La Fiscalía de Tarragona pide cuatro años de prisión para Rosa Peral y tres años y medio para su padre por un caso que investiga un presunto delito de alzamiento de bienes.
Según el ministerio fiscal, ambos actuaron conjuntamente para cambiar de nombre el 50 % de una vivienda en Vilanova i la Geltrú, un coche y una moto propiedad de Rosa Peral, y cederlos gratuitamente a Francisco Peral, con el objetivo de que ella se quedara sin patrimonio y así no pudiera pagar la indemnización a la familia de Pedro Rodríguez, el hombre que murió a manos de Rosa Peral y Albert López, los dos condenados por el conocido crimen de la Guardia Urbana. El fiscal considera que ella es la «autora de los hechos», mientras que al padre lo considera «cooperador necesario».
Más allá de las penas de prisión, la fiscalía también reclama que se imponga a Rosa Peral una multa de 7.200 euros -diez euros diarios durante 24 meses- con responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago de un día de prisión por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Para Francisco Peral la multa solicitada es de 10.800 euros -20 meses a 18 euros diarios-, también con responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago de un día de prisión por cada dos cuotas diarias no abonadas. Al mismo tiempo, se reclama la nulidad del cambio de nombre de la vivienda y de la moto para que regresen a la condenada y así pueda asumir la indemnización a la familia de Pedro Rodríguez.
Cambio de titularidad
Según el relato del ministerio público, los cambios de titularidad se realizaron entre la primera sentencia de la Audiencia de Barcelona por el crimen de la Guardia Urbana y la resolución del Tribunal Supremo que la confirmaba, después de los recursos. Así, el 2 de febrero de 2021, padre e hija hicieron un cambio de nombre sin pago económico de un Mitsubishi Colt valorado en 2.904 euros, hasta ese momento propiedad de Rosa Peral y que pasó a nombre de Francisco Peral. Ese mismo día repitieron la operación con una moto Suzuki GSX R600, valorada en 3.332 euros. «Con esta actuación provocaron una disminución real de patrimonio que imposibilitó el pago de alguna cantidad a los familiares del difunto», indica el fiscal. Posteriormente, el 26 de septiembre de 2022, Francisco Peral vendió el coche a una tercera persona.
En el escrito de acusación también se relata que el 17 de junio Rosa Peral donó a su padre «la mitad indivisa» del inmueble en Vilanova i la Geltrú sin ninguna contraprestación económica. «Esta donación simulada se realizó en el Centro Penitenciario Mas d’Enric» donde se «constituyó la notaría». El 50 % del inmueble estaba valorado en 155.109 euros. «Los acusados sabían que para el pago de la cuota hipotecaria que pesaba sobre la vivienda no era necesario hacer la donación, ya que desde julio de 2021 los pagos del préstamo los hacía Francisco mediante ingresos en la cuenta bancaria propiedad de Rosa Peral y de un tercero», señala el fiscal.
Una vez el 3 de septiembre de 2021 la Audiencia de Barcelona confirmó la sentencia inicial por homicidio, el juzgado requirió a los dos condenados el pago de la responsabilidad civil, que conjuntamente se fijaba en 885.000 euros. «El embargo resultó infructuoso ya que con los actos de disposición de los acusados lograron que los bienes de Rosa María ya no constaran a su nombre, lo que impedía la posibilidad de que se utilizaran para el pago de las deudas», se añade en el escrito. Y razona: «los acusados realizaron estos actos de disposición patrimonial de forma conjunta con la finalidad de eludir, dificultar e impedir la eficacia de los embargos y procedimientos ejecutivos derivados de la comisión del delito que ella había cometido».
Con todo, para el ministerio público, estos actos que atribuye a los Peral ocasionaron «un perjuicio económico efectivo» a la familia de Pedro Rodríguez, ya que como Rosa Peral no tiene patrimonio no tiene capacidad económica para asumir la responsabilidad civil, de la cual al 21 de febrero de este año «tan solo habría satisfecho 1.655 euros».
Inicios del caso
La causa es fruto de una querella que presentó la familia de la víctima, Pedro Rodríguez, que considera que con este cambio de propiedad Peral pretendía declararse insolvente a la hora de asumir la indemnización a la exesposa de Rodríguez y a su hijo, hermano y padre. Una acusación que coincide con la del fiscal. Por su parte, Albert López sí que puso a disposición del juzgado su piso en Badalona para asumir su parte de la indemnización.
Rosa y Francisco Peral declararon el 24 de enero de este año por este caso en el juzgado de instrucción 5 de Tarragona, como investigados. Peral justificó ante la jueza el cambio de nombre de su parte de la casa en Vilanova i la Geltrú diciendo que no podía pagar la hipoteca. Peral reconoció que lo hizo antes de que la sentencia del crimen fuera firme.
Con la demanda por alzamiento de bienes, la familia del agente Pedro Rodríguez aspira a obtener unos 50.000 euros, que es aproximadamente la mitad del valor de la parte del inmueble que tenía Peral. La otra mitad de su parte está hipotecada.
El 14 de junio el juzgado dejó el caso listo para juicio. En la resolución judicial la titular de instrucción consideraba que los hechos son constitutivos de un delito de insolvencia punible. Por ello, dictó que procede la apertura del juicio oral contra los investigados. En el auto, la magistrada de instrucción también señaló que Rosa Peral y su padre eran «conocedores» de la sentencia condenatoria y del pronunciamiento sobre la responsabilidad civil el 2 de febrero de 2021. A pesar de ello, indicaba que con la «voluntad de dificultar» los embargos acordados y su ejecución, Peral donó a su padre su vehículo, el cual fue vendido el 26 de septiembre de 2022.
También apuntaba que padre e hija actuaron con la misma «voluntad de dificultar los embargos». Asimismo, subrayó que Rosa Peral solo ha pagado 1.655 euros de responsabilidad civil hasta la fecha del 21 de febrero de 2024. También dice que el otro condenado, Albert López, ha abonado otros 1.675,92 euros. «Rosa Peral no tiene patrimonio o capacidad para afrontar la responsabilidad civil que se le impuso», añadía. Por todo esto, la jueza instructora consideró que estos hechos «pueden ser constitutivos de un delito de insolvencia punible», por lo que, «procede preparar juicio oral contra los investigados».
