Nuevo paso adelante para una línea de muy alta tensión que cruzará la Conca de Barberà. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado luz verde, aprobando la autorización administrativa previa, según publicó ayer el BOE.
El avance no es definitivo pero sí supone que el proyecto vaya evolucionando según lo previsto, a pesar de la oposición territorial que ha desatado, fundamentalmente en la Conca de Barberà, el entorno esta vez afectado, pero también en la propia Diputació de Tarragona y en el mismo Govern de la Generalitat. La autorización administrativa previa comporta un peaje más después de la aprobación favorable de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que tuvo lugar en septiembre.
Dos líneas MAT planificadas
Se trata de un tendido que llevaría energía renovable desde Aragón hasta el área metropolitana. Hay que recordar que esta no es la única línea de alta tensión que está planificada en la provincia para llevar electricidad verde a Catalunya, ni tampoco la más larga ni siquiera la más polémica.
La Valmuel-Begues, que atraviesa 38 municipios y siete de las diez comarcas de la provincia, es también otro frente abierto que ha despertado el rechazo del territorio desde hace años. En esta ocasión, el Ministerio da su ‘ok’ a la línea de 400 kV Grañén (Huesca)-Pierola (Barcelona), también de la empresa privada Forestalia.
El BOE, en este caso, remite a la resolución del 21 de noviembre de 2023 de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que «se otorga a Energía Inagotable de Lupus, SL, autorización administrativa previa para el parque eólico Lupus, de 49,5 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Huesca, Zaragoza, Lleida, Tarragona y Barcelona».
El Boletín publicado ayer recoge el alto grado de oposición tanto de ayuntamientos tarraconenses como también aragoneses, así como la presentación de alegaciones por parte de un gran número de entidades. El BOE especifica que «el objeto del proyecto es la construcción de un parque eólico para la generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red».
Se trata de un parque de nueve aerogeneradores, cada uno con una potencia de 5,5, hasta configurar un total de 49,5 MW. Afecta a tres municipios de la provincia de Huesca. La autorización incluye también toda una serie de infraestructuras de evacuación a través de subestaciones, una de ellas localizada en Sarral. De todo ese trazado hay ocho municipios tarraconenses afectados, todo ellos en la Conca de Barberà: Pontils, Solivella, Les Piles, Blancafort, Rocafort de Queralt, L’Espluga de Francolí, Vimbodí i Poblet y Sarral.
Las alegaciones
La mayoría de esos ayuntamientos, y otros de Lleida, expresaron una fuerte oposición al proyecto, presentando «alegaciones desfavorables», según la resolución del BOE, tales como «incompatibilidad con la planificación de desarrollo de la red eléctrica vigente, afectaciones agrícolas, fragmentaciones de proyectos, no utilidad pública del proyecto presentado, presunta falta de inocuidad en relación a los campos electromagnéticos, necesidad de replantear en su conjunto el tramo catalán de línea eléctrica aérea de alta tensión, por el hecho de que parques eólicos y fotovoltaicos que se iban a conectar a la infraestructura de evacuación hayan obtenido informe desfavorable de viabilidad de emplazamiento».
El déficit de renovables en Catalunya abre el debate sobre si hay que traer energía de fuera
Asimismo, se alegaba que «la valoración de los impactos socioeconómicos del proyecto son insuficientes a juicio de dichos ayuntamientos». Según se relata, «en todos los casos, el promotor ha dado respuesta a las consideraciones indicadas por los ayuntamientos, documentando sus respuestas con la información presentada, y manifestando como criterio habitual colaborar en todo momento con las entidades locales en el desarrollo de los proyectos». El promotor también respondió a los informes contrarios del Consell Comarcal de la Conca de Barberà o de la Diputació de Tarragona.
También la institución provincial ha salido al paso con rotundidad. Cuando se aprobó la DIA, en el anterior paso, argumentó en sus alegaciones que «se trata de un transporte de excedentes de energía a larga distancia para su posterior venta y no de un servicio a los vecinos de los municipios que se ven directamente afectados por la instalación». El ente supramunicipal advertía de «riesgo electromagnético» y aludía también «al aumento del riesgo de incendio forestal e interacción negativa con un perímetro de protección prioritario».
Conflicto entre administraciones
Organizaciones como Ecologistas en Acción, GEPEC o Unió de Pagesos, entre otras, también han mostrado su oposición al proyecto con alegaciones en un momento u otro, que por ahora no han servido para detenerlo.
Este trazado Grañén-Pierola ha provocado un conflicto entre administraciones. Aquella luz verde ambiental concedida en septiembre hizo que el Govern anunciara que estudia emprender «todas las medidas legales y administrativas» contra la tramitación del tendido. El conseller de Acció Climàtica, David Mascort, denunció que el Ministerio hubiera aprobado la DIA sin el informe de biodiversidad favorable de la Generalitat. «Es inconcebible que se apruebe una DIA que tiene informes sobre biodiversidad negativos», añadió Mascort, que mostró su «indignación».
Ocho municipios de la Conca de Barberà están afectados por la línea
Ambas líneas de alta tensión proyectadas están en el mismo punto, habiendo recibido la autorización administrativa previa y aguardando al siguiente hito: la autorización de construcción. Ahora se abre un plazo de tres meses para que el promotor obtenga la autorización administrativa de construcción, un proceso sometido a diferentes condicionantes. Será un momento crucial para que se lleve a cabo la infraestructura. De lo contrario, la autorización concedida caducará tras esos 90 días. Está por ver qué pasos da la Generalitat para frenar el desarrollo de esta instalación.
Soberanía energética a debate
Todas estas iniciativas empresariales arrojan otras derivadas, como la de la soberanía energética, en el sentido de que Catalunya necesitará renovables que vendrán en buena parte de Aragón, sobre todo por el déficit que arrastra en cuanto a generación propia.
Nadie quiere este modelo de torres de alta tensión que, pese a todo, parece avanzar: ni el territorio, donde la oposición de ayuntamientos y administración es total, ni el propio sector de las renovables, ni la Generalitat, ni por supuesto los grupos ecologistas.
Desde Forestalia, la empresa promotora, se recuerda que «Catalunya está todavía muy lejos de alcanzar sus propios objetivos de participación de las renovables en su mix energético» y reivindica sus proyectos como «una magnífica oportunidad para la industria y la actividad económica catalana, que precisa de garantías de suministro eléctrico, máxime con el anunciado apagón nuclear».