Aterrizado en Tarragona en el año 2015, Robert empezó a vivir de alquiler en una habitación de una vivienda que era de una mujer: «Una amiga mía me recomendó venir a Tarragona porque decía que había trabajo en Reus, en la recogida de olivas».
«De pronto, me metieron una carta por debajo de la puerta, en la que decía que debía abandonar el piso», recuerda Robert, que denuncia que la propietaria tenía una deuda con el banco: «Yo le pagué tres meses, pero de golpe ella se marchó de un día para el otro sin dejar rastro», manifiesta.
La propiedad pasó a manos de un gran tenedor: «Me quedé solo aquí y sin saber qué hacer; me había quedado sin trabajo, sin dinero y tenía tanto miedo de quedarme en la calle que estuve muy en shock, e incluso ahora hay veces que me siento así», indica.
Hace diez años de todo este episodio. Diez años en los que Robert ha estado trabajando y luchando a capa y espada porque no lo echen del piso y por intentar regularizar su situación: «Han intentado desahuciarme, me han ofrecido hasta 3.000 euros para que me vaya... pero, ¿dónde me voy? Yo lo que quiero es vivir aquí y pagar un alquiler con base en mis ingresos», argumenta.
«De pronto, me metieron una carta por debajo de la puerta, en la que decía que debía abandonar el piso»
La propiedad del inmueble dictaminó hasta tres desahucios, que finalmente pudieron detenerse. Este testimonio acudió a Servicios Sociales y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Tarragona con el objetivo de obtener un arrendamiento de tipo social.
La orden de desahucio aún seguía activa y, en diciembre de 2023, se detuvo el desalojo por cuarta vez. No obstante, se le dijo que el 1 de febrero de 2024 se efectuaría. Al tener una orden de desahucio activa, entró en la mesa de emergencia para poder tener acceso a alquileres sociales.
«Han intentado desahuciarme, me han ofrecido hasta 3.000 euros para que me vaya... pero, ¿dónde me voy?»
Huelga decir que hay una amplia lista de espera para poder acceder a ellos. A pocos días de que se produjera el desalojo, se le comunicó que se le había aprobado la solicitud. Sin embargo, también se le dijo que, en ese momento, no había pisos disponibles para que pudiera entrar. Con lo cual, iba a quedarse en la calle sí o sí.
«Creo que la propiedad pensaba que yo era un yonqui o un delincuente que estaba viviendo aquí por la cara, hasta que aporté el certificado de vulnerabilidad», cuenta Robert. Con el apoyo de la PAH, volvió a hablar con la propiedad sobre su situación, y consultó sobre la posibilidad de entrar en el programa de realojamiento de la Generalitat.
«Creo que la propiedad pensaba que yo era un yonqui o un delincuente que estaba viviendo aquí por la cara»
Eso suponía que abonaría un alquiler social y que el resto correría a cargo de la Administración. Actualmente, está en proceso de terminar de entrar en este programa e invirtiendo dinero para reformar algunas partes de la vivienda.
