El Gobierno español, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a la calma tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de revocar los permisos que permitían a empresas como Repsol exportar crudo desde Venezuela. Albares aseguró que el Ejecutivo defenderá siempre los intereses de las compañías españolas y destacó que aún hay margen para el diálogo con las autoridades estadounidenses.
La medida de la administración Trump afecta no solo a Repsol, sino también a otras petroleras internacionales que operaban en Venezuela bajo exenciones previas. El Gobierno español está evaluando la situación y mantiene abiertos canales diplomáticos para abordar el asunto.
Albares enfatizó que España actuará con tranquilidad y discreción, buscando siempre proteger los intereses de sus empresas en el exterior. Asimismo, subrayó la importancia de mantener el diálogo como vía para resolver diferencias y garantizar la estabilidad en las relaciones internacionales.
Repsol enfrenta un ultimátum por parte del gobierno de Donald Trump: tiene hasta finales de mayo para liquidar sus operaciones en Venezuela o arriesgarse a sanciones en EE.UU., su tercer mercado por ingresos. Según datos de El Confidencial, la compañía posee activos en el país sudamericano valorados en 504 millones de euros, el doble que en 2023. Entre estos activos se encuentran su participación en el yacimiento de gas Perla, su inversión en la empresa mixta Petroquiriquire y deudas pendientes con PDVSA. Además, la nueva administración estadounidense ha impuesto un arancel del 25% sobre las importaciones de petróleo venezolano, complicando aún más la situación para la energética española.
Hasta ahora, Repsol había logrado mantener sus operaciones gracias a una licencia especial otorgada por la administración Biden, lo que le permitió ampliar acuerdos con PDVSA y extender su presencia en el país hasta 2046. Sin embargo, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, estos acuerdos han quedado en suspenso. La empresa ha contratado a un asesor independiente para evaluar sus opciones, mientras su equipo directivo trabaja a contrarreloj para encontrar una estrategia que le permita minimizar pérdidas y evitar sanciones en EE.UU.
