Las 18 familias que viven en los bloques 12-14 de la calle Flix de Constantí no se marcharán mañana, tal como lo exigía la orden de desahucio del juez. Los vecinos afectados aseguran ser víctimas de una estafa por parte de una empresa que hacía de intermediaria entre la propiedad –Divarian– y los inquilinos. Según parece y denuncian, los vecinos pagaban regularmente su alquiler, mientras que los intermediarios no abonaban la cantidad a los propietarios. El resultado ha sido que los vecinos deben marcharse lo antes posible. La última hora de este caso es que el juez ha admitido a trámite la demanda interpuesta por los vecinos, lo que ha permitido ganar tiempo para que las familias afectadas puedan seguir negociando una indemnización con la propiedad.
La mayoría de vecinos ya ha aceptado irse. Saben que es muy difícil que pueda paralizarse el desahucio. Pese a ello, no pierden la esperanza y aseguran que lucharán hasta el final por lo que consideran que son sus derechos.
La fecha de lanzamiento para que los afectados se fueran de forma voluntaria estaba prevista para mañana, pero los vecinos tenían claro que no se irían. Finalmente, el abogado de los afectados presentó una demanda para conseguir retrasar el desahucio. «Calculamos que ganamos de dos a tres meses», explica Jordi Prat, el letrado, quien añade que «el lanzamiento se haría efectivo solo si los propietarios pidieran una medida forzosa».
De entre los vecinos hay algunos –una minoría– que le gustaría comprar el piso en el que llevan más de 10 años viviendo. «El problema es que la propiedad tampoco nos facilita opciones», explica el abogado. En algunas páginas web, como Idealista.com, las viviendas en cuestión están a 110.000 euros. Los vecinos piden que, para ellos, que llevan años pagando alquiler, se lo dejen a 90.000 euros.
Por otro lado, la mayoría de los afectados insisten en que no se irán de sus hogares hasta no hacerse con una indemnización para poder empezar de cero en otro lugar. Hace unos meses, Divarian ya les ofreció 5.500 euros para marcharse, pero finalmente se echó atrás. Parece que ahora las negociaciones se han reanudado.
Se enteraron tres años después
Según la demanda de los afectados, la empresa intermediaria –Armanyà Associats– dejó de hacer frente a los pagos en 2018. Lo curioso del caso es que los vecinos no supieron de este proceso judicial hasta tres años después, cuando recibían una orden de desahucio para mayo de 2022. La sentencia a favor de Divarian condena a Armanyà Associats a pagar 198.000 euros en concepto de deuda.
Desde entonces, los inquilinos se han tenido que hacer cargo de todos los gastos que surgen en una comunidad. Que si arreglar el ascensor o volver a pedir la luz. A todo ello, se suma el drama de los ocupas. Los vecinos aseguran que cada fin de semana se ven obligados a defender el bloque de las ocupaciones ilegales.