La historia de Maribel se truncó con la crisis del ladrillo. «Yo tenía una inmobiliaria, y como, a partir de 2008, los bancos ya no daban créditos, las operaciones que tenía pendientes se me fueron a tomar por saco y tuve que cerrar». «A raíz del cierre, estuve cobrando el paro y seguía pagando mi casa, que me la había comprado cuando trabajaba, en el año 2002», manifiesta.
En el momento en el que se le acabó el paro, llegó a un acuerdo con el banco para que se le redujera la cuota hipotecaria: «Yo seguía pagando, lo que pasa es que los intereses se comían todo lo que aportaba. Pero, al final, ya llegó un punto en el que no encontraba trabajo y tuve que dejar de pagar», recuerda.
A partir de ese punto, que fue en 2013, Maribel no pudo abonar las mensualidades y un fondo de inversión se hizo cargo del piso. En 2017, el banco le condonó unos 170.000 euros de deuda y le ofrecieron tres años de alquiler social, que terminaron en 2020.
«Llevo desde entonces sin contrato, pero sigo pagando», cuenta. «Solo se comunican conmigo para ofrecerme dinero para que me vaya», añade. Son cantidades que fueron de los 8.000 euros hasta los 11.000. «Pero es que me da igual la oferta que me hagan, que me puede solucionar dos años como mucho, pero luego, ¿qué hago?».
«Solo se comunican conmigo para ofrecerme dinero para que me vaya»
Maribel no llega a los 900 euros de pensión: «Con los alquileres que hay hoy en día, pues...». «Y si, con lo que estoy pagando ahora de alquiler social, que son 36 euros, ya llego justa a final de mes... Si subo 50 euros más, ya ni llego».
Esta vecina acudió a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): «Me aconsejaron que pidiera una abogada de oficio; ella me lleva el caso y estamos a la espera de juicio, ya que la propiedad me impuso una demanda por impago, aunque mi abogada apeló que el alquiler social lo sigo pagando».
«Te afecta mucho porque no sabes qué te pasará, cuándo va a ser el juicio, qué es lo que van a determinar, qué juez te va a tocar...»
A nivel personal, afirma que «te afecta mucho porque no sabes qué te pasará, cuándo va a ser el juicio, qué es lo que van a determinar, qué juez te va a tocar...». «¿Que quieren ubicarme en otro piso que sea más pequeño? Pues yo no tengo ningún problema, pero con un alquiler acorde a lo que yo gano y puedo pagar», expone.
Maribel, que ha tenido diversos problemas de salud en los últimos años, dispone del certificado de vulnerabilidad y del bono social eléctrico. Su informe indica que «se encuentra en riesgo de exclusión residencial, ya que los ingresos ponderados de la unidad familiar o convivencial están comprendidos entre el 0,95 y 2,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), por lo tanto, corresponde un precio de alquiler social que no supere el 18% de sus ingresos ponderados».
