Los Mossos d’Esquadra apuntan a la cúpula de Iqoxe en la pieza separada de la investigación sobre los presuntos vertidos al mar. Según ha podido saber el Diari, el Àrea de Medi Ambient de la policía autonómica ha solicitado a la jueza del caso de la trágica explosión del 14 de enero de 2020 que, en la parte del análisis judicial que se está centrando en los residuos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), acuse ahora a cinco altos responsables de la compañía, al entender que habrían podido cometer posibles delitos relacionados contra los recursos naturales y el medioambiente, así como por falsedad documental.
La petición del cuerpo de seguridad se centra en el CEO de la empresa; el jefe de la fábrica Iqoxe de Tarragona; el responsable del departamento de Serveis Generals; el responsable a nivel tecnológico de la firma; y a un empleado que habría «creado resultados falsos» para «encubrir el delito medioambiental». Todo esto se indica en el informe final de la pieza separada que la policía autonómica entregó el pasado 14 de julio al a magistrada del Juzgado de Instrucción número uno de Tarragona, Sofía Beltrán, al que ha tenido acceso este periódico.
Esta investigación separada estudia, según un auto de la jueza que forma parte de la instrucción, «si el tipo de productos que se realizaban impedía la depuración de la totalidad de los residuos a través de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)», a a vez que vería indicios de que «la dirección de la empresa había dado órdenes a los trabajadores para que procedieran a verter los residuos».
«Trama para verter aguas»
Ahora, la unidad de los Mossos que ha llevado a cabo una investigación propia avala la tesis de la magistrada, al considerar que la compañía «mediante sus directivos, jefes de producción y tecnología, junto al encargado del laboratorio», habrían «construido una trama para verter las aguas residuales de la empresa al canal del agua de mar», un hecho que «no estaba permitido en la autorización ambiental vigente». Según los Mossos, este sistema comportaría que las aguas residuales «fueran a parar al Port de Tarragona», lo que habría hecho que «no fueran detectadas por la administración aplicando Aquamax EC3332A y menospreciando que esto suponía un daño sustancial considerable para el medioambiente», así como «un riesgo para las personas que entraran en contacto con aquellas aguas contaminadas».
A juicio del informe de los Mossos, se trataría de una situación «que fue sostenida en el tiempo, estando dotada de infraestructura por parte de la empresa», ya que «gracias al delito medioambiental perpetrado» Iqoxe «logró los objetivos establecidos por su CEO, aumentando la producción de derivados año tras año». Asimismo, el análisis del Àrea Central de Medi Ambient concluye que el sistema presuntamente diseñado «suponía una ventaja competitiva», ya que «la depuración de las aguas no se gravaba en el precio final de sus productos» porque «no se depuraban» y, por lo tanto, le permitía reducir costes».
A raíz de ello, los Mossos consideran que, por lo que se refiere a los delitos medioambientales, estos contarían con «agravantes» por «falsear y ocultar información y facilitar datos falsos a la administración», «obstaculizando la actividad inspectora» y «ocultando lo que realmente se estaba vertiendo». Asimismo, los agentes también proponen el delito de falsedad documental «cometido de manera recurrente» por «presentar valores falsos de autocontrol de los vertidos, firmando además las muestras recogidas sabiendo que estaban falseadas».
«No creo que se haya hecho»
Tras recibir el informe de los Mossos d’Esquadra, la jueza del caso dictó un auto el pasado 7 de septiembre en el que consolidó su tesis de que se habrían vertido residuos «especialmente en los turnos de noche y de fin de semana».
Por ello, en esta nueva resolución Sofía Beltrán dio un paso más en la investigación y citó a declarar al responsable de la empresa Iqoxe a nivel tecnológico en calidad de investigado, al considerar que este habría «ideado un sistema de dilución del agua» con el mismo líquido «del sistema de control de incendios», a fin de que «no se detectaran valores de emisión de contaminantes por encima de los límites». En el documento, la jueza añade que el imputado «formaba parte de los órganos de dirección» de la empresa.
Este alto responsable de la firma (C.S.A) prestó declaración ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número uno el pasado 28 de septiembre. En su comparecencia, el alto cargo testificó «no ser conocedor» de que existiera el sistema para derivar aguas de salida de la depurada, según sospechan los Mossos, a la vez que negó ser el responsable «de definir los puntos de toma de muestras ni de las analíticas». En este sentido, C.S.A aseguró también «no haber participado nunca en ningún sistema para la disolución de aguas», a la vez que reiteraba que «no creo que se haya hecho nada parecido» a lo apuntado en el informe de los Mossos.
La jueza citó a declarar el 28 de septiembre a uno de los cargos, que niega saber nada de vertidos
