El fenómeno de las viviendas de uso turístico ha vivido un boom en la última década que ha modificado no sólo la forma de hacer turismo de mucha gente, sino también la configuración de las propias ciudades. La proliferación de estos pisos en zonas turísticas como la Costa Daurada conlleva consecuencias como la subida de los precios de la vivienda, la escasez de oferta de alquiler para todo el año o problemas de convivencia. Cuestiones que se ha comprobado que no resuelve la actual normativa turística de la Generalitat. Es por ello que desde hace tiempo, los municipios están regulando este tipo de viviendas con ordenanzas específicas que pongan freno a comportamientos incívicos, una tarea pendiente en la mayoría de localidades de la costa.
Esta es una problemática compartida por todos los destinos de sol y playa, aunque en otras zonas de Catalunya nos llevan algo de ventaja. Localidades como Lloret de Mar, Tossa de Mar, Platja d’Aro, Calella o Sitges cuentan desde hace tiempo con una normativa municipal para regular estas viviendas. En la Costa Daurada, la primera ordenanza aprobada la tiene Roda de Berà desde hace unas pocas semanas.
El objetivo es minimizar el impacto que generan estas actividades sobre el día a día de la ciudadanía, acabar con los pisos no regularizados y, al mismo tiempo, generar un equilibrio con el resto de actividad turística. No hay que olvidar que estos alojamientos se han convertido también en una nueva forma de recaudación para los ayuntamientos. Es la Generalitat la que otorga las licencias a los propietarios, pero los consistorios tienen potestad de cobrarles una tasa por inicio de actividad dentro de las ordenanzas fiscales. Una tasa que no establecen todos los ayuntamientos, pero que puede alcanzar los 200 euros por piso, como en El Vendrell, o los 180 de Salou.
El caso de Roda de Berà
La redacción de una ordenanza propia permite a los municipios ceñir la normativa a su idiosincrasia. Así, en Roda de Berà, con cerca de 500 viviendas de este tipo, uno de los mayores problemas son los chalets que se alquilan durante días para la celebración de fiestas multitudinarias. Una actividad que provoca continuas quejas vecinales. Con la nueva ordenanza aprobada este mismo verano, los propietarios de las viviendas deben facilitar un contacto a la Policía Local y tienen la obligación de responder en caso de que sus inquilinos causen problemas de incivismo. Del mismo modo, la normativa fija sanciones que pueden ir desde los 3.000 hasta los 600.000 euros. En caso de infracciones muy graves, el Ayuntamiento se da la potestad de poder cerrar el piso turístico.
Otra de las ciudades que ha avanzado más en esta materia es Salou. No en vano, la capital de la Cosa Daurada aglutina buena parte de la oferta de pisos turísticos en la demarcación, con más de 6.500 viviendas inscritas en el registro de la Generalitat. Una cifra que prácticamente multiplica por cuatro los datos de la ciudad de Tarragona, por ejemplo.
Proceso participativo
El Ayuntamiento de Salou se ha marcado el horizonte en 2023 para disponer de una ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico. Por el momento, ha impulsado un proceso participativo para recoger las sugerencias de vecinos y empresarios turísticos de la localidad. Un trabajo que lleva a cabo con la colaboración de la Càtedra Unesco de l’Habitatge de la URV y que ha culminado a principios de agosto. Algunas de las propuestas recibidas piden limitar estos tipos de viviendas en zonas residenciales, que las comunidades que superen un 15% de pisos con usos turísticos dispongan de servicio de seguridad privada o instalar carteles con consejos de civismo en cada alojamiento.
Ahora, se procederá a redactar un borrador de la ordenanza y posteriormente se volverá a convocar a la población y el sector empresarial a unos talleres participativos que servirán para debatir y acabar de perfilar el contenido de la normativa.
Cambrils y Vila-seca admiten que la redacción de una normativa está entre las tareas a afrontar
Hay otras localidades en la Costa Daurada que ya han dado pasos para redactar una regulación de estos alojamientos, como El Vendrell o Altafulla, que también llevó a cabo un proceso participativo sobre la materia el año pasado. Sin embargo, otras con mayor peso de este tipo de actividad, todavía no han movido ficha.
En Cambrils, por ejemplo, la regulación de las viviendas de uso turístico se basa en la normativa de la Generalitat, pero el consistorio también tiene la voluntad de sacar adelante su propia ordenanza para poder hacer un control más exhaustivo de este tipo de pisos cuya oferta crece año tras año. Con 3.400 pisos de este tipo, es la segunda localidad con más oferta de la demarcación. «Estamos muy encima de este tema y estamos preparando una ordenanza que regule las viviendas de uso turístico. Este año se ha adoptado la decisión de suspender este tipo de decisiones porque es el primer verano postpandemia y queremos ver cómo evoluciona la actividad, pero lo que está claro es que de cara a la próxima campaña lo queremos regular con nuestra normativa», expresan fuentes municipales.
Algo similar ocurre en Vila-seca, cuya ordenanza todavía no se ha comenzado a trabajar pero está entre los deberes pendientes. En este caso, el departamento de Activitats del Ayuntamiento se encuentra trabajando ahora en una actualización de la ordenanza reguladora de los ruidos. Una renovación de la normativa que permitirá disponer de mapas acústicos del municipio por zonas.
