Después de cuatro años de dar los primeros pasos, el Ayuntamiento de Salou dispone ya de una regulación propia para las viviendas de uso turístico. Se trata de la tercera localidad tarraconense que aprueba una normativa específica para este tipo de alojamientos, tras Roda de Berà y Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Una ordenanza que pone orden a una actividad que llevan a cabo más de 6.600 viviendas de la ciudad y que se aprobó en el pleno de ayer con críticas por parte de la oposición y la amenaza de impugnación que ha dejado en el aire la Associació d’Apartaments Turístics.
La ordenanza se ha elaborado de la mano de la Cátedra Unesco de Vivienda de la URV y sirve para regular los requisitos previos y las obligaciones de los propietarios que gestionan este tipo de pisos, además de crear un régimen sancionador. En este sentido, el texto contempla multas de hasta 600.000 euros en los casos más graves. Así, se considerarán faltas muy graves, con multas a partir de 60.000 euros, omitir o falsear de forma reiterada los datos para dar inicio a la actividad u ofrecer este tipo de viviendas sin cumplir con todos los requisitos para tener licencia para ello.
Mientras, serán faltas leves, con multas de hasta 3.000 euros, aspectos como no disponer del mobiliario necesario para el alquiler turístico, la falta de mantenimiento, no poner un rótulo que identifique el piso como HUT (Habitatge d’Ús Turístic) o no facilitar un teléfono de contacto ante posibles incidencias.
Las infracciones graves se podrán sancionar con multas de entre 3.000 y 60.000 euros. Aquí se incluyen cuestiones como ofrecer pisos turísticos sin la licencia oportuna, alquilarlo superando el máximo de plazas fijado, obstruir posibles inspecciones, hacer reformas sin autorización del consistorio o que los usuarios no respeten las normas básicas de convivencia. En este caso, el texto especifica que los clientes de este tipo de alojamientos deberán respetar las reglas que fijan las ordenanzas de civismo, de limpieza viaria o de ruidos que ya existen en Salou.
El concejal de Gestió del Territori, Marc Montagut, explica que esta ordenanza «básicamente desarrolla lo previsto en la ley y el reglamento de turismo para este tipo de actividades». Asimismo, Montagut defiende el proceso de participación que se ha llevado a cabo para su redacción y subraya que «se han tenido en cuenta todos los actores implicados».
Por el contrario, los grupos de la oposición criticaron en el pleno que el texto no va más allá de lo que ya regula la normativa que aprobó la Generalitat en 2020. El regidor de ERC Sebastià Domínguez acusó al gobierno de ser «muy negligente» con la regulación de los pisos turísticos y aseguró que «la solución en Salou es limitar y regular el número de HUTs y crear un plan para revisar las cédulas de habitabilidad y que se cumpla con la ocupación máxima permitida».
Sergio Susín, que se estrenaba como portavoz del grupo de Ciutadans en substitución de Pere Lluís Huguet, recordó que su grupo ya pidió un mapa de estas viviendas en 2018 y criticó que «llegamos tarde y no hay un añadido sustancial». Por su parte, el portavoz del PP, Mario García, afirmó que la normativa «no contenta a nadie. Ni a la Asociación de Apartamentos Turísticos, que ya ha anunciado que la recurrirá, ni a los vecinos que se ven afectados por esta actividad».
Impugnación a la vista
En este sentido, el texto podría ser impugnado próximamente por la Associació d’Apartaments Turístics (AAT) de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre, que ya ha hecho lo propio con la de Roda de Berà y que ha anunciado que estudiará medidas legales contra la normativa de Salou.
Desde la entidad denuncian que estas ordenanzas extralimitan las competencias de los ayuntamientos y creen que «no ordenan la práctica del sector, sino que impiden aspectos de manera injustificada y, además, lo hacen sin rigor técnico y contraviniendo la normativa general», en palabras de su presidente, Joan Calvet. El equipo jurídico de la asociación ya está preparando las alegaciones para la ordenanza de L’Hospitalet de l’Infant y, una vez aprobada la de Salou, pondrán en marcha el mismo mecanismo.
‘Déjà vu’ en la aprobación del contrato de basuras
El pleno de ayer sirvió también para dar luz verde, ahora sí, a las nuevas condiciones para la concesión del servicio de recogida de basuras de los próximos doce años. Después de llevar el asunto al pleno hace tan solo tres semanas, en una sesión urgente y extraordinaria, el gobierno municipal sometió de nuevo el asunto a aprobación ante el temor a que la anterior sesión fuera anulada. No cambió ni el debate ni el sentido del voto, con los concejales de gobierno aprobando en solitario el expediente de contratación y defendiendo la necesidad de cambiar el servicio cuanto antes y con la oposición en bloque votando en contra y alertando de la existencia de un informe contrario del interventor.
