Han pasado ya dos meses desde que las familias de la calle Flix de Constantí pudieron impedir que las desahuciaran tras, según afirman, ser víctimas de una estafa por parte de la empresa Armanyà Associats, a quien Divarian alquiló la totalidad del inmueble. Dicha empresa fue la que acordó el alquiler con las familias. En el momento en el que la situación explotó, los vecinos denunciaron que pagaban su alquiler y que tenían un contrato, pero Armanyà dejó de pagar a la propiedad.
Todo concluyó con una orden de lanzamiento: «El auto del juez decía que los inquilinos podían marcharse voluntariamente hasta el 13 de marzo», afirma el abogado de los afectados, Jordi Prat. «Ahora, después del voluntario, viene lo forzoso, pues Divarian está pidiendo al Juzgado que ejecute el desalojo», añade.
Pocas familias se marcharon meses antes, pero hay muchas que siguen allí. En palabras de Prat, Divarian ya ha presentado dos o tres escritos para que se produzca el desahucio: «El Juzgado aún no ha acordado el día lanzamiento, pero lo acordará tarde o temprano». Antes, el abogado cree que hay que valorar las situaciones de vulnerabilidad.
Prat recuerda que, en febrero, se interpuso una demanda de mala fe y de nulidad de la sentencia que da pie a la ejecutoria. «Aún está pendiente que se admita a trámite, ya que el proceso es muy lento». Hace unos días, las familias se dirigieron al Juzgado para que, finalmente, la demanda sea admitida. ¿Esta demanda servirá para parar el procedimiento? «Tanto los vecinos como yo tenemos confianza en que así sea», revela Prat. A las últimas familias que abandonaron el inmueble, a finales del pasado año, se les abonaron 5.500 euros, pero, posteriormente, el fondo se echó atrás, ante la orden de ejecución
Algunos de los afectados se han planteado comprar: «Divarian nos dice que vende, pero no tenemos interlocutor, nosotros pedimos que nos den precio piso por piso y titulizado, que nos faciliten una pequeña rebaja... pero no podemos comunicarnos fluidamente», denuncia el abogado. La última oferta de compra se quedó en unos 100.000 euros y se está esperando a la respuesta de Divarian.
Los clientes podrían interponer una querella criminal contra Armanyà Associats, pero «es una sociedad con un administrador de paja y que no tiene nada, así que no sería una solución; no podría conseguirse la restitución económica, nada más allá de una condena penal que igual llegaría dentro de cinco años», explica Prat.
