Quien haya intentado alquilar un piso en Reus ya lo sabe: hacerse con uno es prácticamente misión imposible. Ahora, el Ayuntamiento traduce el problema a cifras. Tal solo un 5% de la oferta inmobiliaria en la ciudad es para arrendamiento mientras que el 95% restante se orienta a la venta, principalmente de segunda mano. El dato se desprende del diagnóstico realizado para la elaboración del Pla Local d’Habitatge 2022-2027, que acaba de abrir un proceso participativo para que la ciudadanía haga sus aportaciones a las políticas municipales de vivienda.
El proceso participativo durará tres meses y finalizará el 14 de septiembre. El portal web participa.reus.cat ha generado un espacio en el que se publicará la información relativa al desarrollo de la consulta y habrá cuatro mesas de debate. En una de ellas se involucrará al tejido vecinal y en las otras tres, al Consell Municipal d’Habitatge.
Preguntada sobre los planes del gobierno, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es escéptica. «La consulta no llegará a la gente real, a la gente necesitada, y no dará su opinión. Lo harán únicamente cuatro personas que rodean a los políticos», apunta la portavoz del colectivo en Reus, Sandra Casanova.
Pero el diagnóstico del Pla d’Habitatge cuantifica también muchas otras cuestiones y detecta situaciones de desequilibrio entre la oferta y la demanda, y vulnerabilidad residencial, además de un parque envejecido. El documento refleja, por ejemplo, que no existe disponibilidad de pisos por debajo de los 450 euros y que los precios han subido un 16% en estos últimos cinco años. Pese a todo, «son inferiores a los de los principales municipios del entorno y el conjunto de Catalunya (724 euros), Tarragona (508 euros) y el Baix Camp (493)».
Entre 477 y 630 euros al mes
El coste mensual del alquiler oscila entre los 477 y los 630 euros y en 2021 se cerraron alrededor de 2.500 contratos, cantidad que «se ha mantenido constante», tal como precisó ayer la concejala de Habitatge, Teresa Pallarès, que detalló que, por otro lado, «el mercado de compraventa también mantiene una dinámica estable, con 1.200 transacciones anuales». La obra nueva es «residual» y se vende a 1.900 euros el metro cuadrado. Son 700 euros más que para la segunda mano, que registra, de media, un precio de 1.200 euros el metro.
«Tenemos todavía mucho camino por recorrer porque la mayoría de la demanda es de alquiler y, en cambio, casi toda la oferta es de compra», admitió la concejala, que indicó que «hemos trabajado mucho para que Reus entre en la resolución de la Generalitat como mercado de vivienda tenso y eso nos permite tener capacidad para regular los precios de los arrendamientos. Es una maquinaria que cuesta mucho mover pero estamos buscando todas las herramientas jurídicas para poder fluir en este aspecto».
La revisión del Pla General d’Ordenació Urbana prevé 22 planes de mejora urbana, 80 polígonos de actuación urbanística en suelo y 39 planes parciales con desarrollo residencial. Si se desplegasen todos, habría capacidad para construir hasta 18.640 nuevos inmuebles, según el Ayuntamiento. Así que «Reus cuenta con potencial suficiente para satisfacer las necesidades que se presentan».
En el ámbito de la vulnerabilidad y la exclusión residencial, Pallarès afirmó que las diversas realidades que se dan en Reus «están en toda Catalunya, con escenarios macroeconómicos» y que «la inflación también se va a notar muchísimo con personas que no pueden llegar a final de mes».
El 39% de las familias que buscan vivienda no logran acceder a un alquiler libre sin dedicarle más del 30% de sus ingresos. Hay 364 inscritos en el registro de solicitantes de viviendas de protección oficial (VPO), principalmente adultos de 35 a 49 años (son un 42%), seguidos de personas de entre 50 y 64 (25,8%), con una composición familiar de tres o más miembros. Más de la mitad de ellos cobran menos de 10.000 euros al año.
El Ayuntamiento identifica un «elevado volumen de hogares en riesgo de pérdida de las viviendas y que se encuentran en un proceso judicial por desahucio» y, tal como señaló la responsable de Habitatge, «presencia de personas que viven en inmuebles ocupados de forma irregular y para las que esto no es adecuado ni seguro». En concreto, se estima que en la ciudad hay 110 pisos en los que residen okupas, mientras que 891 (un 1,8 del parque) están vacíos: 454 pertenecen a grandes tenedores y otros 437 son propiedad de particulares. A través de la última convocatoria, se tramitaron 1.760 solicitudes favorables vinculadas a ayudas al alquiler.
La media de edad del parque en Reus es de 48 años y hay un 0,2% de las casas que se encuentran en mal estado, mientras que otro 2,2% presentan condiciones no muy buenas. La superficie media es de 98,5 metros cuadrados, pero se han podido contabilizar hasta 1.003 viviendas de menos de 40 metros. Un total de 7.810 domicilios de planta baja más tres no tienen ascensor.
El Sindicat y la PAH exigen más vivienda protegida
Con los números encima de la mesa, las asociaciones que defienden el acceso a la vivienda tienen claro qué necesita la ciudad. «Pedimos un parque de vivienda pública ajustado y voluntad política para sentarse con las entidades bancarias y con la Sareb, pero no la hay», añade Casanova, que se pregunta «¿Cuándo se empezarán a hacer los maravillosos pisos que se prometieron en la Hispània? No hemos visto adelantos, queremos cosas que podamos ver con nuestros ojos».
«¿Quién puede permitirse hoy en día el lujo de tener un alquiler? Para muchas familias, los precios de mercado son imposibles de asumir y los asequibles no se encuentran», explica, y subraya que «además, para firmar te piden de todo: un aval, una o dos entradas, el primer mes de alquiler... son, mínimo, 2.000 euros».
Por otro lado, «se tienen que terminar de una vez por todas que los desahucios que dejen a familias en la calle porque en Reus no hay viviendas y no hay la posibilidad de realojos rápidos», dice la portavoz de la PAH, y opina que «Pallarès tiene muchas ideas, un buen equipo técnico para trabajar e implicación, pero en realidad las soluciones están en el aire».
Aunque en la plataforma no hay ahora familias sobre las que pesen órdenes de desahucio, «sí que somos perfectamente conscientes que en Reus faltan muchas oportunidades y el día que haya parque público se acabarán muchos problemas». En esto, «los jueces también juegan un papel importante» y «nos tenemos que ver así, y aún nos llaman delincuentes si recuperamos pisos». La PAH espera reunirse con el consistorio pasado el verano, después de haber optado ahora por «rechazar estar en la mesa de Habitatge porque nos pareció partidista y que perderíamos el tiempo».
Por su parte, desde el Sindicat d’Habitatge de Reus, Mer Roca expresa que «diferentes medidas prometidas, como la regulación de los precios del alquiler, ayudas y prestaciones o campañas de dinamización y de rehabilitación de viviendas vacías no han traído resultados. Al contrario, cada día nos encontramos con más dificultades y negativas por parte del Ayuntamiento y Serveis Socials cuando nuestras compañeras y vecinas necesitan atención». «Reus solo cuenta con 160 pisos de protección social, evidentemente llenos y con listas de espera interminables», lamenta el Sindicat. Pallarès defendió ayer que Redessa ya gestiona unos 300.