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Aumenta la lista de espera para entrar a pisos de protección oficial en Tarragona

Durante 2024, se terminaron 123 viviendas de este tipo en la provincia, más que en los dos últimos años sumados. No obstante, actualmente hay 4.858 familias inscritas en el registro de solicitantes

09 abril 2025 22:12 | Actualizado a 10 abril 2025 16:58
Se lee en 3 minutos
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No lo solucionará Tom Cruise, pero conseguir una vivienda asequible se ha convertido en un problema social y casi en ‘misión imposible’ durante los últimos años.

Prueba de ello es que los discursos políticos han ido encaminándose poco a poco a intentar hacer anuncios y elaborar planes para incrementar la oferta ante el aumento de demanda.

Conseguir una vivienda asequible en Tarragona se ha convertido en un reto social que afecta especialmente a las familias vulnerables

Una de las principales vías –no la única– para sumar más pisos al parque es la construcción de inmuebles y, poniendo más el foco en aquellas familias en situación de vulnerabilidad, de viviendas de protección oficial (VPO).


La construcción de este tipo lleva años en horas bajas, en especial desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. En la provincia de Tarragona, se iniciaban casi un millar de pisos al año y se terminaban entre 500 y 700 hasta 2010.

«La Administración tiene el músculo que tiene», Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil

A partir de 2011, cuando la crisis golpeaba con fuerza, había años en los que no se comenzaba ni terminaba ninguno, mientras que la lista de espera de las personas inscritas en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial (HPO) subía y subía.


En 2023 (198 pisos iniciados y 67 acabados) y 2024 (330 comenzados y 123 terminados) se produjo un pequeño repunte de la construcción de VPO.

La construcción de viviendas de protección oficial cayó en picado tras la crisis de 2008

En palabras del presidente la Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE) en Tarragona, Daniel Roig, «este incremento se ha dado porque algún ayuntamiento inició procesos de obra pública, ya que uno de los problemas que ha tenido el sector privado es que este tipo de promociones no salían a cuenta».


Este ritmo de construcción es «insuficiente», según Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y experto en cuestiones inmobiliarias, que también admite que «la Administración tiene el músculo que tiene».

«Los precios máximos en las zonas con límites bajos eran tan inferiores que no cubrían los costes de construcción», Daniel Roig, presidente la APCE en Tarragona

De hecho, no se satisface la demanda de las personas inscritas en el registro de solicitantes: hay 4.858 expedientes vigentes en la actualidad en la provincia, por lo que las 123 viviendas terminadas este último año, tan solo cubrirían un 2,5% de esa demanda.

Demanda que podría ser mayor, pues, desde 2019, la inscripción en el registro debe renovarse año a año –con el decreto ayer convalidado por el Parlament, el plazo se amplía a dos años–, y es probable que algunas familias que estaban apuntadas no lo hayan hecho.

En 2024, las VPO terminadas en la provincia solo cubrieron el 2,5% de los expedientes vigentes en el registro de solicitantes

Uno de los aspectos que Nasarre pone sobre la mesa es la ubicación de estos 123 pisos: «Hay 22 en Tarragona [un dato que aumentará el próximo año con los 192 pisos que están levantándose en Campclar], quince en Tortosa, nueve en Valls, siete en Reus...». «Si la construcción ya era insuficiente cuando se hacían 800 al año, pues ahora...», añade.


¿Facilidades para promotores?
El decreto ley 2/2025, que ayer convalidó el Parlament de Catalunya tras un acuerdo entre el Govern del PSC y ERC, Comuns y la CUP, establece que, de ahora en adelante, los precios de venta máximos de los pisos de protección oficial se unificarán.

«Si la construcción ya era insuficiente cuando se hacían 800 al año, pues ahora...», Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil

Previamente, según recuerda Roig, «había varias zonas diferenciadas y, en cada una, el precio máximo era diferente». De esta forma, en ciudades como Tarragona o Barcelona, la cantidad máxima por la que se podía vender una VPO era superior en comparación con municipios más pequeños.

«Los precios máximos en las zonas con límites bajos eran tan inferiores que no cubrían los costes de construcción», mantiene Roig, que comenta que «nadie construía a no ser que estuviera en la zona en la que se podía vender más caro».

El nuevo decreto del Parlament establece un precio único máximo para las VPO, lo que busca incentivar la construcción

Este cambio, según el presidente de los promotores en Tarragona, «incentivará que más empresas privadas puedan iniciar promociones de protección oficial, ya que la Administración no dispone de los medios suficientes para cubrir la demanda».

Otro aspecto a tener en cuenta es que falta personal: «Ahora mismo, no hay ningún paleta que no trabaje y estamos con unos 15.000 pisos anuales en total; si hay que aumentar esa cifra, se necesitarán más», reflexiona Roig. Conviene recordar que el Govern quiere construir 50.000 viviendas de protección oficial de alquiler hasta 2030.

«Ahora mismo, no hay ningún paleta que no trabaje y estamos con unos 15.000 pisos anuales», Daniel Roig, presidente la APCE en Tarragona

El modelo
Más allá de los datos y de los cambios legislativos, Sergio Nasarre lanza un debate: «Las VPO son viviendas destinadas a familias muy concretas con necesidades muy concretas; desde mi punto de vista, deben estar para situaciones transitorias y deben ser rotatorias, ya que no podemos pretender copar cada vez más mercado con estos pisos porque, cuantas más VPO, más caras son las libres».


«Las personas que no llegan a poder acogerse a un piso VPO por poco, tienen que irse actualmente a un mercado privado que es muy prohibitivo, aunque históricamente el mercado español siempre ha sido amplio y variado», subraya Nasarre.

Los promotores denuncian que la falta de rentabilidad y de mano de obra cualificada dificulta el aumento del parque

«Lo importante es que el mercado funcione por sí mismo, lo que creo que no puede ser es que haya inquilinos sociales que dependan toda la vida de la Administración, ya que eso te crea un sistema clientelar que fomenta el enquistamiento de la pobreza y aumenta la presión fiscal para los ciudadanos», añade.

Nasarre apuesta por empoderar a las personas que vivan en VPO para que puedan abandonar la situación de vulnerabilidad y esos pisos puedan pasar a otras manos.

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