Los juzgados de la provincia tardarán en recuperar la normalidad previa a la huelga más de un año. El parón de los letrados, que ha superado los dos meses de duración, ha impactado hondo. Antes de que finalizara la movilización, a 16 de marzo, se estimaba que en Tarragona la horquilla para la recuperación oscilaba entre los 10 y los 12 meses, algo menos que el baremo de 12 a 18 meses que se calculaba para toda España.
Pero la huella de esta movilización puede ser, en realidad, más profunda que la que marcan esas proyecciones, y todo ello pese a que la afectación ha tenido en el Camp y el Ebre un nivel medio. «A nivel de Tarragona harán falta más de 12 meses para recuperarse», explica Fina Bravo, letrada de la administración de justicia en Reus que ha estado al frente de las protestas. El cuerpo de letrados que había hecho huelga volvió este miércoles a sus puestos. Ya han empezado a dar salida al trabajo acumulado, una labor ardua. «Haremos unos grupos de trabajo con el Ministerio para trabajar en ello. Tenemos que definir qué planes de choque se llevarán a cabo y que posiblemente dirija el letrado de cada oficina. Habrá que ver, por ejemplo, cuáles son las cosas más urgentes y, de alguna forma, priorizar», apunta Bravo.
«Somos conscientes del atasco»
Hèctor Hinójar, letrado de instancia número 2 de Tarragona, apunta que «somos conscientes del atasco y ahora no quiere decir que empecemos a enviar un montón de notificaciones que saturen a los otros cuerpos judiciales. Queremos dar un mensaje de que trabajaremos con normalidad y sacaremos lo pendiente adelante».
Más de 5.000 demandas se han quedado sin incoar en estas semanas en Tarragona, desde que empezara el parón el pasado 24 de enero
La parálisis desde el 24 de enero deja cifras que inevitablemente empeoran la ya complicada situación de saturación, y hasta colapso, que algunos órganos venían sufriendo desde hacía tiempo. Hasta mediados de marzo (habría que agregar lo atrasado en esta última quincena), en Tarragona se habían suspendido unas 2.000 vistas en todas las jurisdicciones, se había paralizado la incoación de más de 5.000 demandas y, en total, habían quedado 43.000 procedimientos afectados en su tramitación, según estimaciones del colectivo en Tarragona.
El dinero bloqueado se había disparado hasta los 12 millones de euros. Se trata de cantidades pendientes de pago de todo tipo, desde indemnizaciones o embargos hasta subastas, que generan un perjuicio directo no solo en el propio sistema judicial y sus empleados sino también sobre el ciudadano. Sí que se han ido pagando las pensiones alimenticias, ya que los letrados, los antiguos secretarios judiciales, han priorizado el desbloqueo de estas situaciones que conciernen a los más vulnerables para minimizar daños. En la provincia, el seguimiento del parón ha oscilado entre el 35 y el 40%. En algunos casos, apenas han trabajado tres o cuatro jornadas, las correspondientes a servicios mínimos. La plantilla está compuesta por alrededor de 80 profesionales, vitales para los trámites de todo juzgado.
«Somos servidores públicos y no ha sido agradable ver que estás perjudicando al ciudadano. Ha sido muy complicado», admite Fina Bravo, letrada en Reus
Estos letrados hacen, en general, un balance positivo. «Se ha obtenido un complemento de eficiencia basado en unas próximas leyes a punto de salir, en las que el letrado consta como una centralidad transversal que llevará a cabo la implementación. A nivel personal, estoy prudentemente satisfecha», explica Fina Bravo. La letrada añade: «No hemos obtenido todo, estamos a medio camino, pero tenemos claro que esta unión como cuerpo ha sido un cambio de paradigma, y a partir de ahora seremos más activos. Hemos demostrado unión entre los compañeros, trabajando entre todos».
La movilización ha generado crispación en parte del sistema judicial, sobre todo por el perjuicio a otros profesionales. Los letrados han lamentado en alguna ocasión la falta de comprensión. También han padecido desgaste. «Estamos muy emocionados y muy cansados. Hacer una huelga indefinida es muy complicado. Todo lo que has luchado para que tu oficina judicial funcione... y ves que se hunde. Somos servidores públicos. No es agradable ver que perjudicas al ciudadano», dice Bravo.
La huelga agrava el colapso. El año 2022 acabó con 66.607 casos sin resolver en los juzgados de Tarragona, un 28% más que en 2019, previo a la Covid
En las asambleas de Tarragona, también se ha aprobado por mayoría desconvocar la huelga y aceptar el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia. Hinójar aseguraba que «hemos hecho mucho esfuerzo, hemos conseguido, después de dos meses, que la gente nos conozca y que el Ministerio se dignara a negociar».
Los comités de huelga hablan de la suspensión, en toda España, de 400.000 juicios y vistas, la acumulación de 480.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados y 1.500 millones de euros retenidos en exceso en las cuentas de consignaciones. Unas cifras que, en palabras de las asociaciones convocantes de la huelga, «podrían haberse evitado si la negociación se hubiera iniciado a tiempo».
Un sistema ya saturado antes
Según comunicó el Colegio de Letrados, la mayoría decidió cesar la huelga a cambio de una oferta que incluye una retribución (por medio de «complemento de eficiencia») de hasta 450 euros al mes por letrado. La suma varía en función de las atribuciones de estos funcionarios, se impondrá de manera gradual hasta julio de 2024 y tendrá carácter consolidable. El 76% de letrados votó a favor de aceptar la oferta, frente a un 21% en contra. El 3% se abstuvo.
«Hemos conseguido con mucho esfuerzo que el Ministerio se dignara a negociar», explica Hèctor Hinójar, letrado en Tarragona
La huelga de los letrados impacta de lleno en un sistema ya de por sí saturado y en el que los efectos de la pandemia –bajas, parones obligados o reducción de los aforos– aún se perciben. Desde la Covid-19 el número de asuntos pendientes en los juzgados de Tarragona se ha disparado un 28%. A finales de 2019, justo antes de la emergencia sanitaria, había 51.979 casos en trámite. El año pasado finalizó con 66.607, después de un aumento progresivo, según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La jurisdicción civil ha pasado en tres años de 29.282 temas pendientes a 37.675 en Tarragona y la penal de 17.024 a 22.099. En cambio, la contencioso-administrativa ha bajado de 1.416 a 1.160. Está por ver la afectación en este primer trimestre de 2023.
Hoy se pone en marcha el nuevo social de Tarragona
El Departament de Justícia ha confirmado que hoy está previsto que se ponga en marcha el esperado nuevo juzgado social en Tarragona capital. Será el cuarto de la jurisdicción y vendrá a paliar, en parte, la situación de colapso que sufre especialmente este ámbito.
El área aglutina, por ejemplo, los casos ligados a cuestiones laborales o de la Seguridad Social. Este juzgado era una de las demandas más recurrentes de los últimos años de la Audiencia Provincial y del propio Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ).
En la jurisdicción social de la provincia había a finales de 2022 un total de 5.673 asuntos pendientes de resolver. Es un 48% más que a finales de 2019 (3.819), antes de la Covid.
