Joana (nombre ficticio) vive de alquiler en un modesto piso del barrio Misericòrdia de Reus. Cobra 300 € porque está en ERTE parcial desde hace medio año a causa de la pandemia pero, como tanta otra gente, no cobra la retribución y no sabe hasta cuándo tendrá que esperar para recibir el ingreso económico. Su marido, además, no tiene prestación del SEPE y no recibe ayudas sociales.
A finales de diciembre recibieron una carta judicial que les anunciaba que en un mes y medio serían desahuciados. Su situación familiar es extrema y con niños al cargo dicen no poder asumir los 430 € mensuales que cuesta el piso. «No teníamos otra que elegir: o comes o pagas el alquiler», señala Joana.
La mujer se ha puesto en contacto con el Diari con la voluntad de denunciar la situación: «Quiero que se sepa que el Real Decreto-Ley 1/2021 es una mentira. Pensábamos que en esta situación no nos podían echar». Según explica, todavía no se le ha asignado un abogado de oficio y asegura que no quiere volver a recurrir a Serveis Socials porque «me dijeron que podía asumir el pago del alquiler y me derivaron a Cáritas».
El caso de esta familia no es aislado. El problema de la vivienda y del pago del alquiler afecta a todo el Estado y en Reus varias entidades se han encargado de resaltar que la capital del Baix Camp no es una excepción. De hecho, el Sindicat de l’Habitatge de Reus (SHR) –creado en diciembre de 2020– ya ha frenado, en un mes, dos desalojos en la ciudad. El último, en el barrio Fortuny: una madre y una hija que viven en un inmueble ocupado. La familia no tiene ingresos y pidió un alquiler social. A pesar de cumplir todos los requisitos, al no tener papeles no podían optar a la ayuda. «La nueva ley no hace más que alargar el sufrimiento de las familias, ya que pone parches… Cuando acabe el Estado de Alarma en mayo vendrá lo peor, nos enfrentaremos a una gran crisis», señala Issam Ourdriss, portavoz del SHR.
Durante el confinamiento, el gobierno del Estado impulsó el Real Decreto Ley 11/2020 que paró los lanzamientos en proceso de ejecución para los que no podían hacer frente a los pagos. En enero, se cambió de nuevo la regulación ampliando el término impidiendo expulsar a inquilinos vulnerables mientras dure el Estado de Alarma -en principio, el 9 de mayo.
¿Cómo es posible, entonces, que durante estos meses se hayan ejecutado lanzamientos? Todo depende de las valoraciones judiciales, que se fijan en las condiciones del propietario y del inquilino al valorar si son amparados por la Ley. Para ello hay dos condiciones básicas: que se trate de un gran tenedor de vivienda –más de 10– y que haya un informe de asistencia social que acredite la vulnerabilidad de la persona que se quiere desahuciar.
Según especifica Francesc Garriga, abogado miembro de la sección colegial reusense de Defensa de la Propietat Privada, un grupo de jueces de Barcelona decidió unificar el criterio para afrontar este tipo de juicios. Garriga detalla, además, que «la ley permite que se paralice el lanzamiento, pero el proceso de desahucio sigue», e indica que «si se trata de una demanda hecha antes del Decreto, este no se aplica».
El papel municipal
Durante 2020, desde los Serveis Socials del Ayuntamiento de Reus se trabajó en 342 expedientes con procedimiento judicial por desalojo (175 expedientes abiertos en años anteriores y 167 abiertos el año pasado). Del total de 107 expedientes con fecha marcada de lanzamiento –los otros 235 aún no tienen plazo definido– el consistorio ha intervenido en la paralización de lanzamientos en 90 expedientes, lo que ha comportado frenar, 96 veces, un desalojo. Estas cifras, facilitadas por el propio consistorio, indican también que el 60% de los casos en los que se ha podido parar un lanzamiento se trataba de un caso de un gran tenedor de vivienda y, en el 40% restante de un pequeño propietario.
El gobierno local reconoce que el de la vivienda es «un problema complejo que afecta muchos agentes implicados». En ese aspecto, subraya que «el margen de maniobra de los consistorios es limitado, tanto en el ámbito competencial como de recursos». Aun así, explica que Reus se sumó en 2013 al Protocolo de ejecución de las diligencias de lanzamientos a los partidos judiciales de Catalunya, una adhesión con el objetivo de coordinar instituciones en la ejecución de diligencias de lanzamientos y realizar acciones para poder ayudar y mejorar la situación de familias en situación de vulnerabilidad social pendientes de una diligencia de lanzamiento en un procedimiento de desalojo, ejecución hipotecaria o similar.
Según fuentes municipales, en el trabajo de prevención de situaciones de riesgo, los servicios municipales hacen tareas de apoyo y acompañamiento para ayudar a evitar a las familias la pérdida de la vivienda. Además, también ofrecen un servicio de asesoramiento de la deuda hipotecaria así como ayudas para evitar la pérdida de la vivienda o como trabajo comunitario. En colaboración con las entidades de vecinos y en el marco del plan de desarrollo comunitario de los barrios Gaudí y Sant Josep Obrer, el ayuntamiento trabaja soluciones para casos de ocupaciones de familias vulnerables no conflictivas.
En ese aspecto, desde las arcas municipales se muestran «satisfechos con el funcionamiento del protocolo» y aseguran tener una máxima colaboración con los juzgados «compartimos la voluntad de dar soluciones a los problemas de vivienda de las familias con vulnerabilidad».
Políticas «insuficientes»
Para el Sindicat de l’Habitatge y la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Reus, estas son medidas insuficientes. Así lo defiende Issam que señala que «ni aun invirtiendo todos los recursos municipales en materia de vivienda solucionaríamos el problema. Estamos en una situación desbordada, desde mediados de abril hasta mayo tenemos el calendario pleno de lanzamientos que paralizar, no pararemos». Para ellos, la única solución posible es invertir en la creación de un parque de viviendas.
«Los desahucios han incrementado porque la gente es más pobre, muchos no pueden pagar los alquileres o las hipotecas porque han pasado a estar en el paro, o en ERTE y sin cobrarlo» analiza Sandra Casanova, portavoz de la PAH, que añade que «el estatus económico ha cambiado totalmente y si te pones en esta situación, primero pagas la comida, luego la vivienda». Así lo comparte Ourdriss, del SHR, que señala que en Reus hay muchos barrios que están sufriendo la crisis económica: «Desde barrios obreros de la periferia hasta céntricos... el Gaudí, el Juroca, la Sardana, el Fortuny o el Carme. No se trata de casos aislados».
En la búsqueda de soluciones, Casanova señala que «hay muchos edificios en Reus que solo tienen tres pisos ocupados, lo restante está vacío y nadie los pone en alquiler social». Otro fallo, a su parecer es «la cantidad de edificios viejos vacíos, que deberían rehabilitarse para ponerse a disposición de la gente». En ese aspecto, defiende que Serveis Socials «no da las herramientas necesarias» y que a la gente «no le queda más remedio que ocupar ante la falta de soluciones a todos los niveles».
Desde el Sindicat de l’Habitatge también cargan contra el consistorio, señalando que a las técnicas de Serveis Socials les faltan herramientas y añadiendo que, a su parecer, «es intolerable la actitud política. Cuando pedimos ayuda solo nos responden que falta un parque de viviendas y lanzan pelotas fuera trasladando la responsabilidad a la Generalitat». Según explica, el SHR está creciendo a un ritmo vertiginoso «algo que demuestra que la política institucional no es la solución». Para él, el mayor fallo es que muchas veces no se dan informes de vulnerabilidad a quien cumple los requisitos y eso implica no poder evitar desalojos. «Se debería separar por quien tiene techo y quien no tiene, ese debería ser el único criterio», concluye.