La constructora al frente del complejo urbanístico con vivienda social y parking de La Hispània deberá hacerse cargo de los residuos que se generen durante los movimientos de tierras y las obras. Así lo refleja el contrato recientemente firmado entre la adjudicataria de la intervención y el Ayuntamiento. Las catas en la zona azul de la Riera Miró, donde se desarrollará todo el proyecto, ya han comenzado, tal como especifican al Diari fuentes municipales consultadas.
Las ha empezado a llevar a cabo una empresa acreditada por la Agència de Residus de Catalunya (ARC) y que ha sido contratada por la propia adjudicataria, según precisan las mismas fuentes. A partir de aquí, habrá que constatar lo que halla en el subsuelo y planificar las pertinentes tareas de extracción.
La documentación, que es pública y disponible en el portal de contratación de la Generalitat, especifica que la constructora «tendrá que efectuar los trámites pertinentes con la ARC para la recuperación de suelos contaminados y cumplir con los procedimientos y las prescripciones necesarias para la protección de la salud de los trabajadores y de los vecinos del entorno afectado».
La cuestión toma relevancia porque tanto la CUP como residentes del área han denunciado contaminación en el subsuelo de estos sectores, resultado de la actividad de las antiguas cocheras que los ocuparon, e iniciaron una recogida de firmas en contra de las actuaciones relacionadas con el parking subterráneo. El mes pasado eran ya más de 400. En esa línea, piden a la ARC que suspenda los avances en este sentido y quieren que su lugar lo ocupen nuevos espacios verdes.
Preguntada al respecto, Lourdes Ramon, representante de los vecinos, expresa que «nos dijeron que lo que están haciendo en la zona azul son catas y que tienen, en principio, la intención de iniciar obras en septiembre», aunque valora «habrá que verlo porque hay cuestiones pendientes y no tenemos pensado quedarnos aquí». El colectivo saldrá de nuevo a las calles próximamente para seguir reuniendo apoyos.
Por su parte, la portavoz del grupo municipal de la CUP, Mònica Pàmies, igualmente preguntada, sostiene que «la empresa adjudicataria no tenia contemplado hacer el estudio de descontaminación, y por eso recurrimos a la Agència de Residus», y señala que, en el caso de que este paso no se hubiese incluido en el presupuesto, «ahora vendría la valoración económica del proceso y puede ser que la empresa diga que no asume el sobrecoste».
La adjudicación de las obras se hizo en dos lotes que recayeron en Garcia Riera SL, por un importe de alrededor de 22 millones de euros y con un plazo de ejecución que, en su conjunto, alcanza los tres años.
El acuerdo recoge que, dado que «según el estudio preliminar de la calidad del suelo se ha identificado la presencia de suelos contaminantes, la adjudicataria deberá realizar catas para acotar el espacio de afectación, hacer una caracterización de residuos de esta zona acotada (...) y un análisis cuantitativo del riesgo, debido a que hay un volumen de excavación considerable que puede afectar a la salud pública en función de los resultados que se desprendan de la caracterización». Y eso es, en principio, lo que se estaría poniendo en marcha en estos momentos, con movimientos incipientes.
El primer lote de las obras, según informó el Ayuntamiento, abarca la ejecución de 48 viviendas y equipamiento, la urbanización y la obra civil del aparcamiento. También comprende la redacción del proyecto construcción de un edificio de tres viviendas en régimen de renta libre que dé al Raval Sant Pere y la redacción del proyecto de un bloque de 12 pisos de protección destinados a gestión privada.
Por su parte, el lote número 2 aborda las instalaciones del aparcamiento subterráneo con más de 300 plazas y que sustituiría a las cerca de 200 de la actual zona tarifada en superficie. La adjudicación se aprobó en Junta de Govern al desenlace del mandato anterior, el 5 de mayo.
