Esta es la historia de 18 familias que, sin comerlo ni beberlo, deben irse de su casa antes del 13 de marzo. En total eran 32, pero algunas ya se han marchado. Otras se resisten, asegurando que no tienen recursos suficientes para hacer frente a un alquiler superior a 500 euros.
Se trata de los inquilinos del bloque 12-14 de la calle Flix de Constantí, edificio conocido como La Perla de Constantí. El abogado de los afectados, Jordi Prat, asegura que sus clientes han sido víctimas de una «estafa» por parte de Armanyà Associats, una empresa que ejercía de intermediaria entre el fondo inversor propietario del inmueble y los vecinos –los subarrendatarios–.
Según parece, los inquilinos ingresaban regularmente el alquiler a Armanyà Associats, pero la empresa no pagaba a la propiedad desde 2018. Finalmente, una sentencia ha dado la razón a los propietarios –actualmente es Divarian, aunque el bloque ha pasado por varias manos–, lo que significa que el contrato de arrendamiento ya no existe y que, por lo tanto, los inquilinos deben irse del lugar.
Tienen hasta el día 13 de marzo para marcharse. Pero los vecinos no se rinden y reclaman a Divarian que les dé la opción de quedarse, pagando un alquiler como hasta ahora, o bien ofreciéndoles mejores condiciones de compra.
Lo más curioso del tema es que los vecinos no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo. La persona que funcionaba como intermediaria entre inquilinos y propiedad nunca les explicó nada referente al proceso judicial en el que se encontraban Divarian y Armanyà Associats.
Las sospechas se hicieron cada vez más evidentes, hasta que una notificación les informaba que debían abandonar su vivienda antes del 26 de mayo de 2022. «Llamamos al juzgado y nos dijeron que nos buscáramos rápidamente un abogado. Así lo hicimos. Conseguimos parar el desahucio», explica una vecina. Ninguno de los afectados quiere dar su nombre. Dicen que por miedo a posibles represalias.
Los pisos de ‘La Perla de Constantí’ se están vendiendo por Internet a 110.000 euros
Los vecinos, hasta ese momento –algunos unos meses antes–, no dejaron de pagar el alquiler, que iba entre 500 y 550 euros. «A finales de 2021, un vecino se hizo con una sentencia que decía que el contrato de arrendamiento entre Divarian y Armanyà había quedado sin efecto. No sabíamos a quién pagar. Algunos de nosotros optamos por seguir pagando religiosamente a Hacienda», explica un vecino. En la sentencia de finales de 2021, el juez condenaba a Armanyà Associats a pagar 198.000 euros a Divarian, en concepto de deuda.
«Al quedar invalidado este contrato, también quedaba sin efecto el que colgaba de él, es decir, el de los vecinos», apunta el abogado de los afectados.
Fue en ese momento cuando los inquilinos se vieron obligados a montar una especie de comunidad de propietarios para poder hacer frente a las derramas propias de un inmueble. «Nos cortaron la luz, se estropeaba el ascensor. Todos estos gastos han corrido a nuestra cuenta», explican.
Quieren negociar
Con todo en contra, los vecinos llevan meses intentando negociar con Divarian para poderse quedar en el que consideran su hogar. Algunos de los inquilinos han decidido irse y empezar de nuevo en otro lugar. Otros aseguran que no encuentran nada económico por la zona.
Hay familias con niños escolarizados en el municipio y no quieren irse de Constantí. «Por eso pedimos que nos mantengan el alquiler, aunque sea pagando más. No nos importa. Lo que no queremos es irnos», explican.
En un principio, y según la versión de los vecinos, «Divarian no nos quería vender los pisos a nosotros. Ahora, que han visto que no se venden, nos los han ofrecido, pero a precio de mercado, muy caro. Creemos que algún tipo de privilegio deberíamos tener, teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros lleva diez años pagando alquiler», explica uno de los afectados.
En algunas páginas de Internet se puede ver que los pisos de La Perla de Constantí se venden por 110.000 euros, aproximadamente. Otra de las quejas, según el abogado de los vecinos, es la dificultad para poder encontrar un interlocutor válido con la propiedad.
El Diari se ha puesto en contacto con el abogado de Divarian, quien ha preferido no pronunciarse al respecto. Divarian es una sociedad que se hace cargo de los activos inmobiliarios tóxicos de una entidad bancaria.
Objetivo: frenar el desahucio
Los vecinos luchan ahora para frenar la orden de desahucio prevista para el próximo 13 de marzo. «Sabemos que tarde o temprano nos tendremos que ir, pero queremos ganar tiempo para poder seguir negociando», explica una vecina, quien alerta de que «lucharemos hasta al final por lo que creemos que es justo».
A principios de este año, Divarian ofreció una indemnización de 5.500 euros para los vecinos que se fueran de manera voluntaria. Algunos aceptaron. Lo veían como una ayuda para poder empezar de cero. «De repente nos lo negaron y ahora no nos lo dan. Creemos que el motivo es que ven cerca la fecha de lanzamiento y ya no les sale a cuenta», explica un vecino, quien añade que «lo que no saben es que no nos sacarán de aquí».
Algunos vecinos se han llegado a plantear comprar el piso. «El problema que vemos es que si nos quedamos pocos en el edificio, en cuestión de horas, las viviendas se llenarán de ocupas», explica una de las afectadas, quien relata como, cada fin de semana, intentan parar una ocupación.
Los vecinos que todavía quedan en el edificio aseguran estar viviendo una auténtica pesadilla. Dicen que no duermen por las noches y que toman medicación para poder llevar la situación. Esperan encontrar pronto una solución.
l Los vecinos afectados han pedido ayuda al alcalde de Constantí, Óscar Sánchez, quien asegura que en los próximos días mantendrá una reunión con los responsables de Divarian y el abogado de los vecinos. Sánchez se compromete a hacer de intermediario entre ambas partes para llegar a un acuerdo.