El Departament de Justícia ha levantado la sanción a Rosa Peral, la presa condenada a 25 años por el asesinato de su expareja en el llamado ‘crimen de la Guardia Urbana’. Actualmente está en el Centro Penitenciario de Mas d’Enric, la cárcel de Tarragona. Lleva seis años y medio de la condena impuesta.
La sanción de Presons era por las entrevistas telefónicas que había concedido a mediados de comunicación y también por su documental emitido por Netflix, El cuerpo en llamas, según ha avanzado Catalunya Ràdio.
A mediados de septiembre fue expedientada por un mal uso del régimen interno de comunicaciones que supone una falta grave, y se le restringieron las comunicaciones y visitas. El levantamiento de la sanción se le comunicó a Peral este miércoles, 4 de octubre.
Al otro condenado, Albert López, también se le abrió un expediente y se le han aplicado medidas cautelares para tener en su lista de teléfonos autorizados los números de dos periodistas, a pesar de que su defensa alega que fueron autorizados hace dos años.
Los presos tienen autorizadas las comunicaciones con familia o amigos, a una serie de números de teléfono determinados y limitados. Cuando quieren conceder entrevistas a medios, el interno lo tiene que comunicar a la dirección de la prisión, que es quien valora antes de tomar una decisión. Lo hacen de manera conjunta con asuntos penitenciarios, la junta de tratamiento y comunicación.
Para decidir si se otorgan entrevistas, se tienen en cuenta varios elementos, como por ejemplo que no altere la rutina del centro, cuestiones de seguridad, el impacto que puede tener en el proceso de inserción del interno o la protección de las víctimas, entre otros. En caso de autorizarse, se llevan a cabo con papel y lápiz, a través de los locutorios de comunicación. Para medios audiovisuales, no se autorizan.
