La situación de la Administración de Justicia ocupó el puesto 25 entre las preocupaciones de los españoles en el último barómetro del CIS. Este insignificante interés de la sociedad contrasta con la grave crisis que soporta en la actualidad el sistema judicial. Un enfermo crónico que ya estaba afectado por la estructural falta de medios, la lentitud o la brecha digital y cuya imagen de independencia está en permanente conflicto por la politización de la justicia y su contrario: la judicialización de la política y su instrumentalización partidista.
Este precario contexto no solo se circunscribe a las altas esferas del Poder Judicial, con un gobierno interino en el CGPJ desde hace más de cuatro años por la falta de acuerdo parlamentario. Un bloqueo que preocupa en Europa y que ha venido acompañado de una reforma que desde hace 24 meses paraliza el normal funcionamiento del Tribunal Supremo. Ahora, la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia ha sacudido a los juzgados y tribunales de todo el país en perjuicio de operadores jurídicos y usuarios.
Las claves
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vive una «anomalía democrática» por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación. Los intentos para consensuar los nuevos nombres que conformen el próximo órgano de gobierno de los jueces han sido infructuosos y todo indica que ninguno de los dos partidos asumirá el compromiso constitucional de sacar al CGPJ de su prolongada interinidad. Se cumplen ya cuatro años y tres meses de caducidad, algo inédito en la etapa democrática. Y vistas las diferencias partidistas, no será ya hasta la próxima legislatura cuando se retomen los contactos, por lo que se consumará un golpe inédito al Poder Judicial: su gobierno por vez primera no tendrá una composición que represente a la actual pluralidad del arco parlamentario.
En clave interna, la lenta descomposición del actual Consejo, con la figura de un presidente sustituto desde la dimisión de Carlos Lesmes, es cada día más palpable. Las diferencias de los dos bloques existentes, conservador y progresista, quedó patente con la elección de los candidatos al Tribunal Constitucional. Un proceso que situó al CGPJ en situación de rebeldía durante tres meses. Y ahora se ha abierto otra batalla con las cifras del ‘solo sí es sí’ que desgastan al Gobierno.
El Supremo, situación crítica
El bloqueo en la renovación del CGPJ y la ley que entró en vigor en marzo de 2021, que impide a este órgano hacer nombramientos estando en funciones, tienen un efecto directo sobre el Tribunal Supremo. Hasta la fecha existen 19 vacantes de magistrados sin cubrir de una plantilla de 79, el 24% del total; y en los próximos meses se llegará a las 24 plazas sin dueño por jubilación forzosa a los 72 años, lo que supone el 30% de magistrados.
La falta de efectivos afecta de forma directa al funcionamiento de las distintas salas del alto tribunal. Se estima que este año ambas salas dictarán 1.230 sentencias menos, «con el grave perjuicio para el justiciable que esto supone» y el retraso de otras miles de resoluciones que abocarían al «colapso», lamenta la Sala de Gobierno del Supremo. Este órgano ha reclamado al CGPJ que inste al Parlamento a que se dote de 15 plazas de letrado del gabinete técnico como medida excepcional de refuerzo. Su misión sería apoyar en la fase de decisión de los recursos que se registran, donde existe mayor cuello de botella. Pero es que además, desde el pasado 24 de enero, los letrados de la Administración de Justicia llevan a cabo una huelga indefinida en los juzgados de todo el país.
