Reus es uno de los municipios en los que la Generalitat ha aplicado la ley de contención de los precios de alquiler, que entró en vigor en septiembre de 2020. La normativa tenía como objetivo frenar la subida de precios que, en el caso de la capital del Baix Camp, se incrementó en un 26,3% entre el 2015 y 2020. Un crecimiento que se reflejó en una media de 480,54 euros mensuales el pasado año, según datos publicados por el Institut Nacional d’Estadística.
El auge en el precio del alquiler también se ha visto reflejado en la reducción del número de contratos formalizados en los últimos tres años. En 2020, año en el que se declaró la pandemia, la cifra total fue de 2.062; En 2019 fueron 2.404 y 2.503 en 2018.
Entre enero y junio de 2021 se han formalizado 1.216 contratos de alquiler en los que se ya se vislumbra un retroceso en el precio. Las cifras de los dos primeros trimestres publicadas por la propia Generalitat así lo reflejan y el importe, en el caso de Reus, se sitúa en 465,20 euros de media.
Este descenso también se constata en distintos portales inmobiliarios consultados, aunque el precio medio es mayor que la cifra que publica el gobierno catalán. Por ejemplo, en el web En Alquiler, el importe de los inmuebles ubicados en Reus y registrados en su dominio fue de 582 euros el pasado mes de septiembre. Aunque si lo comparamos con noviembre de 2020, el precio medio fue entonces de 617 euros.
El precio del metro cuadrado se mantiene estable y con ligeras oscilaciones a lo largo del último año. Según indica el portal Habitaclia –también en base a sus registros–, en septiembre fue de 7,06 euros cuando en octubre de 2020, por ejemplo, fue de 6,80 euros. Otro de los portales que ofrecen datos, Idealista, situó el precio en 6,80 euros el metros cuadrado el pasado mes de septiembre e indica que se ha producido una reducción anual del 4%.
Pendiente de renovación
A día de hoy, Reus se encuentra, en términos de precio del alquiler, en ‘Stand By’. La consideración del municipio como área con mercado tenso de vivienda tenía una vigencia de un año, una fecha que venció el pasado 22 de septiembre. Algunos municipios de la provincia ya han renovado esta condición como es el caso de Tarragona, en el que se aplicará durante los próximos cinco años según se recoge en el DOGC. Reus prevé volver a incorporarse en breve, tal y como se acordó en la junta de gobierno local celebrada el pasado 30 de julio.
Una ley que se volverá a aplicar en la ciudad ya que se producen dos indicadores que motivan su aplicación: uno de ellos es que «el coste del alquiler supera el 30% de la media de los ingresos habituales de los hogares», expresa la concejala de Economia, Coneixement i Habitatge, Teresa Pallarès. En este sentido, en el 2018, según los datos de la Generalitat, la cifra estaba situada en el 34% del presupuesto personal, sin contar gastos de suministros. El otro factor que motiva la regulación es que «el precio del alquiler ha experimentado un crecimiento interanual acumulado de al menos tres puntos porcentuales por encima de la tasa interanual del IPC», apunta Pallarès.
Datos en mano, no todos los sectores ven con buenos ojos la aplicación de la ley de área de municipios ‘tensos’. Desde el Sindicat d’Habitatge de Reus su portavoz, Issam Oudriss, cree que medidas como la contención en el precio «son populistas porque siguen fijando un tope máximo. El valor del alquiler debería tener en cuenta la renta disponible de las familias. Hoy en día con estos precios es inviable que muchos jóvenes se puedan independizar», argumenta.
¿El propietario se lo piensa más?
La contención choca, además, con otro problema que viene de lejos: la escasez de viviendas de alquiler. Un factor a tener en cuenta es que con la aplicación de la ley «algunos propietarios han decidido no alquilar porque consideran que el precio no se ajusta a sus expectativas», asegura Dídac Rodríguez, director de Agorax Immobiliària. En cambio, Josep Maria Pagès, responsable de Finques Pagès, asegura que «no hemos notado el efecto y los propietarios siguen poniéndolos en alquiler», aunque remarca que «algunos no vean con buenos ojos esa contención». En este sentido, puntualiza que «es evidente que tener una vivienda genera deudas y en la fijación del precio final el inquilino también debe tener en cuenta que, como sucede en nuestro caso, también incluimos en el alquiler el precio el IBI, las basuras y la comunidad de vecinos».
Además de la escasez de oferta, también hay que sumar la situación de pandemia donde el inquilino, al igual que el comprador, valora cada vez más la importancia que el inmueble que vaya a arrendar disponga de espacios exteriores y de trabajo, según constatan las distintas agencias.
Más inversión pública
Ante la falta de inmuebles de alquiler, el sector inmobiliario apunta en una misma dirección: la necesidad que intervenga la administración: «Es necesario que haya más inversión pública y que un porcentaje de las nuevas promociones se destinen al alquiler», expresa Rodríguez.
Por su parte, Pagès considera que una opción pasaría porque «el Ayuntamiento reconvirtiera locales comerciales en viviendas y modificando a la baja la limitación existente de los 60 metros cuadrados que se recoge aún en el Plan General de Reus». La adquisición de bloques de viviendas por parte de entidades bancarias y los fondos buitre son otros de los factores que las distintas voces coinciden en señalar como limitantes para fomentar el acceso a viviendas de alquiler.
Incentivar el alquiler
Desde el Ayuntamiento de Reus, la concejala de Habitatge constata que «a mucha gente aún le cuesta poner su piso en alquiler por una cuestión de seguridad». En este punto, recuerda que la ciudad «dispone de un servicio de mediación para que el propietario tenga garantías». Pallarès también remarca que existen «subvenciones municipales para la rehabilitación del interior de viviendas que, una vez ejecutadas, se destinarán al alquiler a través de la Borsa de Mediació de Lloguer Social». Además, señala que recientemente «se ha puesto en funcionamiento el Consell Municipal d’Habitatge, un órgano que debe facilitar el acceso al alquiler a precios asequibles».
Reus prevé aumentar el parque de vivienda destinada al alquiler. Según anunció el gobierno municipal el pasado jueves, la intención es que la empresa municipal Redessa gestione 48 de las 60 viviendas sociales que se ubicarán en la zona de la Hispania –en al actual parking de la zona azul ubicado en la Riera de Miró–, mientras que las doce restantes utilizarán un modelo mixto público-privado.
¿El precio justo?
La ley de la Generalitat indica que el precio del alquiler no puede superar el índice de referencia, que se puede consultar a través de la web de la Agència de l’Habitatge. El portal realiza una media aritmética de los precios de alquiler por metro cuadrado de todas las viviendas que se encuentran dentro del área de búsqueda obtenida y a partir de los criterios introducidos. Entre los campos obligatorios figuran la dirección, superficie útil y el estado de mantenimiento mientras que los opcionales son la planta, el año de construcción, el tipo de certificado energético, si dispone de ascensor, aparcamiento y si está amueblado. Según argumenta Rodríguez, «hay que tener en cuenta que a la hora de marcar un precio de alquiler la ley da más preponderancia a los metros cuadrados de la vivienda y no distingue tanto, por ejemplo, en las zonas o las características de esta». Así, «el 5% que se da de margen para poder subir el precio del inmueble es el que tiene en cuenta las demás características de este: por ejemplo, si dispone o no de ascensor, si está amueblado o si tiene una zona comunitaria», puntualiza Pagès.
