Este jueves se cumple un año del asesinato de Núria López, cocinera en la cárcel tarraconense de Mas d’Enric, por parte de un preso con delitos de sangre.
Un año de un crimen que provocó un aluvión de protestas sobre la gestión del Departament de Justícia y que puso sobre el tapete la problemática de las agresiones a los funcionarios y las funcionarias de las cárceles catalanas.
El Departament de Justícia y la entonces consellera Gemma Ubasart fueron muy criticados por su gestión tras el asesinato de Núria López. ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces, según la cartera que ahora mismo dirige Ramon Espadaler?
Fuentes de Justícia destacan la Circular 2/2024, vigente desde el 16 de septiembre de 2024 y que endurece los requisitos para que los presos accedan a lugares de trabajo que puedan representar algún tipo de riesgo para la seguridad, como la cocina o la carpintería.
La idea general es que los presos con delitos de sangre no puedan acceder a puestos como el que tenía el asesino de Núria. A la práctica, lo que se hace actualmente es filtrar según los años de condena o si los presos han utilizado armas como cuchillos en los delitos que han cometido.
Sobre esto, la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, instó al Govern de la Generalitat a que reconsiderara las restricciones aplicadas a algunos internos para poder trabajar en las prisiones.
Lo hizo en el marco del Informe Anual del Mecanisme de Prevenció de la Tortura, en el que argumentó que esta circular «tiene por efecto una restricción de los derechos de los presos». Lo que sugiere la Síndica es «seguir aplicando medidas de control y ampliar las que ya existen».
Por otro lado, los centros penitenciarios de toda Catalunya han implementado ya el trabajo en parejas durante las situaciones de riesgo, como pueden ser los recuentos, los traslados a las celdas o las rondas nocturnas.
Además, los funcionarios mayores de 55 años quedan exentos de trabajos de alta exigencia, como formar parte de equipos de intervención, trabajar en departamentos de régimen cerrado o en áreas de complejidad elevada.
Agentes de la autoridad
Otra de las novedades destacadas, aunque de cara al futuro, la anunció Espadaler este miércoles. El Govern «impulsará» el reconocimiento de los funcionarios de prisiones con la condición de agentes de la autoridad.
El conseller añadió que «las modificaciones legislativas más adecuadas» serán aprobadas para aplicar la medida, la cual se extenderá a todo el personal que realice funciones de régimen interno.
¿Qué implica ese reconocimiento? Diversos factores como gozar de presunción de veracidad, más protección legal –los delitos contra ellos están más penados– y una mayor capacidad de actuación en situaciones de conflicto. Actualmente, gozan de esta categoría los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y funcionarios como los inspectores de trabajo.
Sobre este anuncio, la asociación de funcionarios y funcionarias de las prisiones catalanas Marea Blava argumenta que esta condición «es necesaria e inherente al trabajo de los funcionarios de prisiones».
«Esperamos que la tramitación parlamentaria sea en vía de urgencia e incluya el principio de indemnidad; que esta medida haya sido anunciada un día antes de cumplirse el aniversario del asesinato de Núria es política de escaparate, así que esperamos una apuesta decidida del Govern y el conseller».
Los miembros de Marea Blava se reunieron en julio de 2024 con el president del Parlament, Josep Rull, que se comprometió a pedir a los letrados una valoración sobre esta medida: «No nos consta que se haya hecho», indican fuentes de la asociación.
La formación también ha sido una parte de las actuaciones: se han organizado módulos de seguridad para personal externo, cursos de defensa personal, formación especializada para el personal con más responsabilidad y prácticas especializadas en gestión de riesgos. Justícia avanza que estos planes se han desplegado en algunos centros y seguirán implementándose.
«Esperamos que la tramitación parlamentaria sea en vía de urgencia e incluya el principio de indemnidad», Marea Blava
Más personal
Justícia argumenta que «en febrero de 2024, el Govern aprobó la ampliación de la plantilla penitenciaria con 407 nuevos efectivos, incluyendo personal de base y más de un centenar de puestos de responsabilidad».
«Asimismo, se han introducido mejoras en el modelo organizativo, promoviendo la polivalencia funcional y homogeneizando las tipologías de puestos de trabajo.
Estas medidas permitirán disponer de 458 nuevos puestos de trabajo adicionales, mejorando la distribución de los recursos», añaden fuentes del Departament, que también ha impulsado la compra de más elementos como los radiotransmisores.