La huelga de los letrados de la administración de justicia va camino de cumplir dos meses de ralentización y hasta de parálisis, agravando la situación de colapso que ya se vivía. Apenas hay avances en la negociación de estos profesionales con el Ministerio de Justicia, por lo cual el parón continúa.
En los tribunales tarraconenses hay bloqueados unos ocho millones de euros. Se trata de cantidades pendientes de pago de toda índole, desde indemnizaciones o embargos hasta subastas, que generan un perjuicio directo no solo en el propio sistema judicial y sus empleados sino también sobre el ciudadano.
«Se trata de los pagos que tiene que hacer la parte condenada cuando pierde una sentencia, por ejemplo», indica Fina Bravo, letrada de la administración de justicia en Reus y una de las profesionales que está al frente de la movilización en las comarcas tarraconenses. El colectivo cifra el seguimiento diario entre un 30 y un 40% y le pone cifras también a la afectación.
Hay unas 5.400 demandas pendientes de incoar y, por tanto, de empezar su tramitación. También han quedado suspendidas 850 declaraciones penales y 500 vistas de delitos leves. Alrededor de 1.000 vistas penales y 2.000 civiles están pendientes. En total, son más de 43.000 los procedimientos que se han paralizado, en una estimación aproximada y que varía a diario.
«Sí que se están pagando las pensiones alimenticias», apunta Bravo. Estos profesionales han priorizado el desbloqueo de estas situaciones que conciernen a los más vulnerables con el fin de minimizar los daños.
Los letrados sí tramitan pensiones alimenticias pero crece el resto de pagos pendientes
Todo ello sucede mientras estos letrados de la administración de justicia (LAJ), los antiguos secretarios judiciales, persisten en su movilización y no van a abandonarla hasta llegar a un acuerdo beneficioso. «No pedimos una subida de sueldo, sino una adecuación para que se nos paguen las funciones que hemos hecho durante 14 años de manera gratuita», describe Bravo.
La huelga empezó el pasado 24 de enero. Los letrados admiten que también para ellos es un mal trago doloroso. «Son momentos muy complicados para nosotros. Somos servidores públicos, trabajamos en un plano que no se ve, muy de organización y de dirección. Somos discretos, nuestra razón de ser es que la oficina judicial funcione y asumir que no lo hace también nos afecta en nuestra autoestima», aclara Bravo.
«Estamos dispuestos a llegar a donde sea. El primer hándicap es que la gente no nos conocía. Ahora sí nos conocen porque no les entregamos su dinero, suspendemos procedimientos... Somos los malos pero llevamos desde 2009 asumiendo un trabajo y una responsabilidad que no nos pagan», añade el letrado Hèctor Hinójar.
«Una lucha por la dignidad»
Fina Bravo habla de «un punto de inflexión»: «Comenzamos esta huelga por un motivo, que es la adecuación salarial, pero luego han salido otras muchas voces, de otros operadores jurídicos, y esto se ha convertido ya en una lucha por nuestra dignidad».
El baile de cifras está en marcha desde los inicios del conflicto. Frente a esa horquilla de un 30 y un 40% en Tarragona, el Ministerio establece que en los últimos días la adhesión se ha situado entre un 6 y un 8%. La plantilla de letrados ronda los 80 trabajadores en la provincia.
Esta figura constituye una parte vital del engranaje del sistema. Impulsa procedimientos, admite a trámite las demandas o atestigua que todo lo que se hace tiene un principio de fe pública. Su ausencia lleva a suspender procedimientos como tramitaciones, juicios, pagos o ejecuciones de sentencias. Llevan labores tan sensibles como gestionar las cuentas bancarias desde las que se abonan pensiones alimenticias o indemnizaciones.