA y contribuyendo de forma «muy significativa a la contaminación de esta zona de la costa» así como al hecho que «el estado de calidad de esta masa de agua sea considerada como mala». Esto, añadido al uso de Aquamax, habría producido un «daño sustancial al medio», según el Instituto Nacional de Toxicología.
El hecho de que la depuradora no podía asumir los vertidos de la empresa recibidos y las aportaciones de productos derivados implicaba que los valores de las aguas residuales que salían por el colector submarino ofrecieran valores anómalos y se alteraban con productos nocivos. En este ámbito, el juez apunta que se puso en marcha la práctica de alterar analíticas para evitar sanciones y posteriores inspecciones.
Al cierre de la investigación, el juez ha imputado a José Luis Morlanes y José Manuel Rodríguez, accionista y director de Iqoxe, respectivamente, puesto que considera que «se estaría ante una conducta organizada y continuada de la empresa». También señala a Gerard Adrio, jefe del Departamento de Servicios Generales, tampoco de Seguridad, Medio ambiente, Prevención de Riesgos Laborales y Calidad y Manuel Montoro, responsable del laboratorio de la empresa. El juez cree que tuvo un «papel relevante dentro de la dinámica organizada de los vertidos de aguas residuales», igual que César Sanz, responsable de tecnología y del laboratorio.