«El perjuicio es muy importante, es muy grave, la huelga está perjudicando a mucha gente. Seguramente la presión vendrá de entidades bancarias, pero lo que es muy preocupante son los ciudadanos y el perjuicio generado a despachos más sencillos», explica Fina Bravo, letrada de la administración de justicia en Reus. Ella es una de las profesionales al frente de la movilización: «Lo lamentamos profundamente, nos sentimos responsables porque es un trabajo que se está acumulando y luego lo tendremos que hacer a una velocidad superior».
Bravo llega a hablar incluso de «caos» y anuncia unos efectos profundos. «La situación es mucho más grave que la que hubo en la pandemia», dice, en relación a la parálisis que hubo durante el Gran Confinamiento domiciliario en la irrupción de la pandemia en 2020: «Va a ser un momento complicado para la administración de justicia. Nos sorprende esta irresponsabilidad por parte del equipo ministerial. La huelga no es solo legal sino totalmente justificada».
«Ahora somos los malos pero desde 2009 asumimos un trabajo que no nos corresponde», lamenta Héctor Hinójar, letrado de la administración de justicia en Tarragona
La afectación crece a cada día que pasa. El parón ha hecho que haya entre 3.500 y 4.000 demandas pendientes de tramitar solo en la provincia, unos 2.500 juicios suspendidos (la mayor parte, 1.500, son vistas civiles) y hasta 40.000 procedimientos que se han quedado bloqueados. Quizás el mayor impacto en el ciudadano son los pagos pendientes, en términos de indemnizaciones o pensiones que no se ingresan. Ahí la cuantía se eleva a un millón de euros. «Sabemos que estas huelgas perjudican al ciudadano y eso no nos gusta. También nos afecta a nosotros porque este trabajo tendremos que recuperarlo», explica Héctor Hinójar, letrado de instancia número 2 de Tarragona.
El colectivo es consciente del daño. «Estamos dispuestos a llegar a donde sea. El primer hándicap es que la gente no nos conocía. Ahora sí nos conocen porque no les entregamos su dinero, suspendemos procedimientos... Somos los malos pero llevamos desde 2009 asumiendo un trabajo y una responsabilidad que no nos pagan», añade Hinójar.
«El perjuicio es muy importante, muy grave, sabemos que estamos afectando a mucha gente», explica Fina Bravo, letrada en Reus
Los balances divergen, aunque en mayor o menor medida todos ellos muestran un hondo menoscabo de la actividad. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tenido constancia de 1.096 actuaciones suspendidas en Tarragona en las primeras tres semanas de parón. Los bailes de cifras también alcanzan al seguimiento, como es habitual en las huelgas.
Una plantilla de 81 personas
El colectivo cifra el apoyo diario al parón entre un 35 y un 40% en la provincia. El Ministerio rebaja la adhesión a un 12% por parte de una plantilla que en las comarcas tarraconenses es de 81 personas.
Todo depende en función del ámbito y el órgano judicial. «Tengo 160.000 euros pendientes de cobrar, de procesos que hemos ganado con los clientes y que están pendientes de ejecución, de ser pagados. Hay mucho dinero consignado que, cuando la sentencia es firme, debe ser pagado a sus legítimos acreedores. Todo eso está parado, y son muchos millones. En otros sitios la afectación es más salvaje, aquí en Tarragona estamos en un nivel medio», denuncia un abogado tarraconense.
Este jurista considera que «en general, no podemos hablar de un bloqueo completo, sino de que todo va más lento, al ralentí, porque también hay una bolsa de servicios mínimos que por responsabilidad va dando salida a procesos más prioritarios». Es indudable el agravamiento de la saturación que vive el sistema. Una suspensión de un juicio significa que el siguiente señalamiento pueda postergarse seis meses o incluso un año.
«La afectación es total y la situación es insostenible. La pelota se hace cada vez más grande», destaca Encarnación Orduna, decana del Col·legi de l’Advocacia de Reus y presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana
Una de las derivadas más comprometidas es la de la suspensión de pleitos, lo que está acarreando multitud de inconvenientes. «Hay una compañera que fue de Barcelona a Tortosa y se encontró con el juicio suspendido. El problema es que no se informa, no se sabe si se va a suspender y si el abogado no asiste y se celebra, le pueden dar por desistido y perder», relata otro abogado de Tarragona.
«No nos sentimos apoyados»
El resto de profesionales de la justicia se mueven entre el apoyo y el recelo, al verse perjudicados de forma directa. «No nos sentimos apoyados. No nos conocían y estamos haciendo daño a procuradores, ciudadanos, abogados... Pero llevamos 14 años reclamando esto, es algo súper justo en el tiempo», agrega Hinójar. La huelga acumula más de un mes. Comenzó el pasado 24 de enero. «Seguimos en lucha. Podemos estar aquí toda la vida pero queremos que el Ministerio cumpla con lo acordado. Yo no voy a cobrar nada este mes, apenas he ido a trabajar tres o cuatro días, de servicios mínimos», cuenta Hinójar.
El Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT) hace «un llamamiento a intensificar el diálogo entre las partes para resolver el conflicto entre los letrados de la administración de justicia y el Ministerio». La junta del ente tarraconense «insta a las dos partes a acercar sus posiciones mediante el diálogo en beneficio de la ciudadanía, que está sufriendo las consecuencias del bloqueo que supone para la justicia, con la suspensión de una gran cantidad de actuaciones judiciales de todo tipo».
«Afecta a nuestra economía»
Encarnación Orduna, decana del Col·legi de l’Advocacia de Reus, sostiene que «hay una afectación total y la situación es cada vez más insostenible, ya que se están suspendiendo prácticamente todos los juicios. Los servicios mínimos afectan a asistencia al detenido y a cosas muy determinadas».
«Respetamos el derecho a huelga pero esto nos está dificultando mucho el trabajo», cuenta Àngel Ramon Fabregat, decano presidente del Col·legi de Procuradors de Tarragona
Orduna, que preside el Consell de l’Advocacia Catalana, admite que los perjudicados son «muchos ciudadanos que están esperando juicios y señalamientos» pero también ellos como trabajadores: «Afecta a nuestro trabajo, que es nuestro tiempo y también nuestra economía, estamos totalmente paralizados, las notificaciones de los juzgados son muy pocas. Seguimos preparando demandas que no se tramitan y la pelota se hace cada vez más grande». Orduna explica que «aquellos juicios que ahora no se hacen se tendrán que recolocar en una agenda judicial que ya va a tope, mientras seguirán entrando nuevas demandas».
La principal responsable de los abogados en Reus remarca que «hay compañeros que desde el 24 de enero han hecho solo un 10% de los juicios programados».
«No es un bloqueo completo pero todo va al ralentí», describe un abogado de Tarragona
Àngel Ramon Fabregat, decano presidente de Il·lustre Col·legi de Procuradors de Tarragona, admite que «también a nosotros nos está dificultando mucho el trabajo, se suspenden muchos juicio. Respetamos el derecho a huelga pero nos comporta problemas a nosotros y nuestros clientes».
La huelga de los letrados impacta de lleno en un sistema ya de por sí saturado y en el que los efectos de la pandemia –bajas, parones obligados o reducción de los aforos– aún se perciben. Desde la Covid-19 el número de asuntos pendientes en los juzgados de Tarragona se ha disparado un 26%. En el tercer trimestre de 2019, antes de la emergencia sanitaria, había 51.979 casos en trámite. En 2022, el número era de 64.279, después de un incremento progresivo.
La movilización parece ir para largo. Ayer, la cuarta reunión entre los letrados y el Ministerio de Justicia terminó sin acuerdo.
