Durante los últimos años, uno de los problemas sociales de compleja resolución son las okupaciones. A pesar de la modificación de las leyes para poder frenar este problema, los municipios con un gran parque de vivienda (segundas residencias o promociones sin vender) han sufrido este problema, que muchas veces ha terminado con conflictos vecinales de difícil solución por la ambigüedad de la misma normativa.
En Roda de Berà no han estado exentos de las okupaciones, unas más anónimas y tranquilas, otras más conflictivas, como las de enero de 2020. A raíz de esta lacra social, el Ayuntamiento decidió impulsar una mesa interdisciplinar de la vivienda, «donde pudiéramos consensuar estrategias y poder hacer frente a este problema social y buscar soluciones para minimizarlo, ya que es prácticamente imposible erradicarlo», explica el alcalde Pere Virgili.
La mesa está compuesta por la Policía Local, Serveis Socials, Servesi Jurídics y otras áreas municipales directamente relacionadas en este ámbito. Y las reuniones celebradas periódicamente en los últimos meses buscaban líneas de actuación para «lograr una rebaja de las okupaciones y buscar soluciones para Roda de Berà», dice el alcalde, quien admite que es una competencia autonómica en la que «los municipios podemos aportar nuestro granito de arena».
El plan de inspección
Entre las diferentes propuestas debatidas en esta mesa interdisciplinar se propuso elaborar un plan de inspección de viviendas vacías de la localidad y conocer su disponibilidad para un alquiler social.
El Ayuntamiento de Roda de Berà se inscribió en el registro de viviendas vacías de la Agència de l’Habitatge de Catalunya y empezó a trabajar en su propio censo de pisos cerrados.
El informe se terminó y se hizo público el mes de enero. En él se razona la necesidad de actualizar un censo de las viviendas de Roda de Berà y localizar aquellas que están en pocas manos, grandes tenedores. Y lógicamente vacías.
En el caso de Roda de Berà, los bancos, fondos de inversión y alguna que otra firma inmobiliaria son los titulares de unas 80 viviendas vacías de la localidad. El Ayuntamiento no ha entrado en cuántas tiene cada uno, pero para formar parte de esta lista el titular de las viviendas dispone de un parque de diez o más pisos en la localidad.
Análisis y comprobación
«Ahora debemos analizar la situación de cada uno de estos pisos de la lista y si encontramos que llevan más de dos años vacíos, sin nadie empadronado y los consumos de agua, luz... no existen en este plazo de 24 meses, entonces podremos aplicar uno de los artículos sobre el IBI, en el que se aplicará una recarga del 50% por esta razón», explica el alcalde.
Esta modificación del impuesto se aprobó en las ordenanzas fiscales de 2020 y entró en vigorel pasado año, si bien aún nadie ha recibido este incremento del impuesto. Pero con la ordenanza ya activada, sí puede aplicarse el recargo cuando sea necesario y si en estos próximos meses se comprueba que hay pisos vacíos de larga duración, el Ayuntamiento activará este incremento.
Pere Virgili es muy consciente de que la posibilidad de demostrar estos condicionantes de vivienda vacía de larga duración no será fácil, ya que si el piso investigado registra actividad (por ejemplo, alquiler temporal), la recarga impositiva no puede aplicarse. «Seguramente nos harán algún dribling para no pagar más, pero lo que queremos es poder activar este alquiler social», añade el alcalde.
En el pleno ordinario del mes pasado se aprobó por unanimidad este plan de inspección y la idea del gobierno es que durante estos próximos meses de 2022 se puedan comprobar todas y cada una de estas viviendas vacías de larga duración y poder recargar o no el IBI el próximo año en función de lo que se encuentre. «Es un trabajo complejo y que nos gustaría tenerlo listo para final de año», concluye Virgili.
Roda justifica esta estrategia en la vivienda en la Llei 18/2007 de diciembre del «Derecho a la vivienda». En los diferentes artículos se ampara la función social que deben tener los pisos «desocupados de forma permanente e injustificada».
El Ayuntamiento, además de dinamizar el parque de vivienda vacía existente, quiere firmar un convenio con la Agència de l’Habitatge de Catalunya para evitar la desocupación permanente y aumentar el alquier con precios moderados. Y en este sentido, la propuesta es una bolsa de vivienda de alquiler local que sumaría los cinco pisos de titularidad municipal y todos aquellos vacíos que quisieran participar.