La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha desestimado la solicitud de investigar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el caso abierto por la dana en Valencia. La jueza ha decidido no admitir la querella contra Mazón, presentada por la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud y otras acusaciones particulares, aunque deja abierta la posibilidad de que él mismo solicite declarar voluntariamente.
En cambio, el juzgado ha citado como investigados a la exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, y al exsecretario autonómico de este departamento, Emilio Argüeso. La magistrada ha señalado que ambos ostentaban responsabilidades directas en la gestión de la emergencia y en la adopción de medidas de autoprotección para la población.
En su auto, la jueza destaca que el aviso a la población por el sistema EsAlert, emitido el 29 de octubre a las 20:11 horas, “fue tardío y erróneo”. También subraya que la dana no fue un fenómeno meteorológico imprevisto, ya que su desarrollo había sido anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con suficiente antelación, e incluso la Universitat de València suspendió sus actividades ese día.
La magistrada considera que el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) debió haberse convocado en la mañana del 29 de octubre para alertar a la población con tiempo suficiente. Sin embargo, la reunión no se celebró hasta las 17:00 horas, lo que, según la jueza, supuso una “gran demora” en la toma de decisiones por parte de la administración autonómica.
En sus resoluciones, la instructora ha elevado a 225 el número de víctimas mortales, además de tres personas desaparecidas, e incluye entre ellas a una mujer que falleció en el Hospital La Fe el 12 de noviembre tras quedarse sin asistencia respiratoria debido a la emergencia.
La jueza también ha rechazado las querellas contra otros cargos públicos, entre ellos el director general de Emergencias, una jefa de servicio y el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), así como contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Finalmente, ha decidido comunicar a Mazón la resolución para que tenga conocimiento del procedimiento y pueda solicitar su personación si lo considera oportuno, en virtud del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
